Colombia
Escasez de Acpm agrava crisis humanitaria en Vaupés y Guainía con racionamientos de energía, agua y transporte en plena Amazonía
La prolongada falta de combustible que golpea a los departamentos de Vaupés y Guainía desde hace más de diez días ha provocado una crisis humanitaria silenciosa en la Amazonía colombiana.
En localidades como Mitú, capital de Vaupés, los recortes de energía, la interrupción del suministro de agua potable y la inactividad del transporte han impactado de manera severa la vida diaria de los ciudadanos, mientras el Gobierno Nacional avanza en la implementación de un ajuste normativo sin precedentes al precio del diésel en el país.
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Al cerrar la semana, la Central de Energía del Vaupés informó que la imposibilidad de recibir Acpm obligó a interrumpir la generación eléctrica en varios sectores urbanos y rurales. Según explicaron, la situación se debe a un conjunto de factores logísticos y de orden público.
Los bajos niveles de los ríos —principales vías de abastecimiento en la zona— han limitado el transporte fluvial de combustibles, mientras que incidentes de seguridad ocurridos semanas atrás han retrasado aún más la llegada de suministros esenciales.
El efecto ha sido inmediato. La falta de energía ha interrumpido el bombeo de agua potable, poniendo a la población en una situación de creciente riesgo sanitario.
Los habitantes de Mitú, citados por La Fm, narran jornadas marcadas por la escasez, donde las familias se organizan para almacenar agua, priorizando a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. La carencia de combustible también ha restringido el funcionamiento de centros de salud, el comercio básico y la respuesta a emergencias.
La situación se complica con el desabastecimiento de gasolina, cuyo stock –según autoridades locales– se repone solo una vez a la semana y se agota en horas.
Esta limitación ha detenido la movilidad terrestre y fluvial, impactando el transporte de alimentos, medicamentos y personal médico, en una región donde la dependencia del combustible es crítica debido al aislamiento geográfico.
Ante la dimensión de la emergencia, el Gobierno nacional ha activado una ruta humanitaria aérea mediante la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
A través de aeronaves Hércules C-130, se han trasladado más de 6.000 galones de combustible, dentro de un envío total proyectado de 27.000 galones para abastecer a Vaupés y Guainía, donde persisten condiciones similares de desabastecimiento.
La operación tiene como objetivo estabilizar temporalmente la generación eléctrica y los servicios básicos mientras se normaliza la logística fluvial.
Esta crisis regional coincide con la implementación del Decreto 1428 de 2025, mediante el cual el Gobierno establece un esquema de precios diferencial para el diésel destinado a vehículos particulares, diplomáticos y oficiales, excluyendo del ajuste al transporte público de carga y pasajeros.
La medida, según el Ministerio de Minas y Energía, busca focalizar los subsidios, proteger las finanzas públicas y corregir distorsiones históricas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la decisión al afirmar que “el subsidio a los combustibles debe ser destinado donde cumple una función social. Proteger al transporte público es salvaguardar el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”.
En este sentido, los autobuses, camiones y vehículos de servicios esenciales seguirán recibiendo el beneficio, con el objetivo de evitar un impacto en los precios de alimentos y bienes básicos.
El decreto estipula una transición de seis meses para eliminar el subsidio al diésel utilizado por vehículos particulares, diplomáticos y oficiales.
Durante este tiempo, el Gobierno deberá definir la metodología técnica y los mecanismos de control que aseguren la transparencia y eficacia del nuevo esquema. La implementación inicial cubrirá a 75 municipios, incluyendo las principales áreas metropolitanas del país.
Desde el sector de los distribuidores, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) alertó que el ajuste podría superar los $3.000 por galón para equiparar el precio internacional, aunque precisaron que el incremento no será inmediato y dependerá del cronograma oficial.
Su presidente, David Jiménez Mejía, alertó sobre los riesgos de implementar la medida de manera fragmentada por municipios, lo que podría generar distorsiones y desplazamientos de consumidores hacia zonas con precios más bajos.
El gremio también destacó que las estaciones de servicio son agentes regulados y no responsables de la fijación de precios, y pidieron una reglamentación clara para evitar confusiones entre los usuarios y problemas operativos que impacten el empleo y el suministro en regiones remotas.
