El decreto que tiene en jaque a Airbnb en Colombia podría desaparecer miles de alojamientos turísticos, según empresarios

La reactivación del debate sobre las rentas a corto plazo ha cobrado fuerza en el sector turístico colombiano, impulsada por una propuesta regulatoria que, según los empresarios y operadores del sector, podría transformar significativamente el funcionamiento de plataformas como Airbnb y la oferta de vivienda turística no hotelera en el país.

El impulso provino de la publicación de un borrador de decreto por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que propone un endurecimiento de las normativas para todos los involucrados en la actividad. El proyecto contempla, entre otros aspectos, que las plataformas digitales de alojamiento deban estar registradas en el Registro Nacional de Turismo (RNT), que todos los propietarios de viviendas turísticas no hoteleras estén formalmente inscritos, y que se implemente el Sistema de Verificación y Control del Registro Nacional de Turismo (Svcrnt), apoyado por las Cámaras de Comercio y otras autoridades, para verificar la documentación de los alojamientos.

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A pesar de que el Gobierno presenta la medida como una estrategia de regulación y orden, los empresarios del sector alertan que el impacto podría ser severo. Afirman que el nuevo marco normativo podría poner en riesgo la supervivencia de la mayoría de los alojamientos operando bajo el modelo de rentas cortas. “Las repercusiones serían la eliminación de más del 95% del inventario de propiedades de Airbnb, lo que pondría en peligro más de 215.000 empleos dependientes de la industria de rentas cortas y vacacionales”, advirtió Xavier Camilo Cárdenas, CEO de Wellcome Travel, en una entrevista con el diario La República.

Las inquietudes no solo se centran en la cantidad de propiedades. Desde el sector privado también se pronostican posibles impactos económicos más amplios. En 2024, el impacto total de Airbnb en Colombia alcanzó los $10,6 billones. De este monto, $1,6 billones se destinaron directamente a los anfitriones, mientras que los $9 billones restantes estimularon otros sectores relacionados con el turismo, como el comercio, transporte, restaurantes y entretenimiento.

En este contexto, la compañía defiende su contribución a las economías locales. “Estos números evidencian cómo la plataforma Airbnb está apoyando el crecimiento económico de Colombia al generar ingresos que benefician a las comunidades locales”, expresó Fiamma Zarife, gerente general de Airbnb en Sudamérica, al presentar los resultados en octubre.

Otra preocupación relevante es el impacto en la formalización. Según Cárdenas, el decreto podría tener un efecto opuesto al que se busca: “La formalización dentro del sector podría disminuir, a pesar de que las viviendas turísticas representan más del 77,64% del total de establecimientos con RNT”. En su análisis, establecer barreras más duras podría empujar a muchos operadores hacia la informalidad en lugar de integrarlos al sistema.

Las críticas también se dirigen al mecanismo de control propuesto. Sergio Mutis, presidente del Grupo Valor, cuestionó abiertamente el Svcrnt en el medio mencionado, considerándolo “absurdo”. Indica que podría resultar más dañino que beneficioso. “Genera burocracia, crea condiciones propicias para la corrupción y, lo más crítico, afectará el mercado turístico”. Para el empresario, el problema fundamental es el exceso de regulaciones: “El bien común es que incremente el empleo y la economía; y el interés particular es que mejore el turismo. Cuando la norma se convierte en exceso, el interés superior se convierte en la primera víctima. Esta cantidad de reglas innecesarias perjudica el objetivo que intentaban garantizar”.

Mutis también enfatizó que la norma tendría un impacto desigual en todo el territorio. “Una norma de este tipo no se aplicará en áreas rurales. Nunca una finca que alquile una habitación se inscribirá en el Registro Nacional de Turismo. Eso no sucederá, por mucho que emitan un decreto”. Argumenta que el efecto real se concentraría en las ciudades con mayor afluencia de visitantes, como Bogotá, los principales destinos del Caribe, el Eje Cafetero y, particularmente, Medellín.

A estas inquietudes se suma un aspecto de seguridad. Para Cárdenas, restringir drásticamente la operación de plataformas digitales podría resultar en consecuencias no deseadas. “La regulación rigurosa podría ser contraproducente, llevando a una mayor informalidad, inseguridad y conflictos en la convivencia. Plataformas como Airbnb implementan medidas de seguridad y algoritmos que han demostrado ser eficaces”, argumentó.

Desde el sector hotelero y turístico, sin embargo, hay apoyo a la propuesta oficial. La presidenta de Anato, Paula Cortés, respondió a las críticas afirmando que “No es cierto que se busque la eliminación de plataformas en el país, sino su regulación, priorizando la seguridad, calidad e igualdad de condiciones”. Explicó que el proyecto es fruto de mesas de trabajo conjuntas con el Ministerio. “Desde los gremios del sector turístico, hemos colaborado con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en mesas de trabajo, buscando cómo frenar la informalidad existente en el país en cuanto al turismo”, indicó.

Cortés agregó que uno de los objetivos clave del decreto es fortalecer la interoperabilidad entre las entidades. “Entre los puntos que se buscan modificar en este proyecto de decreto, que está disponible para comentarios, es que exista una interoperabilidad del registro con la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Comercio y las Cámaras de Comercio, responsables de la gestión del registro. Esto facilitará la identificación de los operadores turísticos en Colombia”.