Formulan cargos al gobernador de Antioquia por presuntas fallas en proyecto de ciclorrutas del Oriente

La Contraloría General de Antioquia ha presentado cargos por posible detrimento patrimonial contra el gobernador Andrés Julián Rendón, relacionados con un proyecto de movilidad ejecutado durante su gestión como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019, según informes de Blu Radio.

Esta decisión concierne a un plan de construcción de ciclorrutas en el Oriente antioqueño, que fue promocionado como un proyecto regional de gran magnitud.

La investigación se centra en un proyecto impulsado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), que contemplaba una inversión cercana a 25.000 millones de pesos y tenía como objetivo conectar diversos municipios del Oriente, incluyendo Rionegro y Marinilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hallazgos del ente de control indican que la iniciativa no finalizó adecuadamente, a pesar de la existencia de contratos para su realización.

Durante la investigación se descubrió un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos, firmado entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes Antioquia. La Contraloría señaló que, a pesar del monto del convenio, los trabajos comprometidos no cumplieron con el objetivo, cuestionando así la planificación y ejecución del proyecto.

Se destacó que se desembolsaron 26.186 millones de pesos a las empresas contratistas Ingecon e IDC.

Este monto es la base de los cargos fiscales, los cuales no solo afectan al actual gobernador, sino también al gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Rodrigo Hernández, a exgerentes de Indeportes Antioquia, a siete exfuncionarios de esa entidad, a una de las empresas contratistas y a una aseguradora internacional.

En el documento que sostiene la imputación, la Contraloría de Antioquia mencionó fallas en la etapa precontractual, las cuales llevaron a la firma de varios contratos que no cumplen actualmente con su finalidad original. Estas observaciones forman parte del análisis técnico realizado durante la investigación del organismo de control fiscal.

Se habían señalado posibles irregularidades hace más de cinco años por parte de organizaciones ciudadanas, incluyendo la Veeduría Ciudadana al Central Park, un proyecto inconcluso en Bello. En declaraciones recogidas por Blu Radio, su representante, Carlos Contreras, expuso que una de las principales dificultades del proyecto de ciclorrutas tuvo que ver con la adquisición de terrenos necesarios para su ejecución.

“Se requería comprar varias franjas de terreno, pero durante las negociaciones algunos cedieron y otros vendieron, reclamando ahora daños y perjuicios, ya que no han podido ejecutarlos tras tantos años”, afirmó Contreras, al describir los obstáculos del proyecto en el Oriente antioqueño.

El caso ha adquirido un nuevo nivel institucional, ya que la Contraloría General de la República ahora tiene poder preferente en la investigación. Se enviaron copias a la Fiscalía General de la Nación para evaluar posibles implicaciones penales derivadas de los hallazgos del proceso fiscal.

Desde la veeduría ciudadana, se ha solicitado rapidez en las acciones. “Esperamos que la Contraloría General de la República, que tiene el poder preferente en este proceso, actúe con justicia y lo más pronto posible. No puede ser que estos procesos se demoren, como sucedió con el Central Park, durante cinco o seis años, casi a punto de prescribir”, afirmó Contreras en declaraciones publicadas por Blu Radio.

Respecto a la imputación de cargos, el gobernador Andrés Julián Rendón se pronunció, calificando la acción como “inusitada” y destacando que se produjo poco antes de la salida de la actual contralora departamental. El mandatario cuestionó la competencia del ente de control en este punto del proceso administrativo.

“Es evidente el trasfondo político que hay; se hace en el último momento y sin la competencia adecuada, sobrepasando sus funciones. Por ello, hemos solicitado la nulidad en este proceso. Los puntos críticos de las ciclorutas ya están contratados por esta administración. El motivo de este accionar apresurado es que a la Contralora saliente se le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos”, indicó Rendón.

Este asunto con posibles consecuencias fiscales se suma a otra investigación en curso relacionada con la gestión de Rendón durante su mandato como alcalde de Rionegro.

En ese expediente se están investigando supuestas irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata de Policía, por un valor aproximado de 1.270 millones de pesos, los cuales, según la Fiscalía, no se habrían llevado a cabo conforme a la normativa vigente.