En los relatos navideños, el Grinch no destruye la Navidad con un gran estruendo, sino a través de decisiones frías, calculadas y aparentemente justificadas. Este diciembre, en Colombia, una decisión de política pública parece seguir ese mismo libreto.
El 22 de diciembre, el Gobierno Nacional expidió el Decreto de declaratoria de Emergencia Económica como una alternativa para recaudar recursos adicionales tras el archivo del proyecto de Ley de Financiamiento. Sin embargo, lejos de responder a una situación excepcional, el decreto plantea serios cuestionamientos jurídicos, conceptuales y fiscales. No se identifican hechos sobrevinientes que justifiquen el uso de facultades extraordinarias ni existe un sustento técnico que avale una medida de este alcance.
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Aunque el decreto se presenta como una respuesta a una coyuntura extraordinaria, su justificación agrupa en realidad problemas de carácter estructural, previsibles y ampliamente conocidos, que no cumplen con los criterios de excepcionalidad, imprevisibilidad e inmediatez exigidos por la Constitución. En su argumentación se desdibuja la frontera entre lo extraordinario y lo ordinario, al calificar como choques externos situaciones que forman parte del curso normal de la política pública y de decisiones previamente adoptadas.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa
La actualización de la UPC, los pagos derivados de sentencias judiciales, la atención recurrente de desastres naturales, las restricciones al endeudamiento vigentes desde 2011 en el marco de la Regla Fiscal, la no aprobación de la Ley de Financiamiento y la gestión de caja frente a un presupuesto formulado por el propio Gobierno no responden a hechos sobrevinientes. Se trata, por el contrario, de elementos conocidos del marco fiscal y administrativo del país, cuya adecuada atención exige planeación, consistencia y disciplina, más que la activación de mecanismos excepcionales.
En este contexto, el decreto se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para hogares y empresas. Entre las medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda sobresale el incremento de la sobretasa al sistema financiero en 10 puntos porcentuales adicionales, lo que elevaría la tarifa de renta del sector del 40 al 50 por ciento.
Se trata de la carga nominal más alta del mundo, comparable únicamente con la de Islas Comoras. Con esta decisión, Colombia se aleja de las economías desarrolladas y se ubica en un grupo reducido de países con cargas tributarias extremas, incluso por encima de economías con niveles de desarrollo humano sustancialmente inferiores.
Gustavo Petro, presidente de COlombia Foto:Presidencia – Colfuturo
Las consecuencias de esta medida no se limitan a los balances de los bancos. Un aumento de esta magnitud en la carga tributaria se traslada inevitablemente a los hogares y a las empresas colombianas. En promedio, se estima que el costo del crédito podría incrementarse entre 100 y 150 puntos básicos. Este encarecimiento afecta al estudiante que busca financiar su educación, a las familias que intentan acceder a su primera vivienda y a los empresarios que requieren crédito para invertir, crecer y generar empleo. No es un asunto menor.
Tampoco puede considerarse excepcional el impacto de la medida sobre la inversión, un componente que hoy representa apenas el 16 por ciento del PIB, muy por debajo de su promedio histórico. Debilitar el crédito en este contexto equivale a debilitar el principal canal de reactivación económica. La inversión depende del crédito y el crecimiento de largo plazo depende de la inversión.
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En un país que necesita con urgencia mayor acceso al crédito, más inversión productiva y una inclusión financiera más profunda, resulta contradictorio adoptar medidas que avanzan en sentido contrario. Un sistema financiero asfixiado por la tributación no es solo un problema sectorial, es un freno directo al crecimiento, la formalización y el bienestar de los hogares.
Este caso, junto con otras medidas que podrían anunciarse en los próximos días, invita a una reflexión más profunda. Los debates tributarios requieren tiempo, análisis técnico y coherencia con una visión de largo plazo.
La solución de fondo pasa por fortalecer la disciplina fiscal y enviar señales claras de control del gasto. De lo contrario, el país corre el riesgo de encontrarse, como en una historia del Grinch, con una mala noticia en plena Navidad, en la que las decisiones adoptadas para atender urgencias fiscales de corto plazo terminan debilitando aquello que sostiene el crecimiento y el bienestar de los hogares.
JONATHAN MALAGÓN
Presidente de Asobancaria
