Colombia
El drama de la estafa: juicio contra un usurpador de títulos en Neuquén que timó a las familias de dos prisioneros

La Justicia de Neuquén ha decidido llevar a juicio a un sujeto que se hizo pasar por abogado y defraudó a la familia de dos arrestados por un monto de 16 millones de pesos, prometiendo su liberación.
El denunciado, Martín Alexis Lino, enfrenta cargos por llevar a cabo múltiples fraudes entre junio y agosto del año pasado, simulando ser abogado ante los parientes de los arrestados y convenciendo a estos para que lo contrataran. De esta manera, logró obtener 4 millones de pesos por servicios que nunca brindó, además de solicitar dinero para supuestos gastos vinculados a su defensa.
Según el informe del medio local LMNeuquén, Lino pidió posteriormente a las víctimas un millón de pesos más para iniciar otros procedimientos adicionales.
Su modo de operar siempre fue el mismo: exigía dinero bajo la justificación de que era necesario para cubrir sus costos profesionales, alcanzando así un total de 16 millones de pesos. Las familias de los arrestados llegaron incluso a endeudarse para poder cubrir los gastos que él afirmaba eran imprescindibles para conseguir la liberación de sus seres queridos.
En su última táctica, Lino afirmó haber demandado a los abogados que anteriormente defendían a los detenidos, prometiendo un resarcimiento de 88 millones de pesos que podría saldar la deuda acumulada por sus víctimas. Además, contó con la complicidad de otro sujeto que se hacía pasar por fiscal y que motivaba a las víctimas a continuar solicitando préstamos.

La situación fue descubierta cuando uno de los prestamistas alertó a los deudores que Lino no era quien decía ser. Como resultado, presentaron la denuncia correspondiente. Gracias a la información reunida, el fiscal jefe Mauricio Zabala lo acusó de estafa en concurso ideal con usurpación de título en carácter de autor.
Las pruebas que sustentan la acusación incluyen declaraciones de testigos y agentes policiales, así como las pericias realizadas a los dispositivos electrónicos que fueron confiscados durante la investigación.
En este contexto, el juez de garantías Raúl Aufranc aprobó el pedido de elevación a juicio y ahora la Oficina Judicial deberá definir la fecha de inicio del proceso judicial contra Lino, quien ya tiene antecedentes delictivos. Este hombre había sido previamente acusado de ejercer la profesión de manera fraudulenta al hacerse pasar como abogado del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, cometiendo estafas a otras cuatro personas.
Además, existe otro caso abierto en su contra por cobrar 300 mil pesos en honorarios a un hombre a quien prometió defender utilizando su título falso.
Un segundo sujeto, acusado de defraudar a una persona en Neuquén, también será sometido a juicio, a pesar de que el monto estafado fue reembolsado. En este caso, la estafa está relacionada con la compra de un vehículo.
De acuerdo al fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, el engaño comenzó el 2 de mayo de 2023, cuando la víctima se trasladó de Buenos Aires a Neuquén, con la intención de adquirir una camioneta Toyota tras ver un anuncio en la plataforma Marketplace de Facebook. El supuesto vendedor, bajo el nombre de Franco, logró ganarse la confianza de la víctima.
antes de reproducir la venta del automotor.
El señalado estableció el costo de la camioneta en 10 mil dólares, y la víctima efectuó la transferencia de un anticipo solicitado. Junto a su padrastro, se dirigieron hacia Neuquén, donde el individuo los aguardaba en un BMW gris. Los condujo a un lugar con varias personas, donde la víctima mostró interés en una camioneta más reciente, una Toyota Hilux. Tras ingresar a una vivienda y firmar el contrato de compraventa, el señalado solicitó el pago de los 10 mil dólares más 155 mil pesos por gastos de traspaso. Al parecer, todo se presentaba en orden hasta que, tras pretextos relacionados con la AFIP, el señalado logró persuadir a la víctima para regresar a Buenos Aires y, poco después, cortó la comunicación.
No obstante, posteriormente, la víctima recibió un reintegro del dinero por parte de una mujer asociada a la comunidad gitana a la que pertenece el acusado. A pesar de este reintegro, el abogado del defensa pidió el sobreseimiento del imputado, sosteniendo que el daño económico había sido subsanado. No obstante, el juez del caso rechazó esta petición, subrayando que “los delitos no se solucionan con dinero”.