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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado simultáneamente a siete antiguos miembros de las Farc, 21 militares retirados y cinco empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba, considerándolos máximos responsables de crímenes graves cometidos en Urabá entre 1986 y 2003.
Esta determinación, parte del macrocaso 04, establece un precedente en la justicia transicional en Colombia, al señalar la responsabilidad conjunta de actores armados y civiles en una dinámica criminal que dejó más de medio millón de víctimas en una de las áreas más afectadas por el conflicto armado.
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El caso Urabá, uno de los tres procesos territoriales priorizados por la JEP, incluye eventos ocurridos en municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba, como Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Acandí, Unguía, Riosucio, Carmen del Darién, Tierralta y Valencia.
La región fue un escenario de prolongada lucha por el control político, económico y territorial, considerada estratégica para el desarrollo de ciertos proyectos económicos a gran escala.
El auto de imputación, que consta de 1.557 páginas, detalla los patrones criminales y las violencias sufridas por mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos y líderes sociales.
La JEP identificó tres patrones criminales principales en la región. El primero, la eliminación motivada por prejuicios de ser considerados enemigos, resultó en masacres y asesinatos selectivos de personas estigmatizadas como colaboradoras de grupos armados contrarios.
Un caso emblemático es la masacre de Pueblo Bello, en Turbo, donde paramilitares, con apoyo del Ejército, asesinaron a 43 campesinos acusados de tener vínculos con la guerrilla.
Los perpetradores trasladaron a las víctimas en camiones robados hasta una finca en Valencia, Córdoba, donde las torturaron y asesinaron; 37 de los cuerpos aún permanecen desaparecidos.
Otro hecho significativo bajo este patrón es el asesinato de Liliana Londoño Díaz, una joven de 22 años, quien fue degollada por miembros del quinto frente de las Farc en 1997, en un acto de “prejuicio enemigo” relacionado con el control territorial.
El segundo patrón, relativo al vaciamiento territorial y el despojo de tierras, involucró principalmente a exmiembros del Ejército, grupos paramilitares y actores civiles como el Fondo Ganadero de Córdoba.
La JEP ha demostrado cómo la violencia fue utilizada para desplazar a las comunidades y hacer posible la adquisición masiva de tierras, especialmente en la región de Tulapas, que incluye municipios como Turbo, San Pedro de Urabá y Necoclí.
La llegada de los paramilitares en 1994 coincidió con la imposición de controles armados y un aumento en el número de homicidios. Benito Molina Valverde, presidente de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, reconoció ante la JEP que la guerra fue la “antesala” para el vaciamiento del territorio y la apertura a intereses económicos, respaldados por la intervención de los paramilitares.
Solo en 1995, se registraron 1.484 asesinatos y 395 desapariciones en Turbo, consolidando a Tulapas como el primer epicentro de vaciamiento regional y un modelo de despojo.
El tercer patrón criminal, el control sociocultural y territorial, se manifestó en ataques dirigidos a líderes sociales y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
Entre los incidentes más graves se encuentra la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, cuando un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las Farc impactó en la iglesia donde se refugiaban civiles, resultando en la muerte de 98 personas. Se ha documentado también el asesinato de María Ricardina Perea Mosquera, lideresa afrocolombiana y tesorera de la Junta de Acción Comunal del Consejo Comunitario de Las Pavas, en Riosucio, Chocó.
Rodolfo Restrepo Ruiz, alias Víctor Tirado, admitió ante la JEP haber ejecutado el crimen por instrucciones de un comandante de las Farc, bajo acusaciones que nunca se corroboraron. Además, la destrucción de la bonga tutelar del Consejo Comunitario de La Grande, en Carmen del Darién, por parte del frente 75 de las Farc, causó un daño ambiental significativo al represar un afluente y sedimentar el río, impactando a la comunidad.
La magnitud de las violaciones documentadas es impresionante. En el marco del macrocaso 04, la JEP ha acreditado 54.672 víctimas por desapariciones, desplazamientos forzados, homicidios, torturas, violencia sexual, daños ambientales y despojo de tierras.
En la región de Urabá, el recuento total de personas reconocidas como víctimas asciende a 504.853, reflejando el impacto devastador de las acciones coordinadas entre exguerrilleros, militares y civiles.
Tras la imputación, los 34 comparecientes que optaron por la justicia transicional tienen un plazo de 60 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad en los crímenes mencionados. Si aceptan los cargos, deberán comparecer ante las víctimas y asumir públicamente el daño ocasionado en Urabá.
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