El sistema energético de Colombia atraviesa una de sus crisis financieras más delicadas en las últimas tres décadas. La acumulación de deudas por parte del Gobierno nacional, sumada a problemas estructurales de liquidez y expansión, ha encendido las alarmas de los principales gremios del sector.
José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, y Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, en conversación con Infobae, advirtieron que la falta de recursos pone en jaque la viabilidad de las empresas distribuidoras y eleva el riesgo de cortes en el servicio a mediano plazo.
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Al cierre de noviembre de 2025, las empresas comercializadoras de energía registran saldos pendientes por recuperar cercanos a los $6,1 billones de pesos. Esta cifra se desglosa en tres grandes rubros:
- $2,4 billones corresponden a la opción tarifaria.
- $2,3 billones son deudas por subsidios no girados.
- $1,4 billones pertenecen a deudas de usuarios oficiales.
Para dimensionar la gravedad, Manzur explicó que este monto equivale, en promedio, a cerca de dos años de ingresos brutos de las comercializadores.
En casos críticos como el de la empresa Afinia, la deuda representa hasta cuatro años de facturación. “Si nosotros no disponemos de los recursos necesarios, no vamos a poder honrar nuestros compromisos de compra de energía o financiar los subsidios”, alertó el dirigente gremial.
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Subsidios sin pagar y riesgo sistémico
La situación de los subsidios es particularmente alarmante. Alejandro Castañeda confirmó que las empresas distribuidoras llevan cerca de once meses sin recibir los giros correspondientes por parte del Estado. “Eso ya suma un hueco de 2,8 billones”, precisó el líder de los generadores.
El efecto dominó ya es visible. Una de las distribuidoras intervenidas acumula obligaciones por $1,6 billones, de los cuales $1,1 billones se le deben a las térmicas, lo que compromete la compra de combustible necesario para operar.
Ambos líderes gremiales coinciden en que, de no solucionarse la liquidez, el país se enfrenta a la intervención estatal masiva de compañías y a la imposibilidad física de prestar el servicio.
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El problema de la focalización y la expansión
Más allá de la deuda, el modelo actual de subsidios también está en el ojo del huracán. Manzur criticó que la estratificación siga siendo el único criterio, permitiendo que usuarios de altos ingresos reciban ayudas estatales.
La propuesta de los gremios es clara: cruzar la información con el nivel de ingresos y el consumo para focalizar los recursos en quienes realmente los necesitan, una medida que ya está habilitada en el Plan Nacional de Desarrollo pero que el Gobierno no ha reglamentado.
A esto se suma la preocupación por el abastecimiento futuro. Castañeda advirtió sobre el riesgo de apagones para el año 2027 debido a la falta de nueva capacidad de generación.
“Para el año 2027 o mediano plazo, no tenemos la energía firme suficiente. ¿Y esto qué significa?, que Colombia, con una probabilidad muy alta, podría tener racionamientos”, sentenció.
Las cifras respaldan su temor: en 2025 solo ha entrado el 3 % de la nueva capacidad esperada.
La respuesta del Gobierno
Frente a este panorama, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, anunció la implementación de un mecanismo de cesión de derechos de subsidios para inyectar liquidez inmediata.
Según el funcionario, ya se han movilizado cerca de $300.000 millones de pesos bajo esta modalidad y se gestionan otros $600.000 millones.
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Asimismo, el Gobierno se mostró abierto a revisar la focalización de los subsidios para excluir a quienes tienen capacidad de pago.
“Lo que no podemos permitir es que el Presupuesto General de la Nación siga asumiendo un gasto creciente en subsidios”, afirmó Palma, quien también prometió un plan de choque para asegurar el suministro de gas y destrabar proyectos de expansión energética.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
La normalización de la operación aérea avanza con rápidez. Foto:
