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Durante una visita técnica realizada el pasado 29 de enero de 2026, Coviandina identificó intervenciones irregulares y continuas sobre el recurso hídrico en la quebrada Munar, a la altura del K15+940 de la vía Bogotá – Villavicencio.
Entre las afectaciones observadas se encuentran presuntas captaciones ilegales, desvíos del cauce mediante canales artesanales, instalación de mangueras y tuberías, posibles vertimientos y acumulación de material particulado.
De acuerdo con el concesionario, estas acciones incrementan significativamente el nivel de amenaza sobre el entorno y ponen en riesgo a la comunidad y a los usuarios del corredor vial.
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Coviandina – Vía al Llano Foto:Coviandina
Las evidencias recopiladas dan cuenta de intervenciones antrópicas no autorizadas, realizadas por particulares o pobladores cercanos, que modifican de manera irregular el cauce natural de la quebrada y alteran de forma crítica la dinámica hídrica del sector.
Por eso, Coviandina, como operador de la infraestructura vial concesionada, puso en conocimiento de las autoridades estas situaciones por constituir posibles infracciones ambientales y un riesgo inminente para la estabilidad del corredor, similares a las ya registradas previamente en los sectores del K58+000 y el K18+000.
La variación del cauce y el manejo inapropiado de los caudales pueden generar efectos súbitos como incrementos repentinos del nivel de agua, reboses, erosión acelerada, inestabilidad de taludes y arrastre de material, afectaciones que podrían comprometer la seguridad vial, la integridad de la infraestructura y el bienestar de las comunidades aledañas.
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Coviandina – Vía al Llano Foto:Coviandina
Coviandina también manifestó su preocupación frente a la limitada acción de las autoridades competentes, que pese a haber sido informadas oportunamente sobre los riesgos existentes, mantienen una postura pasiva ante estas intervenciones irregulares que, además de ser potencialmente ilegales, representan un riesgo creciente y evitable.
La concesionaria reiteró la necesidad de que las entidades con competencia ambiental y territorial actúen de manera urgente y coordinada, aplicando los principios de prevención y precaución, con el fin de detener estas prácticas, mitigar los riesgos actuales y evitar que la situación derive en un evento de mayor magnitud que pueda generar daños irreparables.
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