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En una clara maniobra para restringir su participación en el debate de la reforma pensional, la Presidencia de la República presentó el lunes 26 de enero de 2026, una nueva recusación contra el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. El motivo: sus declaraciones públicas sobre la iniciativa que, según el Gobierno, fue aprobada en su totalidad en el Congreso, a pesar de que existen acusaciones sobre la aparente ilegalidad de su trámite en la Cámara.
Con una solicitud firmada por el secretario jurídico del organismo, Augusto Ocampo, se estableció que el magistrado debe apartarse del análisis de la Ley 2381 de 2024, argumentando que ya expresó su postura sobre el tema en una entrevista para el diario El Tiempo, el 18 de enero. “Desde junio de 2025, advertimos que la ley de pensiones presentaba un vicio de trámite que pudo haberse subsanado, pero no se hizo”, expresó el jurista en uno de los fragmentos.
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En la argumentación de Ocampo, la recusación se basa en que Ibáñez habría comentado sobre la constitucionalidad de la reforma durante su entrevista con la periodista María Isabel Rueda. En este contexto, insistió en que una de las respuestas del magistrado podría ser suficiente para activar la causal de recusación contemplada en el artículo 25 del decreto 2067, y así evitar su participación en la discusión de la mencionada ley.
“No se puede ignorar que las declaraciones del magistrado se producen en un contexto institucional altamente sensible, donde decisiones recientes y pronunciamientos de la Corte han sido vistos por amplios sectores de la ciudadanía como sistemáticamente adversos a las políticas y reformas del gobierno democráticamente elegido por Gustavo Petro Urrego”, se señala en la solicitud.
Esta solicitud del Ejecutivo no pasó desapercibida, ya que el magistrado es actualmente el ponente del expediente relacionado con la reforma pensional, un proceso que está en fase de revisión tras la demanda presentada por la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. La reforma, considerada una de las iniciativas legislativas de mayor impacto económico y social en el último año, está bajo el análisis de los nueve miembros de la Sala Plena de la Corte.
No es la primera vez que el Ejecutivo presenta una recusación contra el magistrado Ibáñez. Recientemente, el secretario jurídico de la Presidencia había solicitado que el magistrado se abstuviera de participar en la discusión sobre el decreto de emergencia económica y los impuestos sobre licores y tabaco, también por declaraciones públicas consideradas incompatibles con la imparcialidad necesaria; aunque el mismo Ibáñez se declaró impedido en este caso.
Este nuevo recurso se añade a la controversia generada por las recientes declaraciones mediáticas del presidente de la Corte Constitucional. Según el Gobierno, la divulgación de opiniones sobre la reforma pensional podría interpretarse como un prejuzgamiento, lo que cuestionaría su objetividad en un debate de alta sensibilidad para las finanzas públicas y la seguridad social, argumentos que sustentaron la solicitud de que el togado no ejerza en la discusión.
Durante las sesiones de noviembre de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional evidenció un empate de cuatro votos a favor y cuatro en contra respecto a la constitucionalidad de la ley, lo que llevó a la designación del abogado Carlos Pablo Márquez como conjuez. Este solicitó recientemente la realización de nuevas pruebas y una prórroga antes de definir su voto, cuya decisión será crucial en este caso.
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