El manual de Donald Trump para asegurarse las próximas elecciones

En circunstancias normales, sugerir que un líder político en una democracia planea trucar las elecciones para perpetuarse en el poder sería una acusación de tintes histriónicos y conspirativos: digna de un panfleto pobremente escrito en el muro de Facebook de algún familiar que conjura sus frustraciones personales en diatribas políticas que nadie quiere leer. Pero no estamos en circunstancias normales.

Aunque parezca historia antigua, hace apenas un lustro que Donald Trump intentó sabotear la voluntad del pueblo estadounidense para aferrarse ilegalmente a la presidencia. Así lo demuestran las más de 60 demandas de fraude rechazadas por los jueces, algunos de ellos nombrados por el propio Trump; así lo demuestra el asalto al Capitolio, cuando cientos de congresistas fueron escoltados in extremis al tiempo que los guardias de seguridad les gritaban que se quitasen el pin de la solapa que los identificaba como cargos electos, para elevar sus posibilidades de supervivencia si la turba, incitada por Trump, conseguía ponerles la mano encima.

Estos hechos, que pueden haberse diluido en la papilla digital que nos envuelve y que trata de encerrarnos en pequeñas celdas algorítmicas, siguen vivos en la mente de las personas que se dedican a vigilar el derecho de voto y que tienen una advertencia: hay indicios claros de que el Gobierno federal, y sus aliados estatales, trabajan para limitar la participación, redibujar los distritos y colocar a los negacionistas de 2020 en las juntas electorales, para así blindar sus posiciones.

Uno de estos observadores es Zachary Roth, autor de The Great Suppression: Voting Rights, Corporate Cash, and the Conservative Assault on Democracy (Crown, 2016), antiguo director editorial del Brennan Center for Justice y actualmente editor gerente de Democracy Docket, una iniciativa progresista que sigue día a día los cambios o propuestas relacionadas con las leyes electorales en Estados Unidos.

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Nota: Es importante apuntar que esta conversación, así como la edición y la escritura del texto, se produjo antes del trágico asesinato del activista republicano Charlie Kirk. Un atentado que ha añadido crispación a un paisaje político de por sí tirante, pero que no cambia las dinámicas que se exploran a continuación.

La entrevista con Roth ha sido ligeramente editada y abreviada para potenciar la claridad, y viene acompañada de acotaciones para verificar sus análisis y explicar los fundamentos del sistema electoral estadounidense.

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PREGUNTA. Antes de entrar en los pormenores, ¿cómo resumiría el paisaje actual en lo que se refiere a las leyes electorales de Estados Unidos?

RESPUESTA. Donald Trump intenta hacer todo lo que está en su mano para mantener su poder, y parte de ello es trucar las elecciones para dar ventaja a los republicanos. Tradicionalmente, hemos visto un respeto básico a la idea de las elecciones libres, pero este respeto no existe bajo la Administración Trump.

Ya hemos visto que una de las cámaras del Congreso aprobó una ley electoral muy restrictiva llamada Save Act. Aprobada por los republicanos, sin votos demócratas, en la Cámara de Representantes, esta ley está estancada en el Senado porque los demócratas han dicho que la van a obstruir con la técnica del filibuster, lo que significa que los republicanos necesitarían 60 votos. Por ahora, no parece probable que se apruebe, pero, si se aprobara, exigiría a todos los votantes una prueba documental de ciudadanía. Para algunos, puede parecer lógico, pero lo que significa es que mucha gente no podrá registrarse porque no lleva o no tiene pasaporte.

Además, la ley requeriría que el nombre en el comprobante de ciudadanía coincida con el nombre en la identificación presentada al votar. Esto causa un problema para las mujeres casadas que han cambiado su apellido o para quienes simplemente tienen un segundo nombre. Pueden darse muchos tipos de errores burocráticos.

Acotación: las leyes electorales en Estados Unidos se discuten y aprueban a nivel estatal. De los 50 Estados, 36 requieren a los votantes presentar una identificación. De estos 36, 25 piden que esta identificación incluya una fotografía. Para un español, esto es algo básico: se presenta el DNI y punto. Pero, en EEUU, no existe un equivalente DNI. La identificación fotográfica más común es el carné de conducir, pero no sirve como prueba de ciudadanía porque los extranjeros también lo pueden obtener. Lo cual deja dos opciones: el pasaporte, un documento del que carecen más de la mitad de los estadounidenses, o la partida de nacimiento.

Respecto a la propuesta de tener que presentar, junto a la identificación, un comprobante de ciudadanía, como la partida de nacimiento, los críticos como Roth argumentan que esto plantearía una carga burocrática extra y crearía zonas grises. En EEUU, 69 millones de mujeres, al haber adoptado el apellido de su marido, tienen un apellido distinto al que figura en su partida de nacimiento, por ejemplo.

P. Si no se pide una prueba documental de ciudadanía, ¿qué impide que un extranjero se presente a votar el día de las elecciones, usurpando la plaza de un nacional?

R. Ahora, cuando te registras para votar, tienes que marcar una casilla bajo pena de perjurio. La casilla dice: “Soy ciudadano estadounidense y tengo derecho a votar”. Y esto parece haber sido un 99,9999% efectivo a la hora de garantizar que las personas no se registran para votar a sabiendas de que no son ciudadanas. Sin embargo, hay un pequeño número de no ciudadanos que aparecen en el censo por error; por ejemplo, porque no entienden el idioma, pero casi ninguno de ellos llega a depositar su voto. Aunque cada Estado tiene normas diferentes, creo que todos exigen mostrar algún tipo de documento con tu nombre, como una factura de servicios públicos. En Nueva York, podemos mostrar eso o una tarjeta de registro de votante con el nombre. Hay varias maneras de demostrar que eres quien dices ser.

Se pueden citar casos de las últimas décadas en los que algunas personas han sorteado este problema y han logrado hacerse pasar por otra persona para votar. La Heritage Foundation [el think tank ultraconservador más influyente de EEUU] tiene una base de datos de votos ilegales, y pueden darse entre 10 y 20 en cada elección, de un total de 150 millones de papeletas. De nuevo, si se exige una identificación con foto, algunos estudios han demostrado que el 25% de los votantes afroamericanos no la tienen, lo cual dificulta el voto de un número mucho mayor de votantes elegibles que el de quienes no cumplen los requisitos, una cifra, repito, que prácticamente no existe.

Acotación: diferentes estudios, a lo largo de los años, han reflejado que el fraude electoral en EEUU es casi inexistente; entre otras razones, porque se trata de un sistema electoral completamente descentralizado. La American Bar Association ofrece una serie de razones por las que el proceso electoral de EEUU está rigurosamente supervisado y las posibilidades de fraude son mínimas.

Si nos ceñimos a la base de datos de Heritage Foundation, mencionada por Roth, vemos que, entre los más de 100 millones de votos depositados en Pensilvania a lo largo de tres décadas de citas electorales, las papeletas fraudulentas ascienden a 39: un 0.0000388% del total. En otros Estados, como Wisconsin, la cifra es inferior: un 0.0001522%. El Estado que más votos fraudulentos ha registrado en la historia reciente es Minnesota: 138 papeletas entre 1982 y 2025.

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P. La Save Act, por tanto, es una de las estrategias. ¿Cuáles son las otras?

R. Trump aprobó una orden ejecutiva en marzo para evitar que los votos por correo llegasen después del cierre de las urnas. La mayoría de los Estados tienen un período de gracia al respecto: si la papeleta por correo llega tres o cuatro días después de las elecciones, pero fue enviada el día en que se celebraron estas, aún cuenta. Trump intenta prohibir estos períodos de gracia. Su decreto también exige el comprobante documental de ciudadanía, igual que la Save Act de la que hablábamos, y otras medidas para restringir y dificultar el voto.

Dado que Trump no tiene derecho a decretar estas cosas, gran parte de este decreto ha sido bloqueado en los tribunales y todavía lo seguimos litigando. Sin embargo, el peligro radica en que los decretos del presidente pueden alentar y envalentonar a los estados republicanos que, de todos modos, desearían implementar muchas de estas medidas, algo que potencialmente podrían hacer legalmente.

Desde que Trump aprobó su decreto, hemos visto a varios estados republicanos endurecer las normas sobre las papeletas por correo y sobre la documentación de ciudadanía. Esto, repito, puede dificultar la votación, especialmente para ciertos grupos de votantes con menos probabilidades de tener una identificación, que son desproporcionadamente no blancos y pobres, y a menudo también estudiantes y jóvenes, todos ellos grupos de tendencia demócrata.

Además, Trump ha declarado recientemente su intención de prohibir, por decreto, el voto por correo. Eliminarlo, simplemente. Sobre todo desde la pandemia, el voto por correo es una parte importante de nuestras elecciones: para las personas mayores y con discapacidad, o para quienes tienen que trabajar la jornada completa el día de las elecciones y no pueden acudir a las urnas.

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P. Luego están las juntas electorales de los condados, donde se certifica el recuento final. En los condados de “Estados clave”, como Georgia, donde el voto está más ajustado y una papeleta puede definir las elecciones, ¿hay conflictos para decidir quién forma parte de estas juntas electorales?

R. Sí, un ejemplo es el Condado de Fulton, que es el más populoso de Georgia. Los republicanos quieren incluir en su junta electoral a dos personas que apoyaron el intento de Trump de anular las elecciones de 2020. Dos demócratas votaron para bloquear la inclusión de estas personas en la junta, desafiando una orden judicial, y ahora los republicanos le han pedido al tribunal que los encarcele y que los multe con 10,000 dólares al día hasta que cumplan con la orden judicial. Así que veremos cómo se desarrolla esto.

El problema principal es que este tipo de negacionistas electorales no solo están en el condado de Fulton, sino en todo el país. Los republicanos están trabajando para colocarlos en puestos de autoridad electoral a nivel local y estatal. Lo hemos visto en Michigan y en Arizona. A veces son candidatos a la propia Secretaría de Estado estatal, la posición a cargo de supervisar el proceso de los comicios, lo que representa una obvia amenaza para la equidad de las elecciones en el futuro.

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P. Otra estrategia es el llamado gerrymandering: la reconfiguración de los distritos electorales para agrupar a los votantes de manera interesada y aumentar el peso político del partido en el poder. ¿Cómo van estas iniciativas?

R. Esa es otra forma en que los principios de unas elecciones justas se han ido por la borda. Trump ha dicho: “Encuéntrame cinco nuevos escaños en Texas”. Y los republicanos que controlan Texas lo han hecho, no solo a costa de unas elecciones justas, sino también de los votantes minoritarios en Texas, cuyos distritos han sido redibujados para que ya no tengan una representación justa. Durante años, estos votantes han tenido en el Congreso de Washington a políticos que velaban por sus intereses, pero, en muchos casos, ya no los tendrán. Se verán divididos en pequeños grupos donde no podrán elegir a su candidato preferido y serán representados por republicanos blancos que no responden a sus necesidades.

El gobernador republicano de Missouri también ha anunciado la intención de conseguir un escaño más. Ahora vemos cómo California, demócrata, intenta responder a esto: veremos si los votantes aprueban esa medida electoral para hacer un nuevo mapa. En Maryland también se habla de ello. Obviamente, necesitamos una reforma para garantizar un proceso de redistribución de distritos justa y así evitar esta locura. Pero, hasta que llegue ese día, estamos más centrados en la realidad actual.

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Acotación: en comparación con los 435 escaños en total que tiene la Cámara de Representantes, cinco o seis pueden parecer pocos. Pero la mayoría republicana es de apenas siete escaños. Dado que, en las elecciones de medio mandato, que se celebran en noviembre del año que viene, normalmente el partido en el poder pierde peso, cada escaño cuenta. Y esos cinco o seis escaños extra, redibujados en Texas, podrían permitir a los conservadores mantener su mayoría.

Por otro lado, no todos los Estados pueden hacer gerrymandering, ya que a veces lo prohíben sus propias leyes. El término gerrymandering se debe al antiguo gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, que en 1812 miró al mapa redibujado y observó que los nuevos distritos, intrincados y llenos de curvas para amasar a los votantes convenientes, tenían la forma de una salamandra.

P. Otro factor más: el Departamento de Justicia. Además de tener al frente a una negacionista de las elecciones de 2020, Pam Bondi, rodeada por cargos que hasta el pasado enero eran los abogados personales de Trump, el Departamento ha vaciado la división encargada de proteger los derechos de los votantes recogidos en la Ley de Derecho de Voto de 1965. Esta división ha pasado de tener 30 abogados a solo tres en menos de seis meses. ¿Por qué?

R. Esta división no solo se ha vaciado, sino que, de hecho, ha revertido su enfoque: ha estado abandonando casos presentados bajo la Administración Biden, cuyo objetivo principal era proteger el derecho al voto contra la discriminación racial. Han abandonado casos en Texas, en Georgia y en otros lugares; al mismo tiempo, solo han presentado dos demandas hasta ahora, pero ambas, una en Carolina del Norte y otra en el Condado de Orange, en California, están diseñadas para obligar a los funcionarios electorales a endurecer las normas y a dificultar la votación, lo que representa un cambio radical.

También han lanzado una iniciativa nacional de envío de cartas a Estados de todo el país solicitando información sobre sus sistemas de votación y sobre sus votantes, intentando aplicar las interpretaciones más restrictivas de la ley federal de votación referentes a mantener un censo electoral limpio y preciso. Nadie tiene ningún problema con la idea de garantizar que el censo electoral sea limpio y preciso. Pero estos esfuerzos parecen estar diseñados para presionar a los Estados y hacer algún tipo de registro federal de votantes, y no está claro que harían con él. Esta es una autoridad que el Gobierno federal no ha tenido nunca.

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P. Hay personas próximas a Donald Trump que dan un paso más y piden que la Guardia Nacional y los agentes de ICE, la policía de aduanas que el Gobierno está transformando en una especie de fuerza paramilitar, monten guardia en los colegios electorales con la excusa de prevenir que voten los inmigrantes indocumentados. Tal es el caso del exasesor Steve Bannon.

R. Dejando de lado las elecciones, hemos visto la toma de Washington por parte de la Guardia Nacional, y Trump también ha usado las Fuerzas Armadas [5.000 soldados de la Guardia Nacional y el Cuerpo de Marines] en Los Ángeles, algo que un juez ha declarado ilegal. Trump también ha hablado de usar la Guardia Nacional en Chicago y potencialmente en Nueva York. Así que, incluso dejando de lado las elecciones, eso es extremadamente peligroso: un uso sin precedentes de las Fuerzas Armadas como policía local en lugares cuyos habitantes rechazan este despliegue.

La amenaza de usar a agentes de ICE o a soldados de la Guardia Nacional en los centros de votación sería una forma de intimidar a los votantes o, simplemente, crear colas largas y retrasos, y dificultar la votación. Y todo esto ocurre en las grandes ciudades, que son, casi por definición, bastiones demócratas, No solo hemos visto a Bannon hablar de ello, también a otros aliados de Trump. Aunque no ha sucedido todavía, estos factores dan motivos para preocuparse: Trump dijo, antes de las elecciones de 2020, que quería contar con las fuerzas del orden en las urnas, y también redactó un decreto, en diciembre de 2020, para ordenar al secretario de Defensa tomar el control de todas las máquinas de votación. Este decreto nunca se firmó, pero fue redactado, así que es una verdadera preocupación.