Contratar a un trabajador de salario mínimo implica mucho más que pagarle un sueldo mensual, por lo que un incremento exagerado para el 2026 podría repercutir, sobre todo, en las pequeñas empresas.
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Y es que el costo mensual total de un empleado no solo incluye la remuneración básica, sino también todas las obligaciones que conlleva la formalidad laboral, tales como aportes a la seguridad social, prestaciones y parafiscales.
Aumento del salario mínimo. Foto:iStock
Si bien este año el salario mínimo es de $ 1.423.500, lo que cuesta realmente un trabajador llega a alrededor de $ 2.240.349 si se tiene en cuenta el auxilio de transporte (200.000 pesos) y el resto de los pagos obligatorios.
La cuestión es que si el mínimo se eleva un 10 por ciento el próximo año, como han propuesto las centrales obreras, el costo por empleado ascendería a alrededor de 2,46 millones de pesos. Y si se incrementa alrededor de 11 por ciento hasta los 1,8 millones (salario más auxilio), como aseguró el ministro del Interior, Armando Benedetti, llegaría a unos 2,48 millones de pesos, lo que según los diferentes empresarios podría afectar su operación.
“Representaría una carga significativa para las empresas, en especial para las micro, pequeñas y medianas, donde incluso un aumento leve en los costos laborales puede determinar la posibilidad de mantener o reducir su planta de personal. En este sentido, cualquier modificación debe analizarse con rigor, atendiendo a su efecto sobre la competitividad, la generación de empleo y la sostenibilidad empresarial”, le dijo a este medio Rosmery Quintero, presidenta del Observatorio nacional de la Mipyme.
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Lo que costaría un trabajador
Acopi hizo el ejercicio de cuánto podría llegar a costar un trabajador que gana un mínimo con ese aumento. Si el mínimo se incrementara ese 10 por ciento que proponen los sindicatos, el salario llegaría a $ 1.565.850 y el auxilio de transporte quedaría en 220.000, lo que constituiría un ingreso mensual de $ 1.786.850.
A ese valor se le tendría que sumar el pago por la pensión (187.902 pesos) que aporta la empresa de 12 por ciento y por la afiliación por el mínimo (8.174 pesos) a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
La compañía también tendría que pagar más prestaciones sociales por cada trabajador. Tendría que asumir las primas legales (148.761 pesos), las cesantías (148.761 pesos) y los intereses de estas (17.859 pesos). Igualmente, aportaría las vacaciones (65.296 pesos).
Adicional a ello, está el pago por la caja de compensación (62.634 pesos) y por la dotación (44.485 pesos).
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Foto:Ministerio de Trabajo
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Estos serían los valores:
- Salario mensual: 1’56 millones de pesos
- Auxilio de transporte: 220.000 pesos
- ARL: 8.174 pesos (riesgo mínimo)
- Primas legales: 148.761 pesos
- Cesantías: 148.761 pesos
- Intereses de cesantías: 17.859 pesos
- Caja de Compensación Familiar: 62.634 pesos
¿Cómo va la negociación?
La mesa tripartita que negocia el mínimo, la cual está conformada por sindicatos, empresarios y representantes del Gobierno, se reunió por primera vez el viernes y estableció un calendario para comenzar la discusión.
Con el objetivo de preservar el ingreso de las personas, la fórmula que se utiliza normalmente tiene en cuenta la inflación del año anterior (a octubre va en 5,51 por ciento) y el crecimiento de la productividad laboral (según el centro de estudios económicos Anif habría mostrado una desaceleración).
El presidente de Fernalco, Cabal, habla del salario mínimo. Foto:Archivo
Sin embargo, tanto la propuesta de las centrales obreras como la del Gobierno Nacional sería mayor a la de la fórmula habitual. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes Fenalco, afirmó que aumentarlo por encima de la inflación no mejora el poder adquisitivo porque ese mayor costo laboral suele trasladarse a los precios de los productos y servicios.
“En la práctica, esto se convierte en lo comido por lo servido. Sube el salario, pero también suben los precios, y el trabajador termina sin un beneficio real. Este fenómeno se conoce como indexación, un círculo en el que el alza salarial genera más inflación y la inflación obliga a nuevos aumentos, sin que haya un avance concreto en el bienestar”, aseguró.
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También, según el gremio Acopi, un aumento superior al 7 por ciento podría reducir el salario real, afectar la inversión y poner en riesgo la estabilidad del empleo.
“En la práctica, un incremento desproporcionado solo serviría para impulsar la inflación, anulando los beneficios que el alza busca generar en el poder adquisitivo de los trabajadores”, aseguró Quintero.
