“Del Trabajo Digno al Rebusque: Un Vistazo a la Informalidad Laboral en Colombia”

Este jueves 1 de mayo se celebra una ocasión más del día internacional del trabajo. Con motivo de esta fecha, el Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo) presentó un informe sobre la estructura laboral en Colombia.   

(Lea: Disminuye el desempleo, pero la informalidad en Colombia aumenta). 

Según este análisis, durante el gobierno de Petro el mercado laboral se mantiene igual o en peores condiciones.

“Más subsistencia, menos empleo formal, industria en declive y millones sin protección”, concluye el reciente informe de Cedetrabajo.

La dura realidad 

De acuerdo con el centro de estudios, el mercado laboral colombiano no tiene la capacidad de absorber a uno de cada cinco individuos dispuestos a trabajar. La desindustrialización y la reprimarización del aparato productivo han sumido a la clase trabajadora en condiciones laborales cada vez más precarias.

Este mercado presenta limitaciones estructurales profundas que impiden la creación de empleo formal, digno y suficiente. La baja tasa global de participación y la alta subutilización de la fuerza laboral reflejan un sistema que excluye a millones de individuos, especialmente mujeres, jóvenes y ciudadanos rurales, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a empleos estables y bien remunerados.

El debilitamiento de la capacidad productiva, resultado del retroceso industrial y el enfoque en sectores primarios, ha llevado a la mayoría de los trabajadores hacia áreas de alta informalidad y baja calidad laboral, como el comercio y la agricultura tradicional. A pesar de que últimamente ha crecido el empleo asalariado, esto no se ha convertido en una mejora sostenida en la calidad del trabajo. Al mismo tiempo, la reducción en el número de empleadores y emprendimientos refleja una preocupante pérdida de dinamismo económico.

(Vea: Ocho de cada 10 nuevos puestos de trabajo en el país son informales). 

Las desigualdades de género y edad continúan marcando el acceso al empleo, con diferencias significativas en participación, ocupación y salarios. A ello se añade la carga del trabajo doméstico no remunerado que recae sobre las mujeres, así como el elevado número de jóvenes que no estudian ni trabajan, lo cual evidencia la urgencia de políticas públicas inclusivas que fomenten la capacitación, la formalización laboral y el fortalecimiento del tejido productivo.

Colombia requiere una estrategia integral de transformación productiva y laboral que recupere la industria, promueva el emprendimiento y garantice condiciones de trabajo dignas, especialmente para los sectores históricamente marginados. Solo así será viable reducir la exclusión y construir un mercado laboral más justo y sostenible.

Desindustrialización, inestabilidad y exclusión

La participación laboral en Colombia ha presentado una recuperación lenta y desigual después de los impactos de la pandemia. Aunque la tasa global de participación (TGP) ha mejorado desde 2021, aún se encuentra distante de los niveles previos a la crisis, lo que indica una recuperación limitada del mercado laboral.

Este fenómeno, acompañado de altas tasas de informalidad e inestabilidad en las ocupaciones, muestra que numerosas personas —especialmente mujeres, jóvenes y residentes rurales— continúan excluidas de empleos formales y dignos.

La falta de un crecimiento estructural del empleo, junto con la desindustrialización y el debilitamiento de los emprendimientos, resalta la urgente necesidad de políticas públicas que favorezcan la generación de empleos de calidad.

La elevada proporción de individuos fuera de la fuerza laboral, particularmente aquellos que se dedican a las labores del hogar o han cesado la búsqueda de empleo por escasez de oportunidades, representa un reto considerable para el mercado laboral colombiano.

Las mujeres, que asumen la mayor parte del trabajo no remunerado en el hogar, siguen excluidas de la fuerza laboral, perpetuando las desigualdades de género y obstaculizando un crecimiento económico verdaderamente inclusivo. Al mismo tiempo, la alta cantidad de personas que han dejado de buscar empleo refleja la desmotivación ante la falta de oportunidades, lo que agrava aún más la inequidad y la exclusión.

(Aquí: Tasa de usura sube en mayo: cómo quedaron los intereses para créditos en el país).

Es esencial aplicar políticas que promuevan la inclusión laboral, sobre todo para mujeres y jóvenes, a través de programas de formación, acceso a empleos formales y garantías laborales que faciliten una transición efectiva hacia el trabajo. Solo así será posible disminuir la brecha en la participación laboral y aprovechar el potencial humano actualmente inactivo.

Participación laboral: una recuperación lenta y restringida

La tasa global de participación (TGP) es uno de los indicadores clave para examinar la dinámica del mercado laboral. Esta tasa evalúa la proporción de la población en edad de trabajar (15 años o más) que participa activamente en el mercado, ya sea laborando o buscando empleo.

En Colombia, la TGP ha presentado históricamente variaciones en relación con los ciclos económicos. Durante el periodo 2003-2012, el país alcanzó sus mejores cifras del siglo XXI, con tasas superiores al 68 %, en un contexto de crecimiento económico sostenido y expansión del empleo. Sin embargo, esta tendencia se ha revertido en la última década.

En febrero de 2025, la TGP se situó en 64,7 %, el mejor registro desde 2019, pero aún por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y muy distante del umbral histórico del 68 %. Si bien esto representa una mejora respecto a 2021, cuando

la TGP descendió a 62,5 % como consecuencia de los efectos tardíos de la crisis sanitaria y económica, el avance en la recuperación ha sido sumamente pausado: solo 2,2 puntos porcentuales en cuatro años.

El modesto aumento de la TGP ha estado acompañado de una mejora en el empleo y una disminución del desempleo. No obstante, esto no necesariamente implica una progresión estructural del mercado laboral. Parte del incremento en la participación puede ser impulsado por la presión económica que obliga a más individuos a buscar ingresos, incluso en condiciones informales o precarias.

Si esta inclinación continúa, el país requeriría por lo menos seis años más para recuperar el nivel histórico del 68 % registrado entre 2003 y 2012, lo que llevaría la recuperación hasta 2031. Esto evidencia un estancamiento estructural en la reintegración de la población al mercado laboral.

La TGP actual refleja un mercado laboral que aún no absorbe por completo a la población disponible para trabajar. La persistencia de brechas estructurales —como la baja participación de mujeres, jóvenes y habitantes rurales— limita el potencial de recuperación. Superar esta situación requiere políticas públicas que amplíen la oferta de empleos formales y dignos, sobre todo en sectores estratégicos de la economía.

Las ciudades con mayor informalidad fueron Sincelejo (66,2%) y Cúcuta (65,8%).

Menos industria, más precariedad

¿Estamos creando trabajos de calidad o simplemente multiplicando empleos precarios?
Los datos indican que, a pesar de que la economía colombiana sigue generando ocupación, lo hace a costa de un creciente deterioro laboral para millones de personas. La disminución de la participación de sectores productivos como la industria y la agricultura tecnificada en la actividad económica restringe la posibilidad de convertir el empleo en una vía efectiva para mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora.

Uno de los cambios más relevantes en el mercado laboral colombiano en las últimas décadas ha sido la transformación de su estructura productiva. El país ha vivido un proceso de desindustrialización que ha debilitado la capacidad del aparato productivo para generar empleos formales. Este fenómeno ha ido acompañado de una reprimarización de la economía.

La evidencia más clara de esta transformación se puede observar en la ocupación por rama de actividad económica. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), el sector que más empleo genera actualmente en Colombia es el comercio, con cerca de 4 millones de personas ocupadas, representando el 17,6 % del empleo total. Le siguen las actividades agropecuarias, que emplean a 3,3 millones de personas (14,2 %). Estos sectores comparten características preocupantes: altos niveles de informalidad, baja remuneración y escasa protección social.

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En tercer lugar, se encuentran las actividades de administración pública, defensa,

salud y enseñanza, con cerca de 2,8 millones de individuos empleados (12 % del total). Aunque este ámbito muestra superiores niveles de formalidad en relación con otros, enfrenta obstáculos vinculados a la contratación externa, la precarización del empleo estatal y los recortes en el presupuesto social.

El sector manufacturero, que durante años fue uno de los cimientos del empleo formal en el país, actualmente emplea solo a 2,5 millones de individuos (10,7 % del total de empleados) y sigue reduciendo su participación en el mercado laboral. Esta disminución refleja las repercusiones de una política económica que ha favorecido el aumento de importaciones sin una estrategia industrial definida, debilitando la producción nacional frente a la competencia externa.

Otras áreas que completan el panorama del empleo en Colombia son las actividades artísticas, recreativas, deportivas y afines, con 2 millones de empleados (8,6 %), y las actividades profesionales, científicas y técnicas, que agrupan a 1,8 millones de individuos (7,7 %), la mayoría de ellos trabajando de manera independiente, autónomos o pequeños emprendimientos sin garantías laborales.

En conjunto, las principales ramas de actividad mencionadas concentran el 92,4 % del empleo total. Sin embargo, este predominio no se traduce en calidad laboral: muchas de estas actividades operan en condiciones de informalidad, con salarios bajos y sin estabilidad laboral.

Disparidades de género en el mercado laboral colombiano

Las disparidades de género constituyen una de las desigualdades estructurales más profundas del mercado laboral colombiano. A pesar de ciertos avances en la participación laboral, las mujeres continúan enfrentando barreras significativas que limitan su acceso a empleos formales, estables y bien remunerados. Estas desigualdades se evidencian en indicadores como la tasa de participación, ocupación, desempleo y salario.

Archivo Portafolio.

Dinámica laboral: brechas persistentes en participación y empleo

El mercado laboral colombiano presenta evidentes desigualdades por género y edad. Mientras el 76,5 % de los hombres en edad activa participa activamente (es decir, están ocupados o buscando empleo), solo el 53,8 % de las mujeres lo hace, lo que revela una diferencia de 22,7 puntos porcentuales. La situación es aún más crítica entre los jóvenes (15 a 28 años), cuya tasa de participación alcanza apenas el 55,4 %.

Estas diferencias se intensifican al observar las tasas de ocupación: el 70,4 % de los hombres disponibles logra encontrar empleo, en comparación con el 46,5 % de las mujeres y el 46,1 % de los jóvenes.

Más alarmante aún es la situación del desempleo: las mujeres enfrentan una tasa del 13,4 %, es decir, 5,4 puntos por encima de la de los hombres; en los jóvenes, la tasa asciende al 16,8 %, más del doble del promedio masculino. Estos datos confirman que, a pesar de su ingreso al mercado laboral, mujeres y jóvenes enfrentan mayores desafíos.

impedimentos para acceder a trabajos formales y seguros.

Asimismo, las disparidades en participación, ocupación y desempleo se hacen más evidentes al considerar aspectos como el autorreconocimiento étnico y la ubicación geográfica. Las mujeres afrocolombianas, indígenas y rurales enfrentan obstáculos adicionales para conseguir empleo.

Disparidad salarial de género

La remuneración continúa siendo uno de los parámetros con mayor desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral colombiano. En promedio, las mujeres perciben un 6,3 % menos que sus contrapartes masculinas. Sin embargo, esta desigualdad varía considerablemente de acuerdo con las condiciones sociales y geográficas.

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Por ejemplo, entre aquellos sin estudios, las mujeres obtienen apenas $60,70 por cada $100 que reciben los hombres. En áreas rurales, el ingreso femenino asciende a $71 por cada $100 masculinos. Cuando las mujeres tienen hijos menores de 18 años, su ingreso promedio se coloca en $89 por cada $100 de los hombres. En el caso de las trabajadoras a media jornada, la relación desciende a $66 por cada $100 que ganan los hombres.

Disparidad de la Población Fuera de la Fuerza Laboral (FFL)

En Colombia, 14,5 millones de personas se encuentran fuera de la fuerza laboral (FFL). Este grupo está conformado por individuos que, por diversas causas, no están ocupados ni buscan empleo activamente.

Del total, el 55,5 % se dedica a tareas domésticas, y la mayoría son mujeres. Esta cifra evidencia la desigualdad de género en la distribución del trabajo no remunerado, especialmente en el ámbito del hogar, que sigue siendo una carga desproporcionada para las mujeres en el país.

El 23,1 % de las personas fuera de la fuerza laboral indica que está estudiando. Este grupo incluye a una gran parte de la juventud colombiana que, debido a su vínculo con la educación formal o técnica, no participa activamente en el mercado laboral. Aunque la educación representa una inversión a largo plazo, el alto porcentaje de estudiantes también pone de manifiesto la baja inserción laboral juvenil.

Por otro lado, el 10,7 % de esta población ha abandonado la fuerza laboral por razones de salud, jubilación o por contar con ingresos pasivos, lo que limita su participación económica.

El restante 10,7 % corresponde a personas que han dejado de buscar empleo en el último mes de referencia. Se trata de individuos desalentados por la falta de oportunidades, la impresión de que no vale la pena buscar trabajo o la creencia de que no tienen opciones viables de inserción laboral.

Tasa de desempleo y subutilización de la fuerza laboral

El desempleo en Colombia no impacta a todas las personas de la misma manera. Aunque la tasa oficial es un indicador relevante, no refleja completamente la magnitud del problema, ya que muchas personas no aparecen como desempleadas, pero enfrentan dificultades para encontrar un empleo adecuado.

En particular, mujeres y jóvenes suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a trabajos dignos y estables. Por esta razón, es fundamental ir más allá de la tasa oficial y considerar otros indicadores que reflejen la subutilización

En Colombia, una de cada cinco personas con potencial de trabajar no logra obtener un empleo estable o suficiente. Las estadísticas oficiales no reflejan totalmente la situación: hay 3 millones de individuos desempleados (sin trabajo), 2 millones que laboran menos horas de las que requieren (empleo insuficiente) y 1,6 millones que han cesado la búsqueda de trabajo, aunque aceptarían uno si se les ofreciera.

Al sumar estos grupos, el 22,7 % de la población en edad y disposición de trabajar se halla en una situación laboral crítica. Es decir, cerca de 7 millones de colombianos no pueden acceder a un empleo digno y estable.

Esto explica por qué tantas personas subsisten a través de trabajos informales, “rebusques” o empleos mal pagados. El problema no solo radica en el desempleo, sino en la carencia de oportunidades reales para trabajar con salarios justos y jornadas completas.

Mientras el país no genere empleos de calidad, la crisis laboral seguirá impactando a millones de familias.

El mercado laboral juvenil

El desempleo entre jóvenes es uno de los factores más alarmantes del mercado laboral colombiano, ya que casi duplica el promedio nacional. La tasa de desempleo en la juventud es 6,4 puntos porcentuales superior a la tasa general, lo que evidencia las grandes dificultades que enfrenta esta población para acceder a empleos formales.

Además, uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 28 años ni estudia ni trabaja, lo que se traduce en 2,74 millones de personas fuera del sistema educativo y sin ocupación. Este grupo representa el 24,7 % del total nacional de jóvenes en edad laboral y resalta la crisis en la transición hacia el empleo formal y estable.

El autoempleo se presenta como una de las alternativas que fomenta el crecimiento del empleo juvenil, ya que el 33,7 % de los jóvenes ocupados son trabajadores autónomos. Sin embargo, esta modalidad está caracterizada por altos niveles de informalidad y escasa estabilidad laboral, lo que indica que, aunque los jóvenes están ingresando al mercado laboral, lo hacen en condiciones precarias.

Informalidad laboral y contratación por OPS

La informalidad laboral es uno de los desafíos más persistentes en el mercado laboral colombiano, afectando a más de la mitad de la población ocupada. Según los datos más recientes, el 56,8 % de los trabajadores se encuentra en condiciones de informalidad, lo que significa que no realizan aportes a la seguridad social.

Este fenómeno es particularmente acentuado en las áreas rurales, donde alcanza niveles alarmantes. En comunidades pobladas y rurales dispersas, la informalidad llega al 85,7 %, lo que refleja una profunda desigualdad en las oportunidades laborales entre zonas urbanas y rurales, además de una clara falta de acceso a empleos formales y estables fuera de las grandes ciudades.

Panorama general de la contratación

En el sector público, una modalidad que ha ganado popularidad en los últimos años es la contratación por OPS (contratos de prestación de servicios). En 2024, el 14,9 % de los trabajadores del Estado están vinculados bajo esta modalidad, lo que equivale a 161.767 personas de un total de 1.174.183 empleados públicos.

Aunque los contratos OPS deberían ser excepcionales,

En numerosas entidades públicas, se han instaurado como estándar, incluso para funciones misionales fundamentales. Esta costumbre, además de ser ilegal, plantea problemas, ya que dichos contratos no aseguran derechos laborales esenciales como la cobertura social, los días de descanso o la estabilidad en el empleo.

Este tipo de contratación ha tenido un efecto económico considerable. En 2024, los contratistas firmaron 207.459 convenios por un total superior a $7 billones. Esta modalidad de vinculación presenta graves deficiencias, como la carencia de seguridad laboral y la renovación constante de los contratos, lo que genera una situación inestable para los trabajadores y complica la planificación institucional a largo plazo.

Algunas de las entidades con mayor cantidad de contrataciones por OPS son el SENA, que en 2023 unió a 32.713 personas por un costo de $1,2 billones; el Dane, con 16.733 contratistas, y el ICBF, con 8.795.

Una característica fundamental de este sistema es su expansión a nivel regional. En 2024, el 65,8 % de los contratos por prestación de servicios fueron firmados por organismos territoriales, con pagos que superaron los $8,6 billones.

Esto demuestra que la tercerización no es exclusiva del nivel central, sino que se ha transformado en un problema estructural en las regiones, donde los controles son más laxos y aumenta el riesgo de prácticas inadecuadas y falta de transparencia.

Aunque las mujeres constituyen el 54,8 % de las personas contratadas bajo esta modalidad, existe una notable brecha de género en la concesión de contratos mejor remunerados. Solo el 35,8 % de los contratos superiores a $25 millones son otorgados a mujeres, mientras que los hombres obtienen el 55,9 % de estos convenios.

Esta desigualdad refleja una disparidad persistente tanto en las oportunidades laborales como en la remuneración dentro del sector público, lo que enfatiza la necesidad de implementar políticas más justas.

Consecuencias de la tercerización laboral estatal

El modelo de contratación por prestación de servicios genera múltiples efectos adversos tanto en el mercado laboral como en la calidad del servicio público.

En primer lugar, fomenta una precarización laboral generalizada: las personas vinculadas bajo esta modalidad no disponen de derechos laborales básicos, tales como seguridad social integral, vacaciones, incentivos, estabilidad o la posibilidad de desarrollar una carrera administrativa.

En segundo lugar, contribuye a una disminución de la calidad en el servicio público, debido a la alta rotación de personal, la falta de incentivos y la constante pérdida de conocimiento institucional, lo que impacta directamente la eficiencia y continuidad de los servicios.

Por último, este modelo promueve la opacidad en la contratación. La fragmentación y temporalidad de los contratos dificultan el control ciudadano y facilitan prácticas clientelistas, acentuando la falta de transparencia y alimentando la corrupción en la gestión pública.