Colombia
Fiscalía confirma acusación y detención preventiva contra 14 expolicías por desaparición de 14 personas en 1982
La Fiscalía General de la Nación confirmó en su segunda instancia la resolución de acusación y la medida de aseguramiento con detención preventiva contra 14 exoficiales de la Policía Nacional, quienes deberán rendir cuentas por su presunta implicación en la desaparición forzada agravada de 14 personas, acontecida entre marzo y septiembre de 1982 en Bogotá y Gachalá (Cundinamarca).
La decisión fue tomada por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien ratificó la acusación colocada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, considerando que hay suficientes pruebas para llevar a juicio penal a los acusados por un crimen que, según la Fiscalía, perdura como un delito continuo.
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Con esta decisión, el ente acusador rechazó las peticiones de nulidad y las apelaciones de los defensores, quienes intentaron anular la acusación y la medida de aseguramiento impuesta contra los exmiembros de la fuerza policial.
Según la Fiscalía, el estudio del caso mostró que existen pruebas suficientes para respaldar la imputación por desaparición forzada agravada, que es un acto de particular gravedad dada la condición de servidores públicos que tenían los acusados en el momento de los hechos.
La Fiscalía recordó que este caso fue reactivado debido a una revisión ordenada por la Corte Suprema de Justicia el 22 de junio de 2011, lo que permitió abrir nuevamente un expediente que había permanecido estancado durante décadas.
Según el ente investigador, la indagatoria reveló que los servidores de la División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC) supuestamente se unieron con el grupo ilegal conocido como ‘Muerte a Secuestradores’ (MAS) para intentar rescatar a tres menores que habían sido secuestrados.
En el contexto de este acuerdo ilegal, los acusados habrían detenido arbitrariamente a 14 personas, quienes después fueron desaparecidas. Entre las víctimas se encontraban siete estudiantes universitarios, cuatro ciudadanos y un niño, este último estuvo cinco días retenido en una estación de Policía antes de que se perdiera su rastro.
La Fiscalía indicó que, 42 años después de los hechos, se desconoce el paradero de muchas de las víctimas, lo que enfatiza la clasificación del delito como desaparición forzada de carácter permanente.
“Dado que se trata de un delito continuo, ya que incluso hoy no se ha determinado el paradero de las víctimas, el fiscal encargado ordenó la detención preventiva de los acusados”, comentó la Fiscalía en su declaración oficial.
Además de la acusación oficial, el ente acusador subrayó que la medida de aseguramiento de detención preventiva se impuso para prevenir la continuación de la actividad delictiva, considerando las características y el impacto duradero del delito.
La detención se llevará a cabo en los domicilios de los acusados, de acuerdo con lo estipulado en la resolución judicial que permanece vigente tras la decisión de segunda instancia.
Entre los acusados se encuentra el brigadier general en retiro Nacin Yanine Díaz, así como los oficiales retirados Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo Perdomo.
También fueron llamados a juicio los suboficiales retirados José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero y Josué Rafael Cobos Silva, junto con los agentes retirados Henry Espitia Díaz, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez.
Cabe recordar que el 7 de mayo, la Fiscalía había anunciado la acusación formal contra los 14 exmiembros de la Policía Nacional, en el marco del proceso conocido como ‘Colectivo 82’, tras analizar las pruebas reunidas durante años de investigación.
Con la decisión de segunda instancia, la Fiscalía reafirma su postura frente a uno de los casos más significativos de desaparición forzada en el país, sucedido en un contexto de violencia y complicidad entre estructuras estatales y grupos ilegales, y reafirma su compromiso con esclarecer graves violaciones a los derechos humanos.
