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El incremento del salario mínimo en Colombia, establecido en un más del 23% para 2026, ha generado inquietud en millones de familias debido al posible aumento en los precios de alimentos esenciales como el huevo y el pollo.
El ajuste, firmado por el presidente Gustavo Petro, busca mejorar el poder adquisitivo, pero ha abierto el debate sobre su impacto en la canasta familiar y las preocupaciones sobre la estabilidad de precios en los meses venideros.
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En respuesta a la preocupación de diversos sectores, Ernesto Samper, expresidente de la República, propuso en sus redes sociales comenzar un proceso de “desalarización”. Esto está destinado a evitar que el ajuste del salario mínimo de 2026 se traslade a numerosos bienes y servicios, lo que podría provocar mayor inflación e inestabilidad económica en el país.
Además, enfatizó en la necesidad de desescalar, como en años anteriores, la inflación causada por el ajuste diario de las UPAC (Unidades de Poder Adquisitivo Constante).
“Así como en años pasados el país comenzó la ‘desupaquisación’ de la economía para evitar el virus inflacionario del ajuste diario de las UPAC, hoy deberíamos emprender un proceso de ‘desalarización’ que evite que el ajuste del salario mínimo se transfiera a numerosos bienes y servicios que generan mayor inflación e inestabilidad económica”, escribió Samper en su cuenta de X.
El Gobierno nacional ha anunciado el nuevo salario vital, que para 2026 será de $1.750.905. Además, el auxilio de transporte ha aumentado un 24,5%, quedando en $249.095, lo que totaliza $2.000.000 mensuales para los trabajadores a partir de enero. En su análisis, el expresidente Samper considera que la situación actual permite replantear el criterio tradicional para ajustar el salario mínimo en el país.
El exmandatario sostiene que debe implementarse una norma alternativa donde la fijación del incremento no solo considere la inflación, sino también el costo de la canasta básica y la composición de los hogares.
“Quizás ha llegado el momento de desvincular los ajustes del salario mínimo de la inflación, que supuestamente devuelve al trabajador el poder adquisitivo perdido el año anterior, para adoptar el ‘salario familiar’, que alinea los ingresos laborales de manera redistributiva con el costo de la canasta familiar de bienes y servicios esenciales y el número de personas que trabajan en cada hogar para cubrirla”, argumentó.
El Consejo de Estado ha aceptado estudiar la primera demanda contra los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, que establecen el salario vital en $2.000.000 a partir de enero de 2026 por parte del Gobierno de Petro.
Esta decisión ha generado críticas en varios sectores. Entre los argumentos presentados, asociaciones como la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Acopi, Camacol y Anif han expresado su rechazo al aumento, argumentando que carece de un respaldo técnico suficiente y podría tener un impacto negativo en el empleo y la estabilidad de las empresas.
La acción fue presentada por Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público, así como el de Trabajo; el demandante sostiene que el decreto podría haber violado normas legales y constitucionales vigentes.
El alto tribunal ya ha notificado a las entidades implicadas y ha otorgado un plazo de 30 días a los ministerios, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que presenten sus argumentos sobre el asunto.
Por mandato judicial, el Ejecutivo deberá proporcionar todos los documentos relacionados con la emisión del decreto que determinó el salario mínimo para 2026.
Respecto a la solicitud de suspensión provisional de la norma, el Consejo de Estado ha aclarado: “En providencia separada se seguirá el procedimiento correspondiente para decidir sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional presentada por el demandante”.
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