Empresas deberán ajustar contratos y reglamentos internos por jornada de 42 horas semanales y nuevos recargos laborales en 2026

La implementación del tramo final de la Ley 2101 de 2021 en 2026 transformará significativamente el panorama empresarial en Colombia, estableciendo una reducción de la jornada máxima legal de 44 a 42 horas semanales.

Esta medida requerirá ajustes administrativos, financieros y jurídicos que las empresas deberán implementar para cumplir con las regulaciones laborales vigentes, según lo expuesto por Semana.

Según la ley, el ajuste no solo implica una reestructuración de horarios, sino que obliga a las compañías a revisar sus contratos laborales, reglamentos internos y esquemas de pago para evitar sanciones potenciales.

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Las posibles penalidades por incumplimientos pueden alcanzar hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según la legislación laboral aplicable.

Una encuesta de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), realizada entre más de 170 empresas en 26 departamentos, mostró que más del 70 % de las empresas considera que la reducción de la jornada laboral resultará en sobrecostos operativos. El impacto principal se relaciona con el aumento del costo de la hora ordinaria, debido al mantenimiento del salario mensual pese a una reducción de las horas trabajadas.

Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales, comentó a Semana que este contexto representa uno de los mayores desafíos para los recursos humanos, dado que el nuevo cálculo de la hora laboral será fundamental para liquidar recargos nocturnos, dominicales y horas extras. La situación se complica al coincidir con la Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025), que introducirá cambios adicionales a partir de 2026.

Entre estas modificaciones, los recargos nocturnos comenzarán a aplicarse desde las 7:00 p. m. y el recargo dominical alcanzará el 100 %. Al respecto, Grajales indicó: “El cálculo del presupuesto de nómina variable debe actualizarse completamente; una hora extra dominical nocturna costará significativamente más que en la actualidad, no solo debido al aumento porcentual de la reforma, sino porque la base horaria será mayor como resultado de la reducción de la jornada.”

Frente a este escenario, especialistas sugieren que las empresas actualicen de inmediato sus documentos internos. En concreto, los Contratos Individuales de Trabajo, incluyendo aquellos de término fijo y aprendizaje, así como el Reglamento Interno de Trabajo (RIT), deben expresar claramente los nuevos horarios y el ajuste en el divisor para el pago de horas ordinarias y extras.

El ejecutivo de Grupo Soluciones Legales advirtió que uno de los errores comunes es intentar compensar la reducción de la jornada suprimiendo tiempos de descanso, como el almuerzo, práctica que resulta ilegal. Esto podría ocasionar investigaciones administrativas y sanciones por parte del Ministerio del Trabajo, además de posibles demandas laborales por ajustes en la nómina.

Otro aspecto crucial es la desconexión laboral, especialmente en contextos de teletrabajo o modelos híbridos. A pesar de que el trabajo se realice de forma remota, la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las 42 horas semanales sigue siendo del empleador, quien debe garantizar que se respeten los límites legales.

La normativa también incluye efectos colaterales que afectan beneficios existentes. Una vez que se implemente la reducción de jornada por completo, los empleadores estarán exonerados de conceder el “Día de la Familia”, establecido en la Ley 1857 de 2017, y de los espacios destinados a actividades recreativas y culturales conforme a la Ley 50 de 1990.

Desde el 15 de julio de 2026, la concesión de estos beneficios será opcional para el empleador, permitiendo mantenerlos como prestaciones adicionales o eliminarlos en sus políticas internas de bienestar, sin convertirse en una obligación legal.

Grajales resaltó que la reducción de la jornada laboral debe ser considerada como una reestructuración integral, que no solo abarca horarios, sino también la planificación financiera y el cumplimiento normativo. En este marco, el Ministerio del Trabajo y la UGPP intensificarán los controles para evitar inconsistencias en la base de cotización de los aportes, provocadas por errores en los nuevos cálculos de recargos.

“La preparación debe comenzar hoy para prevenir que la reducción de la jornada se transforme en un pasivo judicial insostenible”, afirmó Grajales.