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El servicio de electricidad se suspendió cerca de las seis de la tarde del martes pasado, justo cuando miles de barranquilleros volvían a sus hogares al final de un día de trabajo. Durante cuatro horas, medio millón de personas quedaron a oscuras e incontables almacenes se vieron obligados a cerrar sus puertas temprano.
Según la Cámara de Comercio de la ciudad, el impacto negativo del corte de luz ascendió a 23.000 millones de pesos. La culpa habría sido de una “avería en un equipo del sistema eléctrico de alta tensión de propiedad de un particular (…) en la estación Oasis”, sostuvo un comunicado de la empresa Air-e, encargada del suministro en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En respuesta, el diario El Heraldo calificó el pronunciamiento como una “críptica explicación” al haber dejado “más dudas que certezas”. Como en ocasiones anteriores las reacciones negativas no se hicieron esperar, junto con las advertencias de los expertos. “Lo peor está por venir”, sentenció el exministro Amylkar Acosta.
Y es que, a menos que se tome un correctivo de fondo, parecerían estarse escribiendo las páginas finales de la crónica de un descalabro anunciado. Lo que está en riesgo no es solo que vengan más apagones en buena parte de la costa Caribe, sino la propia estabilidad del sector energético, ante la alta probabilidad de que tenga lugar una reacción en cadena por cuenta del incumplimiento de obligaciones financieras billonarias.
Para algunos, lo que ocurre es consecuencia de un esquema que arrancó mal, equivalente a un círculo vicioso al cual se le han agregado decisiones cuestionables que podrían revertirse con el liderazgo adecuado y una buena cantidad de dinero. Otros van más allá y hablan de la aceleración de una “crisis explícita” impulsada por la administración Petro, equivalente a la que condujo a la quiebra del sistema de salud, cuya intención final es la intervención del Estado con el propósito de nacionalizar por la puerta de atrás lo que hoy manejan las empresas privadas.
Con razón las miradas confluyen en Air-e, en donde se juega la suerte del modelo construido sobre las lecciones dejadas por el racionamiento de 1992. Pronosticar lo que viene no es fácil, entre otras porque dentro del Ejecutivo hay posiciones divergentes. Ya circula el borrador de un documento Conpes que –así deba interpretarse como algo muy preliminar– destapa algunas cartas que merecen ser analizadas.
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Apagón en Barranquilla. Foto:Agencia Kronos
En la mira
Tal como lo señala el texto, la historia actual comenzó a finales de 2020, cuando se completó la escisión de lo que fuera Electricaribe y el mercado del norte del territorio nacional fue asignado a dos compañías: Air-e, el nombre comercial de una sociedad respaldada por los dueños de la Empresa de Energía de Pereira y Enertolima; y Afinia, de las Empresas Públicas de Medellín. La estructura diseñada incluía un compromiso de inversiones significativas para reducir los cortes de luz y disminuir las llamadas “pérdidas negras” (la diferencia entre los kilovatios que se entregan y los que se cobran), a cambio de una prima en las tarifas aplicadas.
Si bien las cosas arrancaron según lo establecido, en 2023 se hicieron evidentes una serie de problemas que se manifestaron en limitaciones de caja e incumplimientos de obligaciones con los generadores de electricidad. Parte de las dificultades pueden atribuirse a la demora en recuperar lo correspondiente a la “opción tarifaria”, el mecanismo usado durante la pandemia para congelar el valor del recibo de los usuarios a cambio de una facturación posterior.
Tener esos recursos en el limbo aceleró el tamaño de la bola de nieve. El escrito gubernamental asegura, además, que “entre marzo y agosto de 2024, los administradores de Air-e (…) tomaron decisiones que comprometieron el principio de continuidad y calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica”.
De tal manera, en septiembre del año pasado la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios optó por la toma de control de la firma, que consiste en efectuar la posesión de bienes, haberes y negocios. En enero la entidad señaló que esta tenía “fines liquidatarios”, por lo cual su carácter es temporal.
Foto:Air-e
Sin duda el proceso ha incluido numerosos sobresaltos. El conocido periodista Jorge Cura sostiene que “la intervención ha sido un fracaso, pues llevamos cuatro agentes interventores y el servicio no mejora”. Agrega el director de la emisora Atlántico que “los cortes de energía en los sectores populares cada día son más largos y hay municipios en donde duran toda la jornada para hacer dizque mantenimientos, cuando sabemos que son racionamientos”.
Ante la falta de plata, las deudas crecen. Según las cifras disponibles, las acreencias de Air-e con las generadoras, correspondientes a los últimos nueve meses, van en cerca de 1,2 billones de pesos, aparte de los 524.000 millones que quedaron en suspenso en septiembre. Es verdad que después de una orden judicial -que obligó al Gobierno al pago de los subsidios correspondientes a 2024- ingresaron 230.000 millones a las arcas de la compañía, pero ese respiro -que permitió llegar a acuerdos con más de un centenar de generadores y transmisores- dura poco. Cuando se incluyen otros actores del segmento las cuentas pendientes superarían los 2,5 billones.
A todas estas, el Ministerio de Minas y Energía le ha pedido a la Superintendencia una inyección de efectivo que debería salir del fondo empresarial que maneja esta última. El problema es que ese vehículo se encuentra desfinanciado, con lo cual aparecen ideas como la de una renta parafiscal que debería pasar por el Congreso, iniciativa de difícil concreción en las actuales circunstancias políticas.
Mientras tanto, el tiempo corre. Aparte de las obligaciones al alza, no hay mucho músculo para hacer mantenimientos preventivos. “Las líneas están debilitadas y el sistema se encuentra muy frágil, por lo cual se puede afirmar que esto en cualquier momento saca la mano. El panorama es desolador”, añade Jorge Cura.
Como si eso no fuera suficiente, además de las diferencias ventiladas públicamente entre el ministro Edwin Palma y el superintendente Yanod Márquez, hay una verdadera feria de rumores sobre intereses particulares en procesos de contratación y proveeduría. Nombres como el del empresario Camilo Romero, cercano a la Casa de Nariño, son mencionados de manera insistente, agregándole otro nudo a la madeja.
Foto:iStock
A grandes males
¿En qué consiste la solución que estaría siendo considerada? El borrador del documento Conpes propone la creación de una nueva sociedad por parte de Air-e, que a continuación sería adquirida con capital público. Acto seguido esta compraría los activos indispensables para prestar el servicio, según un valor en libros calculado en 980.000 millones de pesos, y recibiría algunas deudas.
Una vez concretada esa etapa, la idea es conseguir que las cuentas por pagar a entidades del sector público sean capitalizadas. Recursos frescos por medio billón de pesos, también se mencionan, con lo cual los aportes estatales sumarían 1,48 billones. Al esquema señalado se le agregaría una garantía de la Nación para obtener un préstamo por 1,52 billones que sería usado para desarrollar el plan de inversiones y modernización pendiente.
Por ahora, la idea descrita deja una buena cantidad de cabos sueltos. No es claro, para comenzar, cómo podría Air-e responderles a sus acreedores actuales. El trasfondo de que un buen número de empresas privadas y públicas se vean obligadas a castigar sus balances oscurecería todavía más las perspectivas de un sector que atraviesa serias dificultades.
Tampoco resulta evidente que haya el margen de tiempo suficiente para hacer tantos movimientos cuando las urgencias apremian y apuntan a ser mayores. Por ejemplo, la reciente decisión de acabar con el marco tarifario especial que encarecía las facturas en la Costa recibió aplausos porque beneficia a los usuarios, pero descuadra las proyecciones hechas y exige sustituir esa caja que ya no llegará.
Sobre el papel lo ideal sería combinar medidas de choque que deberían incluir recursos del presupuesto, junto con soluciones orientadas al mediano y largo plazo. El lío es que, en medio de un desbarajuste fiscal sin precedentes, la probabilidad de que el Ministerio de Hacienda haga un giro cuantioso es muy baja, por no decir inexistente.
Aquí aparece el fantasma de lo que algunos describen como un “apagón”, tanto financiero como real. Al tumbar una ficha que representa en números gruesos el 15 por ciento del dominó, el peligro de un derrumbe total se dispara.
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Foto:Vanexa Romero/El Tiempo
Tal como lo explica el socio de On Point Consulting y exdirector de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Christian Jaramillo, hay dos tipos de riesgos sistémicos. Uno es financiero, por las pérdidas derivadas de los impagos y los castigos contables en los balances de múltiples firmas, las cuales se extenderían hasta las entidades de crédito, en caso de que se vuelva imposible cumplir con las obligaciones asumidas. Otro es la dificultad de generar si no hay como comprar insumos, reparar máquinas o pagar trabajadores.
Para el experto, las más expuestas son las plantas térmicas que han incurrido en gastos de combustible por cuenta de un tercero. Una pérdida súbita podría comprometer su factibilidad de operar, algo indeseable en un país en el cual la capacidad del sistema se encuentra casi a tope porque muchos proyectos de expansión no han podido salir adelante. “Podría verse una insuficiencia en el momento de responder a la demanda”, opina Jaramillo, algo que se convertiría en crítico en épocas de sequía.
Escenarios extremos, como la de desatar una ola de intervenciones a cargo de la Superservicios con base en la exigencia de garantizar la continuidad del servicio, no pueden ignorarse. A pesar de los cuantiosos errores cometidos en el pasado y los escándalos de corrupción que rodearon al sector eléctrico durante décadas cuando este se encontraba en manos estatales, la tentación de actuar en plena época electoral puede llegar a ser grande para un Gobierno que escucha con atención los cantos de sirena del populismo.
Debido a ello, el tema merece ponerse sobre la mesa, a sabiendas de que los desafíos son formidables. Hacia adelante el reto es construir un esquema viable para los diferentes eslabones de la cadena. Temas tan espinosos como la fijación de tarifas que sean a la vez justas y competitivas no pueden mirarse de manera individual, sino que forman parte de una agenda compleja que necesita un enfoque integral.
Respecto a la zona, el reto es cambiar de página. “Urge una solución estructural para abordar la problemática del sector eléctrico en la región Caribe, más allá de quedarnos solamente en el tema de Air-e”, dice José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis). “Ya llevamos 30 años viendo el paso de diferentes operadores y sin duda la solución trasciende la eficiencia o solidez de cualquiera que venga”, subraya el directivo gremial, haciendo referencia a la necesidad de un enfoque diferencial en un área donde la pobreza supera el promedio nacional.
Entretanto, las alarmas suenan con intensidad máxima. Como dice Amylkar Acosta, “estamos en la cuerda floja”, mientras la profundidad del abismo crece y todavía no aparece la red que nos pueda salvar de una caída que apunta a ser más fuerte con cada día que pasa. De ahí que resulte crucial encontrar una solución definitiva para un sistema que se está quedando sin oxígeno, no solo sin Air-e.
RICARDO ÁVILA PINTO
Especial para EL TIEMPO
En X: @ravilapinto
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