déficit de 6,2 %, deuda creciente y riesgo financiero en

Colombia cerrará 2025 con una fotografía fiscal exigente, según el más reciente informe de ‘La Lupa Fiscal’ del Banco de Bogotá, que analiza el comportamiento reciente de las cuentas públicas y anticipa un cierre de año marcado por el aumento del gasto, el crecimiento de la deuda y un margen cada vez más estrecho para equilibrar el presupuesto.

En palabras sencillas, la caja está tensa, el ritmo de gasto es acelerado y los ingresos no crecen al mismo paso, configurando así un escenario en el que el 2026 seguirá marcado por la necesidad de un recorte del gasto y el desistimiento de recurrir al endeudamiento como mecanismo de financiación.

El primer punto de alerta está en el déficit fiscal. Según el informe, el desbalance del Gobierno Nacional Central alcanzaría -6,2% del PIB en 2025, un nivel muy por encima del promedio de -3,4% registrado entre 1990 y 2022; en un resultado que no solo es elevado, sino persistente y muestra que el país no ha logrado corregir la trayectoria del déficit, incluso tras la recuperación económica posterior a la pandemia. 

Este deterioro se explica, en buena parte, por el tamaño del gasto primario, punto en el que la entidad proyecta que esta variable llegará a 19,7% del PIB en 2025, el nivel más alto de la historia fuera del periodo de pandemia. Ese crecimiento presiona el déficit primario, que cerraría el año en -3,2% del PIB, el registro más profundo desde los años 90 y la crisis sanitaria. En otras palabras, incluso antes de sumar el costo de los intereses, los ingresos del Estado no alcanzan para cubrir sus gastos básicos.

Al mismo tiempo, el recaudo tributario no despega al ritmo esperado. El Banco de Bogotá estima un faltante entre $8 billones y $10 billones frente a la meta oficial, una brecha que el Gobierno ha compensado con reintegros desde la Tesorería Nacional y con otros mecanismos temporales. Pero la entidad advierte que estas soluciones solo alivian parcialmente el problema y no corrigen la tendencia estructural del ingreso. 

A esto se suma el peso creciente de la deuda pública, frente al cual se resalta que el nivel del Gobierno General pasaría de 59% del PIB en 2025 a 62,8% en 2026, una dinámica más acelerada que la mediana internacional para economías con calificación BB. Esa trayectoria preocupa porque implica recurrir con más frecuencia al financiamiento en un entorno de tasas altas, lo que incrementa el costo financiero y reduce el margen para invertir en otros frentes del desarrollo económico y social.

Entre tanto, la presión no solo viene del volumen de deuda, sino del costo de sostenerla, dado que el pago por intereses representará 12,9% de los ingresos en 2025 y subiría a 15,4% en 2026. En términos prácticos, significa que una parte mayor de cada peso que ingrese al Gobierno se destinará a cumplir compromisos financieros y no a infraestructura, programas sociales o crecimiento productivo y que el impacto para las finanzas públicas es inmediato y evidente.

Este escenario se desarrolla, además, en un momento de deterioro en la percepción de riesgo; luego de que Fitch rebajara la calificación soberana de Colombia de BB+ a BB y modificara la perspectiva a estable, por lo que la firma concluyó que el país “no tiene señales claras de mejora fiscal” en el corto y mediano plazo, y advirtió sobre un gasto rígido, ingresos insuficientes y limitaciones políticas para adelantar cambios tributarios profundos. 

Por el lado del mercado interno, el análisis resalta que el Gobierno ha aumentado el uso de instrumentos de deuda de corto plazo, especialmente los TCO, para cubrir necesidades inmediatas de liquidez. Aunque esta herramienta permite manejar presiones actuales, traslada parte del problema hacia 2026, año que podría enfrentar mayores exigencias de financiamiento. Según el informe, el saldo de estos títulos ya alcanza niveles históricos.

Con todo lo anterior, la fotografía completa para el cierre de 2025 muestra un país que camina sobre una cuerda fina: el gasto crece, la deuda aumenta, el recaudo se queda corto y el servicio de intereses absorbe cada vez más recursos y aunque algunos factores coyunturales han amortiguado el golpe, el equilibrio fiscal sigue siendo frágil. Para 2026, Fitch prevé un déficit aún mayor, estimado en 7,5% del PIB, lo que sugiere un desafío profundo para la sostenibilidad de las finanzas públicas y debido a ello, el reto será enorme: ajustar sin frenar el crecimiento y corregir sin apagar la inversión.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio