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En la mañana del jueves 22 de enero de 2025, se informó que la Corporación Autónoma Regional (CAR) notificó al Gimnasio Campestre Los Laureles sobre una medida provisional que limita el uso de una franja específica de su terreno, ubicada cerca de la orilla del río Frío, donde se halló el cuerpo sin vida de la pequeña Valeria Afanador en agosto de 2025.
Esta acción es la primera que recibe la institución educativa en el marco de las investigaciones relacionadas con la trágica muerte de la niña de 10 años, que conmovió a la nación.
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La institución emitió un comunicado oficial dirigido al público en general.
En el aviso, la administración del Gimnasio Campestre Los Laureles aclaró que la medida no conlleva sanciones ni afecta el funcionamiento académico, administrativo ni comunitario del colegio.
En este sentido, se indicó que la CAR no tiene la autoridad para ordenar la suspensión de actividades educativas.
Se mencionó que esta responsabilidad corresponde exclusivamente a las autoridades educativas, por lo que “no hay decisión que implique el cierre o la suspensión del servicio educativo en el Gimnasio Campestre Los Laureles”.
Así las cosas, el comunicado asegura que el colegio sigue operando con normalidad y mantiene su calendario habitual.
Se detalló que las acciones técnicas solicitadas por la autoridad ambiental ya habían sido implementadas previamente. Por este motivo, el área afectada por la medida no está en uso ni alberga actividades académicas o recreativas.
El Gimnasio Campestre Los Laureles reinstaló su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de normativas, además de manifestar su disposición permanente para proporcionar la información técnica requerida y colaborar en el proceso hasta su finalización.
El colegio aseguró que cualquier avance relevante será comunicado oportunamente a través de sus canales oficiales.
A través de un comunicado, la autoridad regional especificó que sí solicitó la “suspensión inmediata” de las actividades en la zona de protección del Río Frío.
De hecho, se comunicó que esta medida fue adoptada tras identificar intervenciones que, según informes, habrían impactado el suelo en una área de aproximadamente 650 metros cuadrados.
El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que la decisión se basa en la restricción vigente desde 2014, establecida por la Resolución CAR No. 2358, la cual prohíbe actividades distintas a la restauración y conservación ambiental en los 50 metros adyacentes al cauce del Río Frío.
Durante una inspección técnica y jurídica, la CAR identificó varias estructuras y actividades dentro de la ronda de protección, incluyendo una granja, una huerta, una cancha de minigolf, una cubierta metálica, una cancha de voleibol de arena y un parqueadero para bicicletas y motocicletas.
A pesar de que el colegio posee la licencia urbanística para parcelación, nuevas obras y cerramiento, la CAR indicó que no se encontró evidencia del permiso específico para el cerramiento en la zona de protección.
Ballesteros reafirmó la competencia de la autoridad ambiental en estos casos: “Cuando se trata de zonas de conservación ambiental, la CAR es la autoridad competente para ordenar la suspensión de actividades, así como iniciar trámites administrativos ambientales sancionatorios, que tras el debido proceso podrían resultar en multas de hasta 100 mil salarios mínimos mensuales vigentes.”
La medida preventiva impuesta por la CAR tiene como objetivo evitar la continuación de actividades que puedan perjudicar el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
La entidad aclaró que la suspensión solo se levantará una vez se verifique que las causas que originaron la afectación han sido eliminadas.
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