Fiscalía inspecciona sede del Comando de Personal del Ejército e Indumil por presuntas filtraciones de las disidencias de ‘Calarcá’ en el Gobierno

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación ejecuta, el viernes 5 de diciembre, acciones de inspección en el Comando de Personal del Ejército Nacional y en las instalaciones de Indumil, como parte de una indagación que se inició tras la extracción de datos de dispositivos pertenecientes al frente 36 de las disidencias de las Farc.

Estos procedimientos se realizan bajo la orden de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y tienen como objetivo recolectar materiales probatorios en el contexto de la investigación por la presunta filtración de información entre miembros del frente 36, liderado por alias Calarcá, y el Gobierno nacional.

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Según imágenes compartidas por medios nacionales, la fiscalía comenzó la inspección en las instalaciones de Indumil y en el Comando de Personal del Ejército aproximadamente 25 minutos antes de que se diera a conocer públicamente la diligencia. Funcionarios del CTI accedieron a las áreas administrativas y empezaron a solicitar documentos, así como a realizar copias espejo de computadoras y dispositivos digitales para determinar si hubo órdenes, maniobras o registros irregulares relacionados con la investigación que ya se desarrolla contra el general Juan Miguel Huertas Herrera, líder del Comando de Personal (Coper).

En Indumil, las verificaciones se centran en la gestión de armas suministradas, con un enfoque particular en determinar si algún material bélico fue entregado fuera de los canales oficiales o si terminó en manos de terceros no autorizados.

Las inspecciones se llevan a cabo en paralelo al eco generado por la investigación publicada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que durante casi un año investigó y verificó documentos, chats, fotografías y comunicaciones halladas en los dispositivos incautados al frente 36. Según el reporte, dicho material podría ayudar a reconstruir presuntos lazos entre los líderes disidentes y funcionarios del Estado, incluyendo a Wílmer Mejía, miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

El medio indicó que varias fuentes dentro de las disidencias confirmaron la autenticidad de las comunicaciones. Un miembro del Estado Mayor Central afirmó que existía una relación directa para la creación de supuestas empresas de seguridad y el intercambio de información clasificada, que permitiría a los grupos armados eludir operativos.

Entre los documentos más relevantes se encuentra una carta del 8 de febrero de 2024, en la que un emisario informó a alias Calarcá sobre una reunión en Bogotá con el general Huertas, a quien se menciona como asesor en entidades estatales. En esa comunicación se propuso crear una empresa de seguridad conjunta, para la cual el oficial se ofreció a gestionar permisos de armas y habilitaciones legales.

Los archivos también contienen conversaciones que refieren motivaciones personales del general y menciones a supuestos ofrecimientos de cargos. El reportaje incluye información sobre reuniones realizadas en Venezuela y luego en Bogotá, donde habrían estado presentes Huertas, Mejía y representantes de las disidencias.

Otro de los elementos bajo análisis son presuntas filtraciones de información desde entidades gubernamentales. Los testimonios recopilados indican que se habrían proporcionado a los guerrilleros datos sobre bases militares, estaciones de Policía, correos oficiales, frecuencias radiales, contactos y desplazamientos de funcionarios. Según los registros, estas alertas habrían facilitado eludirse de operaciones y reducir el número de capturas durante varios meses.

El material asimismo incluye referencias directas a información reservada de la Fiscalía y la Dijín. Se documentan actividades de inteligencia, operaciones encubiertas y ubicaciones de uniformados que llevaban a cabo investigaciones sobre los grupos armados, además de advertencias internas sobre seguimientos y comunicaciones interceptadas.

Un capítulo adicional del informe describe supuestas conversaciones entre alias Calarcá y alias Iván Mordisco respecto a eventuales aportes ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro. En uno de los mensajes incluidos, se sugiere que ciertas pruebas estarían en posesión de líderes disidentes e incluyen menciones tanto al presidente como a la vicepresidenta Francia Márquez.

Este material fue recabado tras la incautación de más de un centenar de dispositivos electrónicos que se llevó a cabo el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, durante operativos contra miembros del frente 36. Aunque alias Calarcá fue detenido, posteriormente fue liberado debido a su estatus como gestor de paz, mientras que los equipos quedaron bajo la custodia de la Fiscalía.