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El decreto legislativo expedido por el Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social introduce un conjunto de medidas orientadas a garantizar la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, en particular frente a la situación financiera de Air-e, empresa intervenida en la región Caribe. Entre los principales efectos se encuentra el incremento de cargas tributarias para los generadores de energía eléctrica, una decisión que, según el análisis económico, podría trasladarse a los usuarios finales a través de mayores precios de la energía, en un contexto que será objeto de control automático por parte de la Corte Constitucional
De acuerdo con el análisis realizado por José Plata Puyana, exsuperintendente de Energía y Gas, socio de la firma Serrano Martínez CMA, experto en Energía y Servicios Públicos Domiciliarios, el Gobierno optó por una estrategia que afecta directamente los ingresos de todos los generadores de energía eléctrica, sin distinción tecnológica. La medida cobija a generadores hidráulicos, solares y térmicos mediante un incremento en los tributos, concebido como un mecanismo para obtener recursos destinados a sostener financieramente a Air-e.
Según se explica, esta decisión se enmarca dentro de las facultades excepcionales otorgadas al Ejecutivo por la declaratoria de emergencia económica. Sin embargo, el decreto deberá ser evaluado por la Corte Constitucional, que realizará un control automático para determinar su legalidad, así como la relación directa entre las medidas adoptadas y las causas que sustentaron la declaratoria del estado de excepción. En ese análisis también se examinará si el aumento de los tributos podría llegar a ser considerado expropiatorio, dadas sus implicaciones sobre los ingresos de los agentes del sector eléctrico.
El decreto establece nuevas contribuciones con destinación específica para el fortalecimiento del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, financiadas a partir de la utilidad antes de impuestos de los generadores durante la vigencia 2025, además de aportes en especie de energía en el caso de algunas empresas hidráulicas. Estas disposiciones buscan asegurar recursos para sostener la continuidad del servicio en empresas intervenidas, en un contexto de restricciones fiscales y presión sobre la liquidez del mercado eléctrico.
Grupo Energía Bogotá (GEB) Foto:Ministerio de Minas y Energía
Desde la perspectiva de la teoría económica, el impacto de mayores tributos sobre los productores no se limita al ámbito empresarial. José Plata explica que “por simple aplicación de la teoría económica, los incrementos en los tributos al productor se trasladan en parte a los compradores vía mayor precio”. En términos prácticos, esto implica que la medida adoptada por el Gobierno podría traducirse en un aumento del precio de la energía para los usuarios en todo el país.
Este posible traslado de costos se daría a través de los mecanismos de formación de precios del mercado eléctrico, en un sistema donde los generadores buscan preservar la viabilidad financiera de sus operaciones. Aunque el decreto señala que algunos aportes no deberían afectar la tarifa ni el despacho económico, el análisis económico advierte que, en el agregado, el incremento de la carga tributaria sobre el sector podría presionar los precios finales.
El contexto en el que se adopta esta medida es el de una crisis de liquidez que afecta a varios agentes del Mercado de Energía Mayorista, con especial intensidad en la región Caribe. La situación de Air-e, caracterizada por altos niveles de endeudamiento y necesidades significativas de flujo de caja para sostener la operación y realizar inversiones mínimas, llevó al Gobierno a priorizar mecanismos excepcionales de financiación, aun cuando estos generen impactos transversales sobre el sistema eléctrico nacional.
Subsidios de energía. Foto:Istock
Alternativas del Gobierno frente a la crisis de Air-e
Además del camino tributario adoptado mediante el decreto, el Gobierno cuenta con otras opciones para afrontar la situación financiera de Air-e, que no necesariamente implican un impacto directo sobre los generadores de energía. Entre las alternativas identificadas se encuentra la posibilidad de gestionar préstamos con el sector financiero, respaldados con garantía de la Nación, una herramienta que ya fue utilizada en el pasado por la Superintendencia de Servicios Públicos en el caso de Electricaribe.
Otra opción consiste en alcanzar un acuerdo con los acreedores de Air-e para la capitalización de acreencias, lo que permitiría mejorar la estructura financiera de la empresa intervenida sin recurrir exclusivamente a nuevas cargas impositivas. Este tipo de esquemas busca transformar obligaciones en participación patrimonial o instrumentos de largo plazo, reduciendo la presión inmediata sobre el flujo de caja.
Adicionalmente, el Gobierno podría acudir a créditos de tesorería del Ministerio de Hacienda como una fuente transitoria de recursos, orientada a garantizar la continuidad del servicio mientras se estabiliza la operación del comercializador intervenido. Estas alternativas, aunque disponibles, no fueron las escogidas de manera prioritaria en el decreto, que optó por un esquema de financiación basado en contribuciones del sector generador.
El debate sobre la conveniencia y los efectos de estas decisiones se trasladará ahora al escenario constitucional y al análisis técnico del impacto económico, en un momento en el que la sostenibilidad del sistema eléctrico y la protección de los usuarios convergen como ejes centrales de la política pública en energía.
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