En consejo de ministros, Petro planteó liquidar EPS intervenidas tras concepto que permite usar la UPC para cubrir deudas anteriores

Durante el consejo de ministros del 19 de enero, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de disolver las EPS en intervención estatal, tras un concepto del Consejo de Estado que permite utilizar recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para saldar deudas pasadas.

La propuesta surgió en el contexto del análisis sobre las implicaciones que tendría esta interpretación en la financiación del sistema de salud.

El presidente indicó que la decisión del tribunal superior modificaría el manejo de los fondos destinados a la atención de los afiliados.

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En su intervención, el mandatario afirmó: “Un fallo del Consejo de Estado que permite que la UPC nueva cubra deudas anteriores. Eso desestabiliza todo el sistema. Los servicios que no se han pagado se saldarían con fondos que ya no se utilizarán para la atención”.

El presidente destacó que destinar recursos asignados para otros períodos a cubrir deudas pasadas podría perjudicar la calidad de los servicios actuales. En este contexto, afirmó que el sistema enfrentaría una mayor presión financiera, desviando fondos que debían ser para la atención directa hacia el pago de deudas antiguas.

Petro reiteró su inquietud, advirtiendo que las EPS en intervención quedarían en una situación complicada. Durante la reunión, indicó: “Con ese fallo no hay más alternativas que liquidarlas; están atrapadas en un barril sin fondo. Es preferible liquidarlas a permitir que paguen viejas deudas en vez de asegurar el presente”. Asimismo, sostuvo que el volumen de deudas pendientes haría su operación insostenible.

El mandatario también comentó que, hasta el momento, la decisión de no liquidar estas entidades buscaba que pudieran cumplir con sus compromisos financieros sin impactar el servicio a los usuarios. Sin embargo, consideró que la interpretación del Consejo de Estado alteraría ese objetivo. En sus propias palabras: “No hay más opción que actuar porque no se pueden usar los recursos asignados para pagar deudas, eso sería una traición al Estado”.

En este marco, Petro señaló que las EPS en intervención tienen un deterioro financiero, lo cual refuerza la necesidad de evaluar su futuro bajo las nuevas disposiciones legales. La discusión se desarrolla mientras el Gobierno estudia el verdadero impacto del concepto en la estructura financiera del sistema de salud.

Actualmente, entre las EPS bajo control del Gobierno nacional, se encuentran Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS, Emssanar, Capresoca EPS y Coosalud. Estas entidades están bajo supervisión estatal como parte de las acciones adoptadas para asegurar la continuidad del servicio y el control de sus finanzas.

El concepto que originó esta discusión fue proporcionado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, tras una consulta realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social. En dicha consulta se examinó si el principio de anualidad presupuestal debía aplicarse a los fondos de la UPC y si esta norma limitaba la posibilidad de utilizar recursos de un año para cubrir obligaciones de años anteriores.

Al examinar el marco normativo, la Sala concluyó que la anualidad presupuestal no se aplica a los recursos de la UPC. La justificación se basa en que estos fondos no fueron incluidos explícitamente en el Presupuesto General de la Nación y que tienen una naturaleza parafiscal, destinada exclusivamente a financiar servicios de salud para los afiliados.

En su pronunciamiento, el Consejo de Estado señaló: “Bajo la norma anterior, los recursos que recaudan las EPS, en nombre de la ADRES, que se utilizan para cubrir el valor de las UPC, son recursos parafiscales y, por lo tanto, tienen naturaleza pública y una destinación específica”. Se añadió que, incluso después de ser transferidos a las EPS, estos fondos no pueden considerarse rentas propias de estas entidades.

El alto tribunal especificó que el uso de estos fondos es permitido cuando las deudas se generan en un periodo diferente al de la recepción de los recursos, siempre respetando la destinación específica definida por la ley. Esta interpretación ha reavivado el debate sobre el manejo financiero de las EPS intervenidas y su impacto en la atención a los usuarios.