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Durante un operativo en Medellín, la Policía Nacional detuvo a Amaury Santacruz Rodríguez, alias “Amaury”, identificado como un narcotraficante encubierto al servicio del Clan del Golfo, requerido por la Corte de Texas (EE. UU.) por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas. Las autoridades lo consideran un actor vital en la logística del envío de toneladas de clorhidrato de cocaína hacia territorio estadounidense.
La asistencia fue confirmada por el director de la Policía Nacional, general William Rincón, quien describió el procedimiento como un golpe significativo al narcotráfico internacional. En sus redes sociales, el alto mando resaltó que alias “Amaury” operaba con un perfil extremadamente bajo, lo que le permitió coordinar envíos de droga durante años sin levantar sospechas.
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“Alias ‘Amaury’ es un narcotraficante encubierto del Clan del Golfo, responsable del envío de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos”, afirmó el general Rincón.
De acuerdo a la información oficial, sobre Santacruz Rodríguez pesaba una orden de captura con fines de extradición emitida por una corte de Texas, convirtiéndolo en un objetivo de alta prioridad para las autoridades colombianas y estadounidenses.
Las investigaciones de inteligencia han indicado que la estructura criminal de la que formaba parte alias “Amaury” ha sido responsable de incautaciones históricas en Centroamérica, resultado de operaciones conjuntas entre agencias internacionales.
Entre los operativos más destacados se encuentran una incautación de 1,2 toneladas de clorhidrato de cocaína en Panamá y el decomiso de 1,3 toneladas en Costa Rica.
En total, las autoridades lo consideran responsable del envío de al menos 2,5 toneladas de cocaína, transportadas principalmente por rutas marítimas que el Clan del Golfo utiliza para abastecer el mercado estadounidense.
A diferencia de los líderes tradicionales del narcotráfico, conocidos por sus esquemas de seguridad y ostentación, los “narcos invisibles” desempeñan un rol silencioso pero esencial dentro de las organizaciones criminales.
Según los organismos de seguridad, este perfil se caracteriza por:
- Mimetización social: residen en zonas residenciales de clase media o alta, aparentando ser empresarios o comerciantes legales.
- Lavado de activos sofisticado: utilizan empresas fachada y movimientos financieros fragmentados para evitar alertas en el sistema bancario.
- Bajo perfil operativo: evitan escoltas armadas y exposición pública, concentrando su influencia en contactos portuarios, rutas marítimas y enlaces internacionales.
En este contexto, alias “Amaury” era considerado el cerebro logístico, en lugar de un jefe visible, lo que dificultó su detección durante años.
La Policía Nacional enfatizó que esta captura refuerza el compromiso de Colombia con la cooperación internacional, especialmente con agencias de Estados Unidos, para desmantelar redes criminales transnacionales.
Tras su detención en Medellín, sin que se revelaran más detalles del lugar exacto por motivos de seguridad, Amaury Santacruz Rodríguez fue trasladado a Bogotá, donde permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad a medida que avanzan los trámites para su extradición a territorio estadounidense.
La caída de este “narco invisible” se añade a una serie de golpes recientes contra el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país. El pasado primero de enero, la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía y el Gaula, judicializó a integrantes de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’, acusada de imponer cobros extorsivos en diversos municipios de Bolívar.
En ese proceso, diez presuntos miembros fueron presentados ante jueces de control de garantías: nueve fueron sometidos a medida de aseguramiento en prisión y uno a detención domiciliaria. Los procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, que no fueron aceptados.
Las autoridades han documentado que esta subestructura del Clan del Golfo empleaba un modus operandi enfocado en cuotas extorsivas, amenazas directas y control territorial. Comerciantes, ganaderos, transportistas y contratistas de obra pública eran forzados a pagar cantidades periódicas para evitar atentados.
En ciertos casos, las exigencias alcanzaban hasta el 10% del valor de contratos públicos, mientras que en el sector rural se cobraba según el número de animales o área de cultivos. Este esquema afectó a municipios como Magangué, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y diversas áreas en el Caribe, causando un profundo impacto económico y social.
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