Defensoría del Pueblo alerta por inestabilidad en la Unidad para las Víctimas y pide respuestas por presunta corrupción

La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta dirigida al Gobierno nacional, señalando la persistente inestabilidad administrativa en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esta situación, según el organismo, está interfiriendo de manera significativa con la continuidad institucional y la correcta implementación de las políticas públicas dirigidas a las víctimas. También se han solicitado respuestas claras acerca de presuntas irregularidades de corrupción denunciadas por diversos medios de comunicación.

Según el comunicado oficial, entre 2022 y 2026, cinco personas diferentes han sido nombradas para la Dirección General de la Unidad para las Víctimas. El episodio más reciente ocurrió el pasado viernes, cuando se declaró la insubsistencia del director general en medio de denuncias relacionadas con posibles irregularidades en los procesos de contratación durante su gestión.

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Para la Defensoría, este alto nivel de rotación en la dirección ha impactado negativamente el progreso de procesos estructurales y ha debilitado la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, afectando a una población que representa cerca del 20% de los colombianos.

“La estabilidad y la transparencia en los procesos de coordinación de la Unidad para las Víctimas son esenciales para asegurar los derechos de millones de personas que han sido afectadas por el conflicto”, advierte el organismo de control.

La Defensoría del Pueblo también ha manifestado su profunda preocupación por los hallazgos de investigaciones periodísticas que indican posibles actos de corrupción dentro de la entidad. En este sentido, instó al Gobierno nacional a responder de manera inmediata y transparente a las acusaciones, y a permitir la intervención de los organismos de control correspondiente si las denuncias lo justifican.

El pronunciamiento destaca que, si se confirmaran estas irregularidades, se estaría poniendo en duda no solo la legalidad del manejo de los recursos públicos, sino también la confianza de las víctimas en una institución crucial para su atención y reparación.

A través de sus redes sociales, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró este mensaje institucional y lanzó un llamado directo al presidente Gustavo Petro, subrayando la necesidad de designar a una persona calificada, comprometida con la política de víctimas.

“La labor de la Unidad para las Víctimas es demasiado sensible en el contexto de las crisis humanitarias en diversas regiones. La falta de planificación y la inestabilidad están ocasionando un daño considerable a la garantía de derechos de millones de víctimas y personas desplazadas”, enfatizó Marín.

Las advertencias de la Defensoría surgen en un contexto donde se han divulgado acusaciones por Colombia+20 de El Espectador, así como por investigaciones previas de El País de España y la revista Semana, las cuales sugieren que la Unidad para las Víctimas podría haber sido utilizada como un fortín burocrático con presuntas conexiones a intereses políticos en un año electoral.

Según estos informes, el aumento excesivo en la contratación y la opacidad generan temor dentro de la entidad. Fuentes bajo reserva afirman que recursos destinados a su misión y operación habrían sido desviados hacia contratos de prestación de servicios, supuestamente con motivaciones políticas.

Uno de los testimonios indica que, solo en los primeros 21 días de enero, se incorporaron 442 personas bajo este tipo de contratos. También se señala que, a pesar de la salida del director, hasta el viernes se registraron 48 contratos en el Secop II, incluyendo una contratación directa cercana a los 71.000 millones de pesos.

Las investigaciones también enfocan su atención en el Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV). En 2025, este fondo tuvo contratos por 9.200 millones de pesos, y para 2026 se había proyectado un presupuesto inicial de 11.300 millones. Sin embargo, durante el periodo electoral, la cifra solicitada ha aumentado a 22.500 millones de pesos, lo que ha suscitado nuevos interrogantes.

En su comunicado, la Defensoría del Pueblo enfatiza que la Ley de Garantías se establece para evitar el uso indebido de recursos públicos en campañas electorales, y que las denuncias deben ser investigadas de manera diligente. Según la Defensoría, el Gobierno de Petro tiene la responsabilidad de informar al país sobre la situación actual y de tomar decisiones responsables respecto a la dirección de la Unidad para las Víctimas en el tiempo que le queda de mandato.

La estabilidad institucional, la transparencia y la competencia en el liderazgo de la entidad son, según la Defensoría, elementos esenciales para proteger los derechos de millones de víctimas, cuya atención no puede verse obstaculizada por la falta de organización y las sospechas de corrupción.