“Congreso aprobó el presupuesto… solo con ley de financiamiento”: MinHacienda defendió emergencia económica en Senado

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se presentó ante la sesión plenaria extraordinaria del Senado para abordar un debate de control político sobre el decreto de emergencia económica emitido a finales de 2025, una acción que el Gobierno justificó tras la recha de su propuesta de ley de financiamiento.

La sesión tuvo lugar después de la convocatoria formal de la corporación para examinar los fundamentos legales y fiscales del decreto, según lo reportado por Semana.

Durante su discurso, Ávila afirmó que el Congreso aprobó el presupuesto general de la nación con conocimiento pleno de que necesitaba recursos adicionales para su implementación.

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En este contexto, subrayó: “El Congreso aprobó un presupuesto con plena consciencia de que solo podría implementarse si iba acompañado de una ley de financiamiento que aportara 16,3 billones de pesos para su ejecución. En otras palabras: necesitaba una fuente adicional de financiamiento para equilibrar los ingresos y los gastos. El Gobierno no improvisó la ley de financiamiento tras la aprobación del presupuesto; el Congreso era consciente de que el presupuesto aprobado requería ingresos adicionales.”

El ministro aclaró que el decreto de emergencia económica fue una respuesta institucional a la decisión del Legislativo de rechazar la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo.

Según Ávila, la negativa del Congreso generó un problema en las finanzas públicas, lo que llevó al Gobierno a recurrir a esta figura constitucional para asegurar la sostenibilidad presupuestal y cumplir con los compromisos del Estado.

En su presentación, el titular de la cartera económica argumentó que los ingresos fiscales están creciendo a un ritmo inferior al de los gastos inflexibles, lo que, en su opinión, genera tensión en las cuentas públicas.

Según las cifras presentadas, el 93 % de los gastos de 2025 fueron inflexibles, mientras que para 2026 se proyecta que la inflexibilidad del gasto alcanzará un 93,7 %, un comportamiento que responde principalmente a obligaciones como pensiones y salarios.

Ávila señaló que los gastos de personal representan el 11,3 % del presupuesto, mientras que las pensiones equivalen al 15 % del total. Estos aspectos, enfatizó, restringen el margen de maniobra del Ejecutivo para ajustar el gasto y subrayan la necesidad de fuentes adicionales de financiamiento.

En ese contexto, reiteró que la emergencia económica busca mantener el equilibrio fiscal y asegurar la ejecución del presupuesto aprobado.

Las explicaciones del ministro no lograron consenso en la sesión. Desde la oposición, varios senadores manifestaron reservas sobre los argumentos del Gobierno. La senadora Angélica Lozano cuestionó la justificación del decreto, afirmando que las presentaciones oficiales carecen de fundamento. Durante el debate, afirmó:

“Es una crisis fiscal provocada. En junio de 2025, el Gobierno incumplió la regla fiscal. Esto significa que optó por asumir créditos sin límite y estamos pagando intereses exorbitantes, cubriéndolos con una nueva línea de crédito. Hay una desviación y un abuso de poder. La única razón para que una emergencia económica prospere es ante un evento imprevisible, como la pandemia del covid o la avalancha de Mocoa.”

El intercambio ilustró las discrepancias entre el Ejecutivo y sectores del Congreso respecto a la interpretación de la regla fiscal y el uso de la emergencia económica como mecanismo para enfrentar el déficit. Mientras que el Gobierno sostiene que el rechazo a la ley de financiamiento alteró el panorama previsto al momento de aprobar el presupuesto, algunos legisladores argumentan que las dificultades fiscales eran anticipables y no cumplen con los criterios de excepcionalidad.

Durante la reunión, el Ministerio de Hacienda también destacó que requiere recursos adicionales para cumplir con órdenes de la Corte Constitucional, particularmente en lo que respecta al pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud. Según el ministerio, cumplir con estos mandatos judiciales presiona aún más el gasto público y refuerza la necesidad de medidas extraordinarias.

No obstante, la senadora Lozano replicó que el Ejecutivo no ha cumplido de manera exhaustiva las órdenes del alto tribunal en este ámbito y cuestionó si la emergencia económica es el mecanismo adecuado para abordar esas obligaciones. Las intervenciones pusieron de manifiesto la falta de acuerdo sobre el alcance del decreto y su relación con la política fiscal del Gobierno.