Colombia
El Ministerio de Defensa exigió la devolución de 737 millones por caso de ejecución extrajudicial relacionado con el general Juan Miguel Huertas
El Ministerio de Defensa de Colombia ha comenzado una acción de repetición contra el general (r) Juan Miguel Huertas, con el fin de que él y otros nueve oficiales devuelvan 737 millones de pesos que se entregaron como indemnización estatal a los familiares de Norberto de Jesús Isaza Guzmán.
La cantidad refleja un pago hecho tras establecer que Isaza Guzmán, que inicialmente fue presentado como un guerrillero abatido, resultó ser una víctima de ejecución extrajudicial, de acuerdo a lo que informó Semana.
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El ministerio ha llevado el caso ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, pidiendo que los implicados sean responsables de reembolsar de sus propios recursos.
Un informe oficial firmado por Huertas, que era capitán y comandante del Batallón de Artillería n.º 4 Jorge Eduardo Sánchez, afirmó que la muerte ocurrió durante un enfrentamiento el 6 de junio de 2003, en una zona rural de Granada, Antioquia.
El reporte mencionaba la supuesta presencia del frente Noveno de las FARC y describía cómo las tropas abatieron a cuatro supuestos guerrilleros y recuperaron armamento.
Sin embargo, investigaciones posteriores desacreditaron la versión oficial. Ni la ubicación reportada aparece en los registros oficiales ni se encontraron pruebas de un enfrentamiento, según análisis topográficos y técnicos. La evidencia técnica fue crucial para determinar que el caso correspondía a un “falso positivo”.
Las acciones del general Huertas durante los años más difíciles del conflicto armado han sido objeto de un escrutinio adicional.
Exsubordinados lo han acusado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de presionar por resultados en combate y facilitar armas para simular enfrentamientos.
La JEP no encontró elementos suficientes para considerarlo responsable máximo, pero nuevos testimonios han originado una nueva citación para esclarecer su implicación en los eventos.
Las investigaciones sobre posibles delitos no se limitan a la manipulación de bajas.
En noviembre de 2025, surgieron reportes que involucraban a Huertas y a Wilmar Mejía, miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia, con presuntos vínculos con disidencias de las FARC lideradas por Alexánder Díaz, alias Calarcá.
De acuerdo con la información obtenida de dispositivos incautados, ambos habrían proporcionado datos militares confidenciales y colaborado en la creación de una empresa de seguridad destinada a dar cobertura legal a sus actividades.
En respuesta a estas acusaciones, Huertas negó cualquier relación con dichos grupos y calificó las acusaciones como intentos de dañar su carrera.
Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría decidió suspender temporalmente tanto a Huertas como a Mejía durante tres meses, con el propósito de evitar interferencias en las investigaciones en curso, según El País.
A nivel institucional, el caso ha escalado al ámbito político. Durante el gobierno de Iván Duque, Huertas fue retirado del Ejército tras informes de inteligencia que alertaban sobre nexos con organizaciones ilegales.
En 2025, bajo la administración de Gustavo Petro, fue reincorporado y recibió un cargo estratégico, lo que provocó críticas sobre la idoneidad de la decisión y generó debates sobre la gestión de perfiles cuestionados en posiciones clave.
A pesar del proceso judicial y mediático, Huertas mantiene una defensa firme y sostiene que los cuestionamientos en su contra buscan impactar negativamente su trayectoria profesional ante la opinión pública y las autoridades.
El general Juan Miguel Huertas Herrera ha sido desplazado a un cargo administrativo dentro del Ejército Nacional de Colombia, conforme lo dispone un decreto presidencial aún por firmar.
Con este traslado al Comando del Ejército como personal agregado (Pace), el oficial pierde atribuciones operativas y estratégicas en medio de una investigación disciplinaria que está impulsando la Procuraduría junto a la Fiscalía acerca de sus presuntos vínculos con disidencias armadas.
La reubicación de Huertas Herrera, considerada típicamente el preludio del retiro, forma parte de una reestructuración más amplia que, según Blu Radio, impacta a cinco altos mandos y, conforme a La FM, afecta a 18 generales en todo el país.
Entre los cambios notables, se incluyen los reemplazos del mayor general José Enrique Gualteros Gómez, el mayor general Olveiro Pérez Mahecha y el brigadier general Juan Diego Sepúlveda Palacio. Además, el mayor general Giovanni Rodríguez León asumirá la Inspección General en lugar de Pérez Mahecha.
