Condenan a alias “El Obrero” a 27 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad en Boyacá

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja sentenció a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias “El Obrero”, a 27 años y seis meses de prisión por homicidios sistemáticos calificados como crímenes de lesa humanidad en Boyacá. Esta resolución se tomó después de confirmar la implicación de Arteaga Plazas en varios asesinatos ocurridos entre 2002 y 2003 en el departamento.

La decisión del tribunal determinó que los homicidios formaban parte de un ataque sistemático y generalizado, lo que llevó a su clasificación como delitos de lesa humanidad, que son considerados imprescriptibles bajo la normativa internacional y nacional. La investigación reveló que Arteaga Plazas fue coautor en cuatro homicidios agravados ejecutados consecutivamente.

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Las víctimas, Ricardo Rosales Orozco, Óscar Eliécer Moreno Moreno, Dydyer Alexander León Suárez y Juan Pablo Castro Aguilar, fueron identificadas por el grupo armado como supuestos colaboradores de la guerrilla o relacionados con actividades delictivas en la práctica erróneamente llamada “limpieza social”.

El fallo judicial reconstruyó el contexto en el que operó esta estructura paramilitar, vinculada a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), cuyo origen se remonta a mediados de los años ochenta bajo el liderazgo de Héctor José Buitrago Rodríguez, alias “El Patrón”.

Con el tiempo, el grupo amplió su influencia desde Casanare y Meta hacia otros territorios, incluyendo Boyacá, donde estableció un aparato armado que llevó a cabo asesinatos selectivos contra diversos sectores de la población.

Según la acusación de la Fiscalía, en esta expansión participaron líderes armados como Josué Darío Orjuela Martínez, comandante de la estructura urbana, y Nelson Orlando Buitrago Parada, miembro del Estado Mayor. Bajo su mando, se llevaron a cabo numerosos homicidios en un patrón de violencia sostenida, impactando especialmente en Tunja durante el segundo semestre de 2002 y en 2003.

En el caso de alias “El Obrero”, el juzgado determinó que utilizó fachadas para identificar a sus víctimas. Entre ellas, destaca la venta informal de minutos telefónicos en la Plaza de Bolívar de Tunja, desde donde realizaba labores de señalamiento e inteligencia previa.

A pesar de que durante el juicio Arteaga Plazas intentó minimizar los señalamientos, el despacho concluyó que las pruebas y testimonios reunidos permitieron establecer su pertenencia activa a las ACC y su responsabilidad directa en los hechos en cuestión.

La sentencia también subrayó la participación del Estado en estos eventos, al señalar que la operación del grupo armado fue posible gracias a la tolerancia y colaboración de miembros de la Fuerza Pública y de organismos estatales como el DAS, el CTI y la Policía. El documento judicial indica que el accionar criminal se llevó a cabo “con el apoyo de miembros de la Fuerza Pública”, lo que refuerza la teoría de complicidad institucional.

Las víctimas de este caso estuvieron representadas por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), organización que celebró la decisión judicial y subrayó la necesidad de avanzar en el esclarecimiento integral de la verdad. El colectivo destacó la importancia de esclarecer todas las responsabilidades, especialmente las de los máximos responsables y de los agentes estatales que facilitaron o toleraron estas prácticas.

Según El Colombiano, July Henríquez, abogada del Cajar, señaló que la condena tiene un valor simbólico y jurídico significativo. Agregó que el fallo es relevante para las víctimas y la sociedad al reconocer la gravedad de los crímenes y la red de apoyos que los hizo posibles.

La sentencia resalta que los crímenes que llevaron a la condena de Arteaga Plazas son imprescriptibles debido a su carácter sistemático y generalizado. El concepto de delitos de lesa humanidad se refiere a acciones como asesinatos o desapariciones que forman parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil. Al estar calificados de esta forma, no pueden ser objeto de amnistías ni desaparecen con el tiempo, lo que permite que los responsables sean investigados y juzgados en cualquier momento.

La decisión judicial fue comunicada como susceptible de apelación, mientras que las víctimas y sus representantes exigen que se profundicen las investigaciones para identificar todas las responsabilidades detrás de los eventos.