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Luego de nueve horas de discusión, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico aprobó este jueves cuatro medidas urgentes para tratar de restablecer la normalidad académica y administrativa en medio de la crisis que mantiene inactiva a la principal institución pública del Caribe colombiano. La sesión, presidida por el gobernador Eduardo Verano y acompañado por el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, se llevó a cabo en la Gobernación del Atlántico, mientras los estudiantes fuera protestaban demandando la renuncia del rector Leyton Barrios.
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Las cuatro decisiones fundamentales
La estrategia, presentada por el Ministerio de Educación, abarca acciones inmediatas:
- Informe académico y convocatoria al Consejo Académico: el rector deberá convocar a este órgano para analizar el impacto del paro en el calendario, las acreditaciones y los procesos académicos. El objetivo es diseñar mecanismos que permitan reiniciar las clases sin comprometer la calidad.
- Indagación sobre infracciones a los derechos humanos: el Consejo Superior recopilará denuncias de ataques ocurridos en las últimas semanas —incluyendo el ingreso de personas armadas a asambleas y confrontaciones con las fuerzas del orden— y las enviará a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.
- Informe que aclare el proceso de elección del rector: se convocará una nueva sesión para pedir un informe detallado del procedimiento que condujo a la designación de Leyton Barrios, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades y recusaciones pendientes.
- Sesión en el campus universitario: el Consejo Superior tendrá lugar en las asambleas multiestamentarias para escuchar directamente a estudiantes, docentes y trabajadores.
La sesión fue presidida por el gobernador Eduardo Verano. Foto:Cortesía Gobernación del Atlántico
“Escuchamos todas las voces y tomamos decisiones orientadas a salvaguardar la institución y recuperar su funcionamiento”, declaró el gobernador Verano al finalizar el encuentro.
Un paro que no cesa
Mientras se proclamaban estas conclusiones, el paro indefinido llevaba dos semanas y continúa firme en ocho de las diez facultades. Las asambleas estamentarias reafirmaron la exigencia principal: la destitución del rector Leyton Barrios y de la representante estudiantil ante el Consejo Superior, Angelly Díaz Cordero. Las protestas han incluido bloqueos en la Vía al Mar, tomas simbólicas de sedes y confrontaciones con
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la autoridad pública, que dejó al menos 15 lesionados según denuncias de estudiantes.
El Ministerio de Educación, preocupado por los índices de hostilidad, solicitó la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con la participación de Mindefensa, MinInterior, Fiscalía y Procuraduría, y advirtió que empleará todas las herramientas legales para actuar si continúan los peligros para la vida y la autonomía universitaria.
El alumnado atraviesa una división interna ante el paro indefinido. Mientras un grupo insiste en mantener la protesta hasta lograr la renuncia del rector Leyton Barrios, argumentando que la legitimidad institucional está en riesgo y que ceder sería validar un proceso cuestionado, otro sector solicita Reanudar las clases para evitar la pérdida del semestre y salvaguardar los progresos académicos.
Leyton Barrios, nuevo rector de la Universidad del Atlántico. Foto:redes sociales
Simultáneamente, el ámbito judicial avanzó esta semana. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla determinó improcedente la tutela que pretendía anular la elección del rector y suspendió la resolución del Comité Electoral que había declarado nulo el proceso. En términos prácticos, Leyton Barrios permanece en el cargo mientras la jurisdicción contenciosa revisa las demandas. El fallo sostiene que revocar la designación por vía administrativa generaría un “vacío de poder” y afectaría la estabilidad institucional.
No obstante, el Ministerio de Educación mantiene abierta una investigación sancionadora contra el consejo superior y el Comité de Credenciales por presunto incumplimiento de normativas en la verificación de requisitos. Si se confirman irregularidades, el caso podría escalar a la Procuraduría y la Fiscalía.
La elección que provocó la controversia
el origen de la crisis se remonta al 27 de octubre, cuando el Consejo Superior eligió a Leyton Barrios —abogado, exsecretario de Educación del Atlántico— con cinco votos a favor, a pesar de la renuncia de cuatro consejeros, incluidos los delegados del Ministerio y la Presidencia. La sesión se llevó a cabo en medio de recusaciones no resueltas y denuncias sobre la falta de garantías. Barrios había quedado tercero en la consulta interna, detrás del exrector Danilo Hernández.
Pancartas y carteles en contra del rector electo en una de las manifestaciones. Foto:cortesia
Desde ese momento, la universidad enfrenta una parálisis total: ocho facultades en paro indefinido, bloqueos, marchas con antorchas, confrontaciones y denuncias de infiltrados armados en el campus. El Ministerio abrió una investigación, la Procuraduría solicitó garantías y el sistema judicial intervino para mantener la elección vigente mientras se resuelven las demandas. En el fondo, el debate va más allá de lo académico, ya que se trata de la autonomía universitaria frente a la injerencia política y la necesidad de resguardar la gobernanza institucional.
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El Consejo Superior se comprometió a reunirse en el campus y atender a la comunidad. El Ministerio está considerando medidas excepcionales. Los estudiantes reiteran que no levantarán la huelga sin transformaciones substanciales. Y el semestre, a una semana de concluir, está en una situación precaria.
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