Colombia
El pleito que se vive en la JEP por el llamado al general (r) Óscar Naranjo a versión libre: fue llamado a declarar y después anularon la decisión
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido anular la orden que convocaba al general retirado Óscar Naranjo para que se presentara a una versión voluntaria en relación con la investigación sobre los crímenes de la fuerza pública en el contexto del macrocaso 08, que se centra en los Montes de María.
Esta anulación, que se produjo tres meses después de la aprobación inicial en marzo de 2025, mantiene el caso activo y en revisión por el Tribunal para la Paz, de acuerdo con documentos obtenidos por la revista Cambio.
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Óscar Naranjo, una figura clave en la Policía Nacional y en la política colombiana, ha ocupado diversos altos cargos como jefe de inteligencia, director general de la Policía y vicepresidente, además de ser negociador principal en el Acuerdo de Paz.
Su extensa trayectoria fue inicialmente considerada relevante para la JEP debido a su posible conocimiento sobre episodios vinculados al conflicto armado y su rol como testigo en investigaciones judiciales referentes a la fuerza pública.
El llamado a Naranjo para presentar su versión voluntaria se firmó en el Auto de Subsala L 051 de la JEP, bajo la ponencia de la magistrada María del Pilar Valencia. El objetivo era obtener una declaración del exvicepresidente en relación con las masacres perpetradas por fuerzas paramilitares en la región.
Valencia sustentó su propuesta en carpetas reservadas que contenían 17 informes de inteligencia y testimonios de Salvatore Mancuso y del general Mauricio Santoyo, quienes aludían al oficial retirado condecorado.
No obstante, tras la aprobación del llamamiento por parte de los cuatro magistrados de la Subsala L, varios de ellos, como Catalina Díaz y Oscar Parra, comenzaron a expresar sus reservas sobre la ponencia de la magistrada Valencia.
Solo 15 días después de la emisión del auto, Díaz solicitó a la magistrada ponente que clarificara su salvamento de voto, mientras que los otros magistrados pidieron explicaciones a Valencia sobre los fundamentos para convocar al alto oficial a una versión libre.
“La magistrada Catalina Díaz indicó que Naranjo había ocupado el cargo de presidente de la República, lo que le conferiría fuero ante la JEP, en virtud del artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, lo que podría anular el llamado a versión voluntaria. En mi calidad de despacho relator, realicé las pruebas pertinentes y se verifica que no ocupó dicho cargo”, precisó Valencia en otro documento aclaratorio obtenido por Cambio.
Sin embargo, las explicaciones ofrecidas por la magistrada no lograron satisfacer a sus colegas. De hecho, en mayo de 2025, Catalina Díaz, quien ya actuaba como vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, instó a sus compañeros a analizar el posible error cometido por Valencia al llamar a juicio a Naranjo.
“Una persona que no tenía funciones relacionadas con el control del orden público en el área donde ocurrieron los delitos ni ostentaba condición de superior sobre los miembros de la fuerza pública que actuaron o que no actuaron ante las incursiones paramilitares.”, escribió Díaz en un documento obtenido por el medio.
Con las aclaraciones de la magistrada, la Sala de Reconocimiento de Verdad encontró irregularidades en el procedimiento. Además, los magistrados resaltaron la falta de una motivación clara en la decisión y expresaron dudas sobre el quórum necesario.
También se cuestionó que el auto no incluyera los salvamentos ni las aclaraciones de voto pertinentes, lo que debilitó la base legal del proceso.
La anulación fue respaldada por cinco magistrados, con tres en oposición, entre ellos Belkis Izquierdo y la propia Valencia, quienes argumentaron que había suficiente mérito para una comparecencia. Los defensores de la anulación advirtieron que no era posible justificar adecuadamente la legalidad de la vinculación.
El debate dentro de la sala reveló diferencias significativas. Valencia defendió la citación a Naranjo presentando documentos confidenciales y testimonios sobre vínculos y conocimientos relacionados con las masacres y la relación entre la fuerza pública y los paramilitares.
El magistrado Óscar Parra, quien inicialmente firmó el llamado, revisó su posición tras un examen más detallado del expediente y concluyó que Naranjo debía ser convocado como testigo, no como compareciente directo.
El auto emitido el 10 de junio ordenó la anulación del llamado y, de manera inusual, estableció que no cabían recursos en su contra. Esta decisión fue rechazada por las víctimas que forman parte del macrocaso 08, quienes manifestaron que esta medida “constituye un precedente nefasto para el acceso a la verdad de las víctimas”, por el miedo a que se limite su derecho a conocer hechos documentados por la JEP.
La Procuraduría General de la Nación intervino para solicitar la admisión de la apelación de las víctimas y garantizar el debido proceso. Finalmente, la Sala de Reconocimiento admitió la apelación y envió el caso a la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, el órgano decisorio supremo de la JEP.
La decisión final sobre la anulación será tomada por la magistrada Sandra Rocío Gamboa, mientras que otros magistrados de renombre, como Danilo Rojas, Eduardo Cifuentes, Patricia Linares y Rodolfo Arango, determinarán el desenlace definitivo del caso.
Por su parte, Naranjo expresó a la revista Cambio que nunca fue notificado formalmente sobre el llamado y manifestó su desconcierto ante la controversia. Destacó su apoyo al sistema de justicia transicional y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades cuando sea necesario, reafirmando su apertura para contribuir al esclarecimiento de la verdad.
“Si es que existe, cualquier diferencia entre los magistrados sobre mi nombre es innecesaria. No solo fui negociador del acuerdo que dio vida al sistema de justicia transicional sino que soy un hombre de Estado. En este sentido, jamás incumpliría mi deber moral y legal de presentarme ante cualquier autoridad que me requiera. Siempre estaré listo para contribuir a la justicia”, declaró el oficial a Cambio.
