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Los exintegrantes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), actualmente actuando como gestores de paz en el proceso del Gobierno, manifestaron su descontento hacia la acción presentada por la Defensoría del Pueblo que busca invalidar sus designaciones.
En un comunicado a la opinión pública, los firmantes indicaron que la demanda ignora su trayectoria en desmovilización, cumplimiento judicial y su participación en mecanismos de verdad durante más de dos décadas.
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Según los firmantes, el anuncio de la Defensoría, dirigida por Iris Marín Ortiz, generó preocupación porque consideraron que afecta tanto el proceso de diálogo con el Gobierno como las iniciativas restaurativas que están llevando a cabo.
En el comunicado, los gestores de paz expresaron que fueron recibidos con “preocupación” ante la demanda presentada por la Defensoría. En el texto indicaron: “Queremos expresar nuestra sorpresa por la acción administrativa presentada por la Defensoría del Pueblo bajo la dirección de la Dra. Iris Marín Ortiz, especialmente cuando se basa en prejuicios e imprecisiones significativas.”
El documento recuerda que su desmovilización tuvo lugar entre 2003 y 2006 como parte de un proceso político con el Estado colombiano, al que más de 35.000 integrantes se acogieron. Este acuerdo no fue firmado ni completado en su totalidad, según afirmaron, por razones que deben aclarar las autoridades del Estado.
Además, señalaron que durante estas dos décadas han participado en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, derivados del acuerdo entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC. En el texto se afirma: “Estamos aquí precisamente porque apoyamos la institucionalidad”, explicando así su conexión con el diálogo actual con el Gobierno.
Los gestores de paz criticaron un apartado de la demanda de la Defensoría que los señala como “responsables de crímenes de lesa humanidad y con un historial documentado de incumplimiento parcial de sus obligaciones con la justicia”. En respuesta, afirmaron: “Durante más de 20 años hemos CUMPLIDO cabalmente con los requisitos y deberes; hay miles de horas de audiencias de las cuales son testigos los numerosos abogados de la Defensoría del Pueblo”.
En el texto se agregó que la justicia transicional también incluye su derecho a la reincorporación, a segundas oportunidades y a no ser objeto de estigmatización. Manifestaron que esta condición debe ser parte de la consideración institucional sobre su actual participación en procesos restaurativos.
El comunicado también abordó los argumentos de la defensora Marín sobre los riesgos que conllevaría su designación como Gestores de Paz. En particular, respondieron a su afirmación: “Debilita la credibilidad del Estado como garante de justicia”, aclarando que sus actividades abarcan la búsqueda de desaparecidos, la socialización de verdades judiciales y la identificación de bienes ya entregados al Estado.
Los firmantes anunciaron que informarán al Consejo de Estado sobre los argumentos de hecho y de derecho que esperan utilizar para contrarrestar la demanda, señalando lo que consideran imprecisiones en la solicitud de nulidad de la Defensoría sobre sus nombramientos.
En el comunicado expresaron su preocupación por lo que consideran un rechazo institucional a iniciativas humanitarias relacionadas con las gestorías de paz. Entre las actividades mencionadas están la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de bienes para reparación y la facilitación de diálogos sociológicos y jurídicos en comunidades afectadas por el conflicto.
El texto menciona: “Nos preocupa enormemente su rechazo hacia acciones humanitarias y reparadoras que fundamentan nuestras gestorías de paz”, subrayando que estas labores se realizan después de dos décadas de desmovilización y sometimiento a las instituciones del Estado.
Los exparamilitares también señalaron que más de 5.300 exintegrantes desmovilizados han sido asesinados desde su desvinculación de las antiguas Autodefensas, instando a la Defensoría a pronunciarse con la misma firmeza ante estos hechos, que consideran de su competencia.
Los gestores reiteraron su disposición para mantener un diálogo público con la defensora del Pueblo respecto a los cuestionamientos incluidos en la demanda. “Hacemos un llamado a un diálogo público sobre los temas planteados en la demanda, pues creemos que la sociedad tiene el derecho de conocer estos debates”, expresaron.
Los firmantes sostuvieron que la ciudadanía merece contar con información suficiente para formarse un criterio sobre los alcances de su participación como gestores de paz, así como sobre el proceso de reincorporación que, afirmaron, ha llegado a dos décadas.
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