Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

En las orillas del Bajo Caguán, el silencio ya no representa tranquilidad. Las comunidades de Cartagena del Chairá, en la parte oriental de Caquetá, han vivido semanas repletas de miedo, restricciones y dudas. La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta urgente debido a lo que considera una grave crisis humanitaria, resultado del aumento de la confrontación entre grupos armados ilegales que luchan por el control territorial.

El organismo de control ha señalado que el deterioro de la seguridad ha afectado de manera significativa a la población civil, en especial en las zonas rurales, donde la presencia del estado es escasa. Ahí, campesinos, niños y ancianos enfrentan confinamientos, dificultades para movilizarse y constantes riesgos asociados al incremento de los combates.

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De acuerdo con la Defensoría, la causa de esta nueva escalada es la disputa entre el Bloque Jorge Suárez Briceño y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Ambas organizaciones disidentes luchan por el control de corredores estratégicos en el sur del país.

“En la actualidad, se manifiestan los riesgos advertidos, especialmente en relación con confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, reclutamientos de niños y ataques indiscriminados hacia la población”, indicó la Defensoría. La entidad recordó que estos riesgos habían sido señalados desde 2024, tras alertar sobre la creciente tensión en la región.

Un episodio reciente ocurrió el 28 de enero de 2026, cuando el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez anunció el comienzo de un “paro armado” en Cartagena del Chairá, que se sumó a otra medida similar proclamada en diciembre de 2025, aumentando la presión sobre la vida cotidiana de los habitantes.

Las restricciones no son recientes. Desde octubre de 2025, el Bajo Caguán ha enfrentado limitaciones de movilidad luego de que miembros del Bloque Jorge Suárez Briceño impusieran órdenes que restringen el movimiento y afectan el desarrollo normal de actividades productivas y sociales. Esto ha resultado en un acceso reducido a alimentos, dificultades para recibir atención médica y obstáculos para que niños y jóvenes puedan asistir a clases.

La Defensoría del Pueblo ha afirmado que estas medidas de facto han acentuado la vulnerabilidad de las comunidades campesinas, que ya enfrentaban brechas históricas en infraestructura, servicios públicos y presencia gubernamental. El prolongado confinamiento no solo impacta la economía local, que depende de actividades rurales, sino también la salud mental y el tejido social de las familias.

Ante esta situación, el llamado ha sido claro para los actores armados. La entidad ha exigido que excluyan rigorosamente a la población civil de las hostilidades y se abstengan de realizar acciones que pongan en peligro a las comunidades, en cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario.

Asimismo, se ha hecho un llamado a las autoridades en todos los niveles para actuar con rapidez. “Se solicita a las autoridades locales, departamentales y nacionales implementar acciones urgentes, coordinadas y efectivas, con un enfoque diferencial y de acción sin daño, dirigidas a la protección y atención integral de la población civil en riesgo”, concluyó la entidad.

El mensaje enfatiza la necesidad de respuestas coordinadas que incluyan asistencia humanitaria, garantías de seguridad y estrategias de prevención para evitar nuevos desplazamientos y afectaciones. La colaboración entre instituciones será fundamental para mitigar el impacto del conflicto armado y resguardar a quienes aún habitan en el territorio. Mientras tanto, la Defensoría ha asegurado que mantendrá un seguimiento continuo sobre la evolución de los acontecimientos y que continuará ejerciendo su función constitucional en defensa y garantía de los derechos humanos en la región.