Fiscalía pide cárcel para Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana, por presunta corrupción y sobrecostos

La Fiscalía General de la Nación ha pedido que se imponga una medida de aseguramiento en prisión a Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), por su supuesta implicación en un escándalo de corrupción vinculado a contratos inflados, sobrecostos y la apropiación indebida de recursos públicos durante la gestión del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Esta solicitud se presentó en el contexto de una audiencia de imputación que duró cerca de cuatro horas y que fue interrumpida para analizar los elementos probatorios. La audiencia se reanudará el próximo lunes 2 de febrero, cuando el juez evaluará la petición del ente acusador.

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En la segunda sesión de esta diligencia judicial, se confirmó la imputación contra Juan David Palacio y las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, así como contra el contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Juan Alberto Henao.

Todos han sido imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público, cargos que ninguno ha admitido.

La Fiscalía ha solicitado que Palacio sea privado de libertad, mientras que para las exsubdirectoras ambientales se propone una medida no privativa. En el caso del tesorero, Juan Alberto Cardona, no se solicitó detención, dado su compromiso de colaborar con la justicia.

Uno de los aspectos más controvertidos del proceso judicial es la supuesta injerencia de Miguel Quintero Calle en la contratación directa gestión del AMVA.

Según la Fiscalía, Juan David Palacio era consciente y permitió irregularidades en la contratación, alineándose con las instrucciones de terceros al nombrar funcionarios clave dentro de la entidad. El ente acusador argumenta que el exdirector participó en reuniones y coordinaciones para acordar la distribución de contratos.

La audiencia también abordó la posibilidad de calificar el caso como un grupo de delincuencia organizada (GDO). El fiscal 40 para delitos contra la administración pública indicó que esta solicitud se aplazará para la etapa de acusación, en lugar de presentarse durante la audiencia de imputación.

Según el ente acusador, esta decisión se debe a razones procesales, ya que el caso se desarrolla en fases y se anticipa una tercera ronda de imputados. La Fiscalía subrayó que el aplazamiento no implica el descarte de esta figura, sino que se discutirá formalmente más adelante, conforme a la ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los aspectos más críticos del proceso son los sobrecostos y la falta de bienes entregados que la Fiscalía ha detectado en los contratos en cuestión.

Según el informe presentado en la audiencia, Juan David Palacio Cardona presenta posibles sobrecostos de $1.212.248.302 y bienes o servicios no entregados por $1.268.901.800, totalizando $2.481.150.102. Entre los gastos cuestionados se incluyen recargas de celular por casi 60 millones de pesos y servicios de transporte por más de 41 millones.

En el mismo expediente, la exsubdirectora Ana María Roldán presenta supuestos sobrecostos de $251.915.280 y bienes no entregados por $474.441.800, mientras que Diana María Montoya acumula posibles sobrecostos de $960.333.022 y bienes no entregados por $794.460.000.

La investigación se enfoca en seis convenios firmados entre 2021 y 2023 con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor total asciende a 18.600 millones de pesos. Según la Fiscalía, en estos contratos se habría producido un desfalco cercano a los 2.400 millones de pesos.

En cuanto a este aspecto del proceso, el representante legal del cuerpo bomberil, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, y el tesorero Juan Alberto Cardona, también tienen indicios de sobrecostos y bienes no entregados por más de 2.481 millones de pesos cada uno. Otros funcionarios también están implicados en presuntas irregularidades contractuales.

La Fiscalía ha sido clara al afirmar que Juan David Palacio debe estar en prisión, argumentando que existe riesgo de fuga, obstrucción de la justicia y posibilidades de reiteración delictiva. El ente acusador alegó que el exfuncionario intentó eliminar información crucial de la investigación mediante el formateo de computadoras y la eliminación de archivos.

“Se desempeñó en un papel que facilitó la apropiación indebida de recursos públicos por más de 2.481 millones de pesos”, sostiene la Fiscalía, indicando que Palacio tuvo un papel clave en calidad de coautor impropio.

La Procuraduría General de la Nación anunció su respaldo a la solicitud de la Fiscalía de recluir al exdirector del AMVA.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento fue interrumpida para facilitar la revisión de documentos por las partes. El próximo lunes 2 de febrero, el juez escuchará las defensas y decidirá si Juan David Palacio será enviado a prisión, en uno de los casos de corrupción más significativos relacionados con la administración pasada de Medellín.