Enviaron a prisión a los ocho investigadores de la Fiscalía que habían sido capturados por manipular procesos de lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación anunció que ocho funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional fueron enviados a prisión tras ser acusados de participar en una red de corrupción que manipulaba procesos judiciales a cambio de pagos millonarios.

El 30 de diciembre de 2025, el organismo de control informó que nueve miembros de la red habían sido arrestados en diversas localidades, incluidas Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta).

Síguenos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, en la mañana del 9 de enero de 2026, un juez de control de garantías tomó una decisión tras una investigación que también involucra a particulares, quienes están señalados de ser parte de un “cartel de procesos” operando dentro de la Fiscalía General de la Nación.

Según la información oficial, se sostiene que la estructura exigía grandes sumas de dinero para modificar el rumbo de investigaciones vinculadas a delitos como lavado de activos y extinción de dominio.

Cifras citadas por el diario El Tiempo indican que el costo por caso podría alcanzar hasta 1.000 millones de pesos, aunque generalmente las cifras variaban entre 400 millones y esta primera cantidad.

“Gracias a la labor de un Grupo de Tareas Especiales compuesto por fiscales e investigadores de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, estas personas fueron imputadas conforme a su presunta responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario”, comunicó textualmente la Fiscalía.

Durante la audiencia de imputación, se explicó que entre los acusados se encontraban varios funcionarios del CTI, miembros uniformados de la Policía y personas externas, quienes presuntamente se beneficiaron del acceso y manipulación de información reservada.

La operación, ejecutada por grupos especiales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, permitió desvelar el modus operandi de la red, que incluía la venta de información y la alteración de expedientes a cambio de pagos de hasta 200 millones de pesos.

En el proceso, una persona más fue vinculada judicialmente, aunque podrá continuar el trámite en libertad desde su hogar, según informó la Fiscalía.

Los señalados son: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; los servidores del CTI Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; así como los exfuncionarios Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.

Las autoridades también apuntaron que la red habría transformado el acceso a bases de datos y sistemas informáticos de la Fiscalía en un método para anticipar decisiones judiciales, permitiendo que los investigados se adelantarán a las acciones de justicia.

La investigación, según fuentes oficiales, se inició a raíz de denuncias sobre la existencia de una estructura dedicada a traficar expedientes reservados.

El caso adquirió relevancia al detectarse que el Modelo Único de Investigación Financiera, desarrollado tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía, se estaba utilizando, supuestamente, para beneficiar a redes criminales y particulares implicados en delitos graves.

La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso de seguir desmantelando cualquier red de corrupción interna y garantizar la transparencia en los procesos judiciales.

Las investigaciones sobre otros posibles implicados y el destino de los recursos obtenidos ilícitamente continúan en curso.