Colombia
Despidos, recorte de jornadas y cierre de colegios y jardines: la grave advertencia por el alza del salario mínimo
La Mesa Nacional de Educación Privada (Mnep), que incluye jardines infantiles, preescolares y colegios privados en el país, ha señalado que el reciente incremento del 23.7% en el salario mínimo para 2026 pone en peligro la sostenibilidad de las instituciones del sector.
En un comunicado, el gremio indicó que aunque el Gobierno aprobó aumentos promedios del 7% en matrículas y pensiones, el ajuste salarial es tres veces mayor, provocando un desbalance financiero que podría impactar la operación de los centros educativos.
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La asociación advirtió sobre posibles consecuencias como despidos, reducción de jornadas laborales, aumento de la informalidad educativa y el cierre definitivo de instituciones, especialmente en niveles de educación inicial y preescolar.
El gremio subrayó que “el salario mínimo es el principal estándar salarial del sector, no por falta de voluntad, sino por limitaciones estructurales en los ingresos”.
La organización denunció que “esto crea un considerable desbalance financiero, donde los egresos superan en más de tres veces a los ingresos aprobados, haciendo prácticamente inviable mantener la operación bajo las mismas condiciones”.
El impacto es aún más grave en la educación inicial y preescolar, ya que “la normativa y calidad educativa requieren una baja relación entre docentes y alumnos, lo cual es esencial para la atención integral y la seguridad de la primera infancia”, afectando la estructura de costos y la posibilidad de operar conforme a los estándares requeridos.
Adicionalmente, el cierre de instituciones formales privaría a miles de niños de acceso a educación inicial y básica cercana a sus hogares, obligando a las familias a recurrir a servicios informales “sin supervisión ni garantías de calidad”, y al mismo tiempo “destruyendo empleos formales y promoviendo la precarización laboral que se intenta combatir”.
La Mnep urgió al Gobierno a tomar medidas rápidas, tales como “implementar un esquema de subsidio temporal a la nómina para jardines infantiles y colegios privados que atienden a la población de los estratos 1, 2 y 3”, así como “brindar alivios en cargas parafiscales y aportes patronales, de forma transitoria, para las instituciones educativas privadas legales, con el fin de salvaguardar el empleo formal y prevenir despidos masivos”.
Además, pidió “la derogación del Decreto que establece el incremento del 23.7% del salario mínimo legal vigente”, al considerar que “vulnera los derechos de todo el sector educativo, amenaza la sostenibilidad institucional, promueve la informalidad laboral y pone en peligro el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes en el país”.
Otras propuestas del gremio incluyen “establecer un mecanismo de gradualidad en la aplicación del incremento salarial, permitiendo su implementación progresiva y acorde con el aumento autorizado en matrículas y pensiones”, “crear un fondo de compensación sectorial para jardines infantiles y preescolares, dada su alta intensidad en mano de obra y la obligatoriedad de mantener bajas relaciones niño-docente”, y “diseñar líneas de apoyo financiero y crediticio con tasas preferenciales, orientadas a la sostenibilidad de las instituciones educativas que operan bajo ingresos regulados”.
El gremio aclaró que “estas acciones no constituyen privilegios sectoriales, sino medidas indispensables para proteger el derecho a la educación, la formalidad laboral y la estabilidad de miles de instituciones que desempeñan un papel social esencial”.
Además, destacó que el sector educativo privado “cumple un papel social insustituible, especialmente en aquellas regiones donde el Estado no logra satisfacer la demanda educativa. Su debilitamiento implica un retroceso social, no un avance”.
Finalmente, el gremio reiteró su disposición al “diálogo técnico, responsable y constructivo, en defensa de la educación, del empleo formal y de la sostenibilidad de las instituciones que educan a millones de niños y jóvenes en Colombia”.
Es relevante mencionar que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha defendido esta medida señalando que “siempre que la inflación ha crecido en Colombia, es por el precio de los alimentos, no por el salario mínimo”.
Además, argumentó que la política de incremento salarial responde a la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, a pesar de las advertencias de distintos sectores sobre posibles efectos inflacionarios.
