Carolina Arbeláez critica al Gobierno por señalamientos al sector constructor y advierte efectos en vivienda social

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez cuestionó los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro sobre el sector de la construcción, aludiendo a una supuesta “estafa delictiva” en relación con los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS).

La congresista destacó que tales declaraciones han tenido un efecto negativo en un sector que impacta directamente el empleo y la economía, según menciones de la Revista Semana.

Según Arbeláez, las constructoras no fijan los precios de la VIS de manera independiente, ya que están sujetos a regulaciones legales existentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aclaró que los límites máximos están establecidos en la normativa y en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual, lo que, según su crítica, restringe cualquier interpretación que sugiera aumentos arbitrarios en el precio de este tipo de vivienda.

La representante enfatizó que los precios de la VIS están indexados al salario mínimo, pero subrayó que esta indexación es para límites máximos, no para incrementos automáticos. Afirmó que presentar esta situación como una práctica irregular “distorsiona la realidad” del mercado de vivienda social.

Arbeláez declaró que los pronunciamientos oficiales han generado “miedo, incertidumbre y desconfianza” en el sector de la construcción. Estas percepciones, afirmó, pueden afectar la toma de decisiones de inversión y el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, especialmente para la población de menores ingresos.

En su análisis, la congresista mencionó el impacto del aumento del salario mínimo, fijado para 2026 en 2.000.000 de pesos, sobre los costos en la construcción de viviendas. Resaltó que este incremento se ve reflejado en insumos, mano de obra y procesos administrativos, que forman parte de la estructura de costos del sector.

Otro de los aspectos mencionados fue la cancelación del programa Mi Casa Ya, que, según la representante, impactó directamente el acceso a vivienda en 2025. Esta decisión dejó a más de 24.000 familias sin la posibilidad de adquirir una vivienda, a pesar de tener créditos aprobados y ahorros comprometidos.

“Familias con créditos aprobados, ahorros comprometidos y trámites avanzados tuvieron que desistir”, argumentó la representante, refiriéndose a los efectos de la suspensión del programa de subsidios. Explicó que tales situaciones demuestran el impacto en hogares que ya habían iniciado procesos financieros y contractuales.

La congresista citó cifras del sector indicando una reducción superior al 40 % en las ventas de vivienda nueva. A su juicio, este comportamiento no se debe a la actuación de los constructores, sino a decisiones de política pública que han afectado la dinámica del mercado inmobiliario.

Arbeláez también abordó los efectos en el empleo, especialmente en actividades relacionadas con la construcción. Indicó que datos del DANE muestran que la informalidad laboral en este sector llegó al 70 %, un indicador que, según su perspectiva, denota problemas estructurales que requieren atención institucional.

La representante advirtió que convertir al sector de la construcción en un adversario del Gobierno sería “un error político y económico”. Explicó que históricamente, la construcción ha sido un motor de crecimiento y empleo, lo que subraya la necesidad de un entorno de diálogo y regulación clara.

Además, cuestionó que, a pesar de los anuncios oficiales de una “revolución de la vivienda”, se estén desarrollando menos proyectos habitacionales y se estén otorgando menos licencias. Esto, en su opinión, contradice los objetivos de mejorar el acceso a vivienda social.

Arbeláez subrayó que la política de vivienda requiere de una coordinación efectiva entre el sector público y privado, así como un marco normativo estable que facilite la planificación a largo plazo. Recordó ejemplos de administraciones pasadas que lograron resultados concretos en la construcción y el acceso a la vivienda.

Por último, la congresista reiteró que la credibilidad es un elemento clave para el funcionamiento de la política social, especialmente en un sector que depende de la confianza de inversionistas, instituciones financieras y familias.