Colombia
Estas son las regiones con más riesgos de protestas sociales tras las elecciones del domingo 8 de marzo, según la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo emitió una advertencia en un documento oficial el jueves 5 de marzo de 2026 sobre posibles escenarios de conflicto social durante y después de las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo.
El informe, presentado en Bogotá, indica que el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad detectó 35 eventos de conflicto en Bogotá y 12 departamentos durante los primeros dos meses de 2026, evidenciando un ambiente de tensión en el periodo preelectoral.
Este monitoreo tiene como fin anticipar riesgos y fomentar medidas preventivas que aseguren la protección de los derechos políticos y la estabilidad democrática.
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El informe de la Defensoría del Pueblo señala que los incidentes se dieron en Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca, además de Bogotá.
Los conflictos sociales se relacionaron principalmente con acciones contra la oposición política (34%), polarización social (23%), inscripciones de candidatos (17%) y restricciones al derecho a elegir y ser elegido (14%). Otros factores, aunque de menor impacto, también incrementan la tensión antes de los comicios.
Respecto a cómo se manifestaron estos conflictos, el documento de la Defensoría indica que el 46% de los eventos fueron plantones y concentraciones.
El 14% afectó vallas electorales, el 11% fueron disturbios o actos violentos en manifestaciones públicas, el 9% correspondió a daños en sedes de campaña, el 6% a marchas y movilizaciones, otro 6% a sabotajes en actos de campaña y el 6% restante a otros métodos.
Aunque la mayoría de estas manifestaciones se mantuvieron en un tono pacífico, la entidad destacó incidentes de agresiones, daños materiales, confrontaciones violentas entre simpatizantes, y denuncias de intolerancia política en diversas regiones del país. Estas situaciones se suman a los atentados sufridos por los candidatos al Congreso, María Bolívar y Mauricio Matri.
El análisis de la Defensoría, liderado por Iris Marín Ortiz, señala que la situación podría verse agravada por fallas logísticas, restricciones inesperadas en el acceso al voto, decisiones operativas restrictivas o controversias durante el escrutinio y la publicación de resultados.
En su informe, el organismo precisó: “Estos incidentes reflejan un clima de tensión que podría escalar la conflictividad social”, especialmente si surgen problemas adicionales en el desarrollo del día electoral.
El monitoreo reveló factores de riesgo adicionales para el 8 de marzo, como declaraciones públicas sobre posible fraude electoral, controversias legales relacionadas con candidaturas, impugnaciones a la contabilización de votos en algunas circunscripciones, tensiones en actividades proselitistas, incidentes de seguridad en eventos políticos y convocatorias a movilizaciones sociales o protestas pacíficas.
La Defensoría subrayó que estas circunstancias podrían afectar la movilidad de ciudadanos, autoridades electorales y material electoral, poniendo en riesgo el adecuado desarrollo de la elección.
En vista de este contexto, la Defensoría del Pueblo ha formulado recomendaciones para el Ministerio del Interior, el Viceministerio de Diálogo Social y los Derechos Humanos, y la Registraduría Nacional.
El organismo instó a fortalecer las acciones de prevención y resolución de conflictos con impacto electoral, priorizando mecanismos de diálogo, mediación y colaboración interinstitucional para abordar eficazmente cualquier inconformidad antes y después del evento electoral.
Finalmente, la Defensoría enfatizó la relevancia de establecer canales de comunicación efectivos entre autoridades electorales, gobiernos locales, organizaciones sociales y actores políticos, para gestionar anticipadamente las tensiones territoriales y prevenir un incremento de la conflictividad.
Además, se hizo un llamado a los partidos, candidatos y a la ciudadanía para que cualquier inconformidad relativa al proceso electoral se maneje exclusivamente a través de los mecanismos institucionales y legales disponibles, dentro de un entorno de respeto y convivencia democrática.
Por último, el organismo recomendó incluir un enfoque de género en las estrategias de prevención, para evitar que la violencia política basada en género pueda intensificar la conflictividad electoral.
