Colombia
Fiscalía aplaza interrogatorio a Ricardo Roa por presuntas irregularidades en compra de penthouse en Bogotá
El interrogatorio previsto por la Fiscalía General de la Nación a Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, ha sido reprogramado para mediados de diciembre, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso judicial. Este cambio se produce en el marco de una investigación sobre la posible compra irregular de un penthouse de lujo en el norte de Bogotá, vinculado a una operación financiera bajo revisión por posibles delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El interrogatorio estaba programado para hoy, miércoles 10 de noviembre, y ha sido aplazado hasta el viernes 15 de diciembre en las instalaciones de la Fiscalía, supervisado por la Dirección Especializada contra la Corrupción. Esta modificación responde a requerimientos administrativos y la necesidad de investigar más a fondo las transacciones relacionadas con el caso.
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La compra del penthouse 901, valorado en 1.800 millones de pesos colombianos (alrededor de 480.000 dólares estadounidenses), planteó posibles conflictos de interés, ya que fue registrada inicialmente a nombre de Princeton International Holding, una empresa asociada a la figura del sector hidrocarburos, Serafino Iácono. La adquisición tuvo lugar en diciembre de 2022, cuando Roa no era presidente de Ecopetrol sino gerente de campaña del presidente Gustavo Petro.
El caso ha suscitado una gran atención debido a las dudas sobre los métodos de pago. La indagación, a cargo de fiscales anticorrupción, ha señalado que las transacciones relacionadas con el apartamento se realizaron a través de Innova Mercadeo y Logística LTDA, empresa vinculada a Juan Guillermo Mancera, un oficial retirado de la Policía Nacional. Documentos difundidos por el periodista Daniel Coronell en El Reporte Coronell indican que los pagos no se hicieron en un orden habitual, presentando inconsistencias con las declaraciones de los involucrados.
Ante la profundización de la investigación, la Fiscalía ordenó inspecciones en las oficinas de Mancera en Ibagué y Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial. El propósito de estas acciones es verificar si hubo irregularidades en la transferencia de fondos o en la normativa sobre lavado de activos.
El testimonio de Serafino Iácono a El Tiempo arrojó luz sobre la relación entre las partes. Iácono declaró: “Conozco al coronel Mancera desde hace años, por trabajar juntos, lo que derivó en una amistad. Le vendí en 2022 (antes de que Petro asumiera) el inmueble que tenía desocupado. Meses después de consentir y haber pagado, me comunicó que no lo habitaría como inicialmente me había indicado y que lo vendió a un tercero. Por eso, Mancera pagó a plazos.
Esta declaración contrasta con información de El Reporte Coronell, que sostiene que los pagos de Mancera ocurrieron después del 7 de marzo de 2023, cuando ya el inmueble estaba a nombre de Roa, extendiéndose hasta febrero de 2024.
Según la documentación recopilada, la formalización de la propiedad se realizó el 7 de diciembre de 2022 mediante escritura pública en la Notaría 34 de Bogotá, el mismo día en que Princeton International Holding aún era titular del inmueble. Luego, se hicieron seis pagos a una cuenta de Bancolombia, conforme a una carta enviada por el representante legal suplente de Princeton International a un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la cual ya está en manos de la Fiscalía.
El Tiempo y El Reporte Coronell han indicado que la investigación también evalúa si el traspaso del inmueble estuvo vinculado a una posible promesa de futuros contratos con Ecopetrol, beneficiándose de la influencia de Roa al convertirse en presidente de la empresa estatal.
En medio de la polémica, Ricardo Roa ha asegurado que la compra del apartamento se hizo con recursos propios y que no conocía la titularidad anterior de Princeton International Holding. El presidente de Ecopetrol afirma que no hubo irregularidades ni vínculos contractuales entre su adquisición y las actividades empresariales de Mancera o Iácono.
La situación, supervisada directamente por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, permanecerá bajo observación hasta que se realice el interrogatorio. La fiscalía busca determinar si ha existido una conducta delictiva que comprometa a los implicados o si la operación inmobiliaria cumplió con la legalidad. La citación de Roa para el 15 de diciembre es crucial para esclarecer los hechos y para que la autoridad judicial tome las decisiones pertinentes.
