Gustavo Petro aseguró que las EPS “están quebradas”: “Si la ley no se aprueba, se liquidarán de acuerdo a la ley”

El presidente Gustavo Petro defendió la iniciativa de su administración para reestructurar el sistema de salud en Colombia y argumentó la necesidad de intervenir las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Esto se dio tras compartir un mensaje en su cuenta de X la mañana del viernes 27 de febrero de 2026, en el cual afirmó que “la situación de las EPS es en general mala porque están quebradas”.

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Con este comentario, Petro se refirió a lo que considera una crisis que llevó a la promulgación del Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, una reforma que impactará a millones de usuarios del sistema de salud, limitando la libertad de elección y redistribuyendo a la población afiliada entre las EPS autorizadas.

El presidente destacó que el origen del problema está en la gestión financiera de las aseguradoras: “No dejaron las reservas técnicas que todas las aseguradoras deben mantener y entraron en liquidación antes de que asumiera nuestro gobierno”.

Petro enfatizó que la actual administración optó por mantener activas a las EPS en crisis “solo esperando la aprobación del proyecto de ley de reforma a la salud en marzo, para transformarlas en entidades no financieras y no giradoras de recursos. Así podrían sobrevivir en el sistema de salud”.

Además, el presidente añadió que “si no se aprueba la ley, se liquidarán conforme a la normativa”.

El decreto firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, incluye una serie de restricciones sin precedentes sobre la operación de las EPS en Colombia.

Solo podrán seguir operando aquellas que alcancen umbrales mínimos de afiliados, establecidos según la población de cada departamento y municipio.

Por ejemplo, en departamentos con más de dos millones de habitantes, solo seguirán las EPS que abarquen al menos el 5% de los afiliados locales; en regiones intermedias, la exigencia es del 10%, y en las más pequeñas, de 100.000 a 390.000 habitantes, el umbral será del 15%.

En el ámbito municipal, el decreto es aún más riguroso: solo las EPS con al menos el 3% de los afiliados podrán operar en ciudades de más de 500.000 habitantes, mientras que en localidades con menos de 20.000 residentes, solo una EPS podrá estar autorizada.

Esta reestructuración resultará en el traslado obligatorio de más de 6,6 millones de usuarios, priorizando la estabilidad fiscal y la equidad territorial.

Respecto a esto, Petro indicó que “los usuarios de las EPS que se liquiden serán trasladados a las pocas que queden”, subrayando su intención de que las deudas con proveedores se cubran a partir de los patrimonios de los dueños de las EPS, incluidas las entidades públicas.

El proceso de reasignación se llevará a cabo en varias fases. Una vez identificadas las EPS que dejarán de operar en determinada área, la Superintendencia Nacional de Salud enviará, en un plazo de cinco días hábiles, el listado de entidades receptoras al Ministerio de Salud, que a su vez tendrá otros cinco días para asignar formalmente a los afiliados.

Las EPS receptoras tendrán al menos cinco días para reestructurar su funcionamiento antes de aceptar a los nuevos usuarios, asegurando que todo el ciclo no exceda los veinte días hábiles.

Dentro de este esquema, la Nueva EPS, Savia Salud y SOS serán las principales entidades que absorban la mayor parte de los traslados. Más de 3,1 millones de personas serán asignadas a la Nueva EPS.

Por ello, Petro defendió la importancia de la Nueva EPS y explicó: “La Nueva EPS ya está en acción, ahora que el gobierno controla un 1% más de sus acciones, planeo que esté directamente adscrita al ministerio de salud”.

El presidente reconoció que, a pesar de que esta entidad también experimentó prácticas financieras irregulares —“aun con las acciones ilegales de ocultar deudas cuyos responsables están siendo procesados” —, su estructura es diferente.

“La mitad de esa EPS pertenece al gobierno y gran parte de su deuda es responsabilidad de la Nación desde su fundación, ya que era el antiguo Instituto de Seguros Sociales que fue privatizado de forma fraudulenta”, detalló el presidente.

La normativa impone limitaciones a la libertad de elección de los usuarios: quienes sean trasladados deberán permanecer un mínimo de 60 días en la nueva EPS antes de poder solicitar un cambio, y posteriormente solo podrán moverse entre las entidades autorizadas de su área.

Si en una zona únicamente queda una EPS, el derecho a elegir se suspenda temporalmente.

Para evitar consecuencias financieras severas en las EPS receptoras, el decreto incluye una excepción temporal: durante el primer año, los usuarios reasignados no se contarán en ciertos indicadores financieros relacionados con patologías de alto costo.

Por lo tanto, Petro destacó la necesidad de proteger los recursos públicos: “No utilizaremos dinero público para cubrir las deudas de ninguna EPS cuya responsabilidad sea privada; esa propuesta de algunos candidatos presidenciales sería un asalto a la nación”.

El presidente criticó rescates del pasado y subrayó que, al tomar posesión, “la deuda con sus proveedores, en lugar de haberse reducido, había crecido y ya estaban en quiebra”.

El mandatario defendió los logros de su administración al fortalecer el sistema público y avanzar hacia un modelo preventivo:

“Hoy el sistema de salud, diseñado por mi gobierno, preventivo, básico y con un enfoque en fortalecer la red pública con hospitales a todos los niveles de complejidad, ha logrado mejorar los indicadores clave de salud en la sociedad colombiana, incluyendo sustanciales y históricos avances en la mortalidad infantil y materna”, escribió Petro en su extensa publicación en X.

Petro también abordó la atención a determinantes sociales de la salud, como el acceso al agua potable, la mejora de la calidad del aire y la disminución del hambre y la pobreza.

La reestructuración del aseguramiento en salud, que tendrá una vigencia de mínimo cinco años, consolida a la Nueva EPS como la entidad más grande del país y redefine las normas del sistema, bajo la supervisión del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), utilizando la Base de Datos Única de Afiliados (Bdua).