Colombia
Defensora del Pueblo se refirió a la posibilidad de que no se puedan instalar mesas de votación en algunos municipios de Colombia: “El riesgo no es la cancelación de las votaciones”
La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín, ha expresado su preocupación respecto a las próximas elecciones en diversas localidades del país.
Según la funcionaria, la mayor preocupación de la entidad no se centra en la fecha de las elecciones, sino en la verdadera libertad con la que se llevarán a cabo las votaciones en ciertas zonas.
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Marín resaltó: “nuestra preocupación principal no es sobre la realización del proceso electoral”.
Según la líder de la Defensoría del Pueblo, hay un riesgo de que se establezca una “democracia meramente formal” en regiones donde grupos armados controlan la vida pública.
La funcionaria advirtió que, en esos territorios, la participación ciudadana está limitada por el “silencio forzado de las comunidades” que enfrentan restricciones impuestas por actores ilegales.
La Defensoría enfatizó que el verdadero desafío es garantizar condiciones que permitan a los ciudadanos ejercer sus derechos políticos sin presiones externas.
“El riesgo no es la cancelación de las elecciones, sino la consolidación de una democracia aparente en algunas áreas”, remarcó Marín.
La institución resaltó la importancia de que las autoridades nacionales implementen medidas efectivas para proteger a quienes viven en zonas afectadas por grupos armados.
El pronunciamiento incluyó un llamado a los organismos estatales responsables de la seguridad y la supervisión electoral. La defensora insistió en que la prioridad debe ser “la libertad con la que se llevarán a cabo y desarrollarán esas elecciones en ciertas regiones, aunque este riesgo puede ser marginal en la mayoría del país”.
Según la entidad, abordar estos riesgos es crucial para evitar que la democracia se reduzca a un proceso formal sin una representación genuina de las comunidades.
La Defensoría del Pueblo reiteró su observación hacia la necesidad de reforzar la protección de derechos en las áreas más vulnerables. Su objetivo, según la entidad, es garantizar un proceso electoral transparente y libre para todos los ciudadanos, sin importar su ubicación geográfica.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo también alertó sobre el riesgo de intervención armada en las próximas elecciones tras recibir informes de intentos de injerencia violenta por parte de grupos armados.
Iris Marín, la defensora del pueblo, indicó que estos actores buscan imponer “directrices” a las comunidades y forzar la aceptación de candidaturas que se alineen con sus intereses económicos.
Durante un pronunciamiento público, Marín comunicó que la información recibida indica que hay presiones para que las comunidades respalden candidatos ajenos a su contexto social.
“Nos alertaron sobre el interés de actores armados en imponer candidatos ajenos, que cumplen sus objetivos”, aseguró la funcionaria. Este fenómeno podría alterarse la autonomía política de los territorios afectados, debilitando las organizaciones comunitarias.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la situación es aún más grave debido a la falta de canales oficiales y procedimientos claros para reportar estos eventos.
Marín mostró su preocupación ante la falta de respuestas claras por parte del Ministerio del Interior, enfatizando que “no hay un reporte oficial ni vías de información definidas para estos casos”.
La defensora subrayó que la ausencia de medidas efectivas coloca a las comunidades afro en una situación de vulnerabilidad frente a posibles despojos organizativos y políticos.
La funcionaria insistió en la necesidad de establecer mecanismos eficaces que permitan a las comunidades denunciar este tipo de presiones sin miedo a represalias. “El silencio oficial expone a los territorios a graves riesgos”, advirtió.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo reiteró su solicitud a las autoridades nacionales para asegurar procesos electorales transparentes, libres de interferencias externas, destacando la necesidad de proteger los derechos de poblaciones históricamente marginadas.
Finalmente, la defensora del pueblo expresó su preocupación por la falta de claridad del Gobierno en la comunicación de los procesos electorales, advirtiendo que esta falta de información podría poner a las comunidades en riesgo de despojos organizativos y políticos.
