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Gremios del sector eléctrico manifestaron su preocupación por las nuevas cargas tributarias creadas por el Ministerio de Hacienda para las generadoras de energía, y que tienen como propósito financiar la recuperación de Air-e.
“Este decreto es irresponsable porque el Gobierno Nacional no ha hecho nada para solucionar el problema de Air-e. Cuando hicieron la intervención, su deuda era de 500.000 millones de pesos, pero en este momento supera los 2,5 billones de pesos”, aseguró el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.
Entre tanto, Andeg aseguró que estos nuevos tributos generan serias afectaciones a la estabilidad financiera del sector y a la credibilidad del marco institucional.
Mientras que Acolgén manifestó que estas decisiones alteran de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente y generan incertidumbre sobre cómo se tomarán las decisiones en el sector en el futuro, lo que puede frenar nuevas inversiones en el sector eléctrico.
“El país necesita invertir entre 10 y 13 billones de pesos cada año para asegurar el suministro de energía en el futuro. Cambiar las reglas de manera abrupta debilita la confianza para seguir invirtiendo, justo en un momento en el que Colombia enfrenta un riesgo de escasez de energía firme que, según datos de XM, podría llegar a 3,5 por ciento en 2027”, señaló Andeg.
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Foto:Air-e
El primer tributo corresponde a una contribución parafiscal del 2,5 por ciento, calculada sobre la utilidad antes de impuestos de las generadoras, para el fortalecimiento del Fondo Empresarial de la Superservicios.
De acuerdo con Andeg, el recaudo estimado de esta medida asciende a cerca de 300.000 millones de pesos, lo que implica una afectación directa y desproporcionada sobre las utilidades de las compañías del sector.
“Esta contribución resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que los generadores, en particular los térmicos, mantienen acreencias con Air-e de 1,2 billones de pesos, a lo que se suman aproximadamente 500.000 millones de pesos correspondientes a obligaciones con el resto de la cadena”, dijo Andeg.
En la práctica, el decreto del Ministerio de Hacienda obliga a los generadores a contribuir al pago de su propia deuda, “situación que vulnera la suficiencia financiera del esquema de prestación del servicio, desincentiva la inversión y deteriora la confianza en las instituciones”.
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Hidroeléctricas de Isagén Foto:Isagén
“¿Quién hará inversiones en este país si cambian las reglas de juego de la manera en que lo están haciendo? Estamos preocupados porque este sector ha logrado evitar un apagón, y con este decreto está más cerca la posibilidad de que eso suceda”, afirmó el presidente de Andesco.
El decreto del Ministerio de Hacienda también establece una contraprestación tributaria transitoria en energía a cargo de las hidroeléctricas que participan en el Mercado de Energía Mayorista.
Esta consiste en la entrega del 12 por ciento de la energía efectivamente vendida en bolsa, con destino a garantizar la continuidad del servicio en las empresas intervenidas, a cambio de un descuento en el impuesto de renta.
Para Andeg, esta medida introduce distorsiones en el modelo de prestación del servicio de energía eléctrica, al establecer cruces de cuentas que no ofrecen una solución estructural ni sostenible a la problemática de Air-e.
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Termotasajero Foto:Mauricio Moreno / EL TIEMPO
Por esto, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, considera que este decreto resulta confiscatorio y presenta serios vicios de ilegalidad, toda vez que compromete la suficiencia financiera de los agentes generadores y les traslada la carga de asumir deudas que no les corresponden.
“Es fundamental una actuación pronta de la Corte Constitucional en la revisión del Decreto 1390 de 2025 y, en particular, del Decreto 044 de 2026, dados sus efectos nocivos sobre la sostenibilidad del sector eléctrico y la credibilidad del marco institucional que ha garantizado la confiabilidad del sistema durante décadas”, agregó.
Acolgén también alertó que este tipo de decisiones hacen más difícil conseguir financiación, desincentivan nuevas inversiones, vulneran tratados internacionales y pueden llegar a considerarse como una forma de expropiación.
“Si no se construyen nuevas plantas, el sistema eléctrico se debilita y aumenta el riesgo de problemas en el suministro en los próximos años, afectando no solo al sector, sino también a los hogares, las empresas y la competitividad del país”, aseguró Acolgén.
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