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En medio del arranque formal del calendario electoral de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encendió las alertas sobre el manejo de la información personal de los ciudadanos en la contienda política. La entidad, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, expidió la Circular Externa No. 002 de 2026, con la que impartió instrucciones precisas y obligatorias sobre el uso de datos con fines políticos o electorales.
La circular aplica a partidos y movimientos políticos, candidatas y candidatos, campañas, empresas de marketing electoral y demás actores que recolecten o utilicen datos personales durante el proceso electoral. El mensaje central es claro: el uso de información personal en política no está exento del cumplimiento estricto del régimen de protección de datos.
La SIC recordó que todo tratamiento de datos debe ajustarse a los principios y obligaciones previstos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, lo que implica adoptar medidas técnicas, organizacionales y administrativas acordes con los riesgos propios de las campañas políticas, especialmente en entornos digitales.
Uno de los puntos más enfáticos de la circular es la exigencia de contar con autorización previa e informada del titular. Ningún dato personal podrá ser recolectado, incorporado en bases de datos o analizado con fines políticos si no existe un consentimiento claro, verificable y otorgado de manera expresa por el ciudadano.
Uso adecuado de datos personales. Foto:iStock
En esa misma línea, la entidad prohibió prácticas frecuentes en campañas, como agregar personas a grupos de WhatsApp, listas de difusión o envíos masivos de mensajes sin su consentimiento previo. También reiteró que todos los canales de recolección de información —físicos o digitales— deben incluir la Política de Tratamiento de Datos Personales, avisos de privacidad y mecanismos efectivos de autorización.
La circular pone especial atención sobre los datos sensibles. Está expresamente prohibido elaborar perfiles basados en la orientación política, preferencias ideológicas u otros datos sensibles sin autorización explícita, dada la alta probabilidad de discriminación, manipulación o afectación de derechos fundamentales.
Derechos ciudadanos
Otro aspecto clave es la transparencia en el uso de tecnologías. La SIC ordenó que los responsables del tratamiento informen, de forma proactiva o a solicitud de los titulares, cómo se usaron sus datos para la entrega de mensajes políticos, cuáles fueron los criterios de segmentación aplicados, la fuente de la información y si se emplearon herramientas de inteligencia artificial.
Asimismo, los mecanismos para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir datos deberán ser ágiles, permanentes y tan sencillos como los utilizados para recolectar la información. En ningún caso el ejercicio de estos derechos podrá convertirse en una barrera para el ciudadano.
La Superintendencia de Industria y Comercio aplicará sanciones a quienes no cumplan reglas. Foto:Archivo particular
La única excepción clara está en la comunicación con afiliados, miembros o seguidores de partidos y movimientos políticos. En estos casos, sí se permite el uso de datos para mantener contacto directo, siempre que la información no sea suministrada a terceros sin autorización previa del titular.
Con esta circular, la SIC reafirmó que la protección de los datos personales es un pilar del sistema democrático y un requisito indispensable para garantizar elecciones libres, transparentes y respetuosas de los derechos fundamentales, justo cuando Colombia se prepara para una intensa agenda electoral que culminará con la elección presidencial de 2026.
Año electoral
Las directrices de la SIC se conocen en un año decisivo para la democracia colombiana. El 2026 concentra uno de los calendarios electorales más intensos de los últimos años, con elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo y junio, en un entorno marcado por alta polarización política, uso creciente de plataformas digitales y una mayor exposición de los ciudadanos a mensajes personalizados de campaña.
En febrero y marzo, la actividad política entra en una fase de mayor exposición pública. Foto:Santiago Saldarriaga / El Tiempo
Desde enero ya están en marcha hitos clave del proceso: inició la campaña presidencial, se activó la Ley de Garantías y comenzó la inscripción formal de candidaturas, tanto de partidos políticos como de grupos significativos de ciudadanos.
Al mismo tiempo, la Registraduría Nacional del Estado Civil avanzó en la definición del censo electoral, la selección de jurados de votación y la certificación de firmas, etapas que suelen venir acompañadas de un incremento en la recolección y circulación de datos personales.
En febrero y marzo, la actividad política entra en una fase de mayor exposición pública. Se habilita la propaganda electoral en prensa, radio y televisión, se intensifican los actos proselitistas y comienzan los espacios gratuitos en medios asignados por el Consejo Nacional Electoral. A ello se suma el voto de los colombianos en el exterior y la realización de las elecciones legislativas del 8 de marzo, consideradas un termómetro clave para la contienda presidencial.
Posteriormente, la campaña se concentrará en la elección del jefe de Estado, con la primera vuelta prevista para el 31 de mayo y una eventual segunda vuelta el 21 de junio. En este tramo final, el contacto directo con los votantes se intensifica a través de redes sociales, mensajería instantánea, bases de datos comerciales y herramientas de segmentación digital, lo que eleva los riesgos de uso indebido de información personal y explica el énfasis preventivo de la SIC en fijar reglas claras antes de que el proselitismo alcance su punto más alto.
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