Colombia enfrenta un desafío de $75 billones para alcanzar el límite fiscal en 2025.

Mientras la expansión económica recupera el ímpetu tras años difíciles, el ámbito fiscal permanece en estado de alerta. El informe más reciente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), entregado al Congreso el 30 de abril, advierte que, para evitar un incremento descontrolado de la deuda pública y cumplir con la normativa fiscal, el país requeriría un ajuste mínimo de $46,6 billones

en 2025. En el panorama más desfavorable (y preventivo, a la larga), podría elevarse a $75 billones, equivalente al 4,1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Si no hay cambios, Colombia cumpliría seis años seguidos con déficits fiscales superiores al 4 %, mientras que la meta del Gobierno es del 5,1 %, una racha sin precedentes en su historia reciente.

El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) concluyó el año pasado en 6,7 % del PIB, superando la meta del 5,6 %. El desbordamiento se atribuyó a una combinación de menores ingresos tributarios, especialmente de los sectores minero-energéticos, y un gasto que se disparó sin límites, marcado por inflexibilidades estructurales en pensiones, salud y el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC).

De acuerdo con el informe más reciente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el recaudo acumulado del primer trimestre alcanza los $72,14 billones, lo que representa un incremento del 6,8 % frente a los $67,72 billones del mismo período del año anterior.

Aun así, la meta de recaudo de la entidad está fijada en $298,8 billones para 2025. Esto implica que se espera un promedio de $74,7 billones por trimestre. Con estos datos, los ingresos proyectados están $2,6 billones por debajo de la meta.

Por otra parte, el Gobierno ya finalizó el proceso de ajuste en el precio de la gasolina para eliminar el déficit del FEPC. Sin embargo, el aumento en el diésel no ha podido llevarse a cabo, en parte debido a las negociaciones pendientes con los gremios de transportadores. Si la situación persiste, el déficit para 2025 sería de $10 billones (la mitad en comparación con los $20 billones de 2023).

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Ahora, la deuda neta del GNC se elevó a 59,3 % del PIB, peligrosamente cerca del máximo registrado durante la pandemia (60,7 %) y alejada del ancla legal del 55 %.

En otras palabras: uno de cada tres pesos recaudados en 2025 deberá destinarse al servicio de la deuda pública.

¿Por qué es relevante la regla fiscal?

Porque, en pocas palabras, es una restricción que impide que el gobierno gaste más de lo que puede afrontar de manera “responsable”. Previene que la deuda se dispare y altere la estabilidad económica.

Por ejemplo, si incumple, se incrementa el riesgo país, lo que significa que los mercados reducen la calificación crediticia o encarecen el acceso a crédito (como podría ocurrir con la reciente revisión del FMI a la línea de crédito del país).

También se elevan las tasas de interés, no solo para sus necesidades de financiamiento, sino para todos, dado que compite con el mercado, que incluye empresas y hogares.

Asimismo, se deprecia el peso: el desorden fiscal genera desconfianza y presiona la salida de inversiones. El dólar se vuelve más costoso, y en general, todo lo que se transaccione con esa moneda.

Y, por último, si gran parte del presupuesto se destina a pagar deuda (un tercio, en este caso), la inversión en obras, salud, subsidios,

también disminuye.

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El reporte también desmonta algunas de las supuestas premisas optimistas del Plan Financiero oficial de este año.

Por ejemplo, aunque el gobierno anticipa que la recaudación tributaria aumentará 22,6 % en 2025, el CARF opina que esta proyección es sumamente improbable si la economía se expande solo un 5,8 % en términos nominales. Además, el Ejecutivo no prevé recortes de gasto, sino un “control eficiente del flujo de caja” que, aunque podría aliviar temporalmente la liquidez, no soluciona los desequilibrios estructurales del presupuesto.

Peor aún, la reserva presupuestaria acumulada en 2024 —de $52,3 billones— podría añadir hasta $26 billones al gasto este año, generando aún más presión sobre el cumplimiento de la norma.

De acuerdo con un informe de Banco de Bogotá, el gobierno iniciaba abril con $6,6 billones disponibles, a pesar de tener gastos mensuales de $30 billones.

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A mediano plazo, la situación no mejora.

El gasto público se encuentra en niveles históricamente elevados —23,2 % del PIB— y 90 % de sus partidas son inflexibles.

Reformas recientes como la del Sistema General de Participaciones y el sistema pensional incrementarán esa rigidez. El CARF proyecta que, a menos que se realicen cambios significativos, estas presiones podrían sumar 2,3 puntos del PIB cada año durante la próxima década.

El riesgo no sería solo técnico, sino también estructural y urgente. Porque sin un ajuste verdadero, el país no solo pone en peligro su sostenibilidad fiscal, sino también la propia capacidad de financiar el desarrollo social.

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