El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) encendió las alarmas sobre las finanzas públicas colombianas esta semana. Juan Carlos Ramírez, presidente del organismo, advirtió que el país se acerca al límite técnico de endeudamiento del 71% del Producto Interno Bruto (PIB), un umbral que los expertos consideran de no retorno. De no aplicarse correcciones drásticas, Colombia podría destinar la totalidad de su recaudación tributaria al pago de intereses en menos de una década.
El déficit histórico que dejó el gobierno anterior
El CARF señala que Colombia arrastra un déficit incremental desde hace tres o cuatro años sin lograr equilibrar ingresos y gastos. El gobierno anterior acudió a la cláusula de escape de la Regla Fiscal, pero presentó un presupuesto para 2027 que ocultaba una parte significativa de los gastos inerciales y tendenciales del Estado.
El gobierno De la Espriella hizo explícitos esos componentes al inicio de su mandato, dejando al descubierto un déficit primario superior al 7% del PIB y un déficit total que supera el 9%, cifras inéditas en la historia fiscal del país. “Si el país continúa endeudándose a un ritmo de al menos 4% del PIB cada año para cubrir estos faltantes, la senda de la deuda se vuelve explosiva”, advirtió Ramírez en entrevista con Valora Analitik.
¿Qué tan cerca está Colombia de la insolvencia?
La Regla Fiscal colombiana establece un límite máximo de endeudamiento del 71% del PIB, con un margen de precaución del 55%. Según el CARF, el país se encuentra muy cerca del 71%, nivel que el organismo considera un punto de no retorno. Las proyecciones del comité son contundentes:
- Actualmente, el Gobierno Central destina un tercio de sus ingresos al pago de intereses.
- En 4 a 5 años, sin correcciones, más de la mitad de los ingresos se irían al servicio de la deuda.
- En 8 años, la totalidad de la recaudación tributaria quedaría absorbida por el pago de intereses, configurando una insolvencia técnica.
La situación se agrava por el terremoto del 10 de agosto de 2026: el gobierno De la Espriella debió adicionar más de medio billón de pesos al presupuesto de 2026 para atender los daños de la catástrofe, una presión extraordinaria que se acumula sobre las obligaciones estructurales del Estado.
Recortar la nómina no es suficiente: dónde está el verdadero problema
El CARF fue directo al señalar los límites de los anuncios de reducción de burocracia. Aunque todo ajuste en el gasto de personal es bienvenido, el 85% de la nómina estatal corresponde a fuerzas militares, justicia y educación. La burocracia administrativa representa solo entre el 10% y el 15% del total.
Las verdaderas presiones del gasto están en dos frentes: el servicio de la deuda, donde las tasas de interés superiores al 12% pesan de forma determinante, y las transferencias inflexibles fijadas por ley para salud, pensiones, descentralización, subsidios a combustibles y fondos especiales. Es ahí, y no en la nómina, donde se encuentran las verdaderas vetas para un ajuste significativo.
Para lograr una corrección sostenible, el CARF estima que se necesita un ajuste de al menos cuatro puntos del PIB, que no puede lograrse solo recortando gastos. Se requiere explorar nuevos ingresos: reducción de exenciones tributarias, control de deducciones abusivas de personas jurídicas y lucha contra la evasión, además de impulsar sectores como hidrocarburos y vivienda.
El nudo de fondo: Colombia crece menos de lo que le cuesta la deuda
La condición fundamental de sostenibilidad fiscal, según el CARF, es que el crecimiento económico supere a la tasa de interés real. Hoy Colombia crece a menos del 2% y la tasa de interés tendencial se ubica en 2,5%, lo que significa que el país paga más por su deuda de lo que su economía produce en términos reales.
El organismo reconoce que Colombia históricamente ha sido un país que “corrige a tiempo”, pero advierte que entre más se posponga la decisión de ajuste, más costoso y doloroso será el proceso. La confluencia del déficit histórico, el peso del terremoto y las tasas altas configura el escenario fiscal más complejo del país en décadas, y el margen para postergarlo se estrecha.
