Gustavo Petro le dio un ultimátum a las empresas que consumen diésel: dijo a qué sectores les eliminará el subsidio

En un contexto de anuncios significativos sobre la economía y la energía en Colombia, el gobierno reveló los datos oficiales de exportaciones para 2025. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció que el valor total alcanzó los USD 50.199,9 millones, lo que indica un incremento del 1,3% en comparación con 2024. Este avance, junto con la redefinición del subsidio al diésel, alimenta el debate sobre el futuro energético y productivo del país.

Las exportaciones no minero energéticas mostraron un crecimiento del 20% durante 2025. Entre los sectores destacados, los materiales de construcción crecieron un 28%, las exportaciones de vehículos aumentaron un 30%, los productos de belleza subieron un 24% y los medicamentos se incrementaron un 9%, según datos de Dane. El conjunto de manufacturas tuvo una expansión del 4,8% en comparación con el año anterior.

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El economista Mario Valencia destacó que estos resultados reflejan una tendencia favorable hacia la diversificación productiva. “A pesar de un panorama global tumultuoso, Colombia mantiene y refuerza un comercio exterior enfocado en la transformación productiva. Continuaremos trabajando y apostando por estos sectores”, escribió Valencia en la plataforma X.

El presidente Gustavo Petro interpretó el aumento en las exportaciones como un indicio de su enfoque en una industria y energía renovadas. “Hemos incrementado las exportaciones en áreas clave, creciendo en vehículos, y creo que Colombia se convertirá en un líder en la exportación de coches eléctricos” afirmó Petro.

El mandatario también realizó un llamado a los diversos sectores. “Pido a los industriales y agricultores que dejen de utilizar carbón y diésel, por favor, utilicen energía solar”.

Además, Petro anunció cambios en los subsidios para combustibles fósiles. “Eliminaré subsidios al diésel y al carbón, excepto para el transporte de carga”.

Estas afirmaciones siguieron a la emisión del Decreto 1428 de 2025 por parte del Ministerio de Minas y Energía, que establece un nuevo esquema de precios diferencial para el diésel (Acpm) en vehículos de servicio particular, diplomático y oficial. Esta medida busca corregir distorsiones en el uso de subsidios y proteger las finanzas públicas.

Durante muchos años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) otorgó subsidios al consumo de diésel en vehículos sin una función social crítica, provocando una carga fiscal significativa para el Estado. De acuerdo con la nueva normativa, el precio del diésel para estos vehículos se ajustará a su costo real. El transporte público de carga y pasajeros queda excluido de esta medida, para evitar impactos en el costo de alimentos, transporte y el bienestar de los hogares.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó el objetivo social de este cambio regulatorio. “El subsidio a los combustibles debe aplicarse donde cumpla una función social. Proteger el transporte público garantiza empleo, producción y el costo de vida de millones de familias”, afirmó.

La implementación será gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas. Esta aplicación escalonada busca asegurar un monitoreo del impacto efectivo antes de aplicar la medida a nivel nacional.

Palma enfatizó que esta disposición no implica un aumento generalizado en el precio del combustible, sino una corrección hacia una mayor justicia y sostenibilidad fiscal. “No estamos afectando el diésel del transporte público. Estamos corrigiendo un subsidio que no era justo ni sostenible, para proteger los recursos del Estado y destinarlos donde más se necesitan”.

Por su parte, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) y la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) expresaron su postura sobre el Decreto 1428 de 2025 a través de un comunicado.

Ambos gremios subrayaron su compromiso con la legalidad y la continuidad segura del servicio público de distribución de combustibles.

Además, aclararon que no fijan precios ni establecen subsidios, ya que su operación está regulada y sujeta a las condiciones estipuladas por el Gobierno. “No somos beneficiarios de subsidios ni tenemos influencia en la estructura de precios finales de los combustibles”, aseguró David Jiménez Mejía, vocero del sector.

Las organizaciones subrayaron la necesidad de que la focalización del subsidio se lleve a cabo de manera clara, oportuna y técnica. Solicitaron que la reglamentación posterior evite confusiones, minimice riesgos operativos y establezca condiciones uniformes en los diferentes municipios, para no distorsionar la competencia ni afectar la venta de combustibles.

También enfatizaron la importancia de la coordinación institucional y de una amplia socialización de la medida. Consideran que el éxito del esquema depende de los mecanismos de control, los sistemas de identificación vehicular, y los procesos de fiscalización que no generen cargas excesivas para las estaciones de servicio ni tensiones con los consumidores.

Para concluir, representantes del sector resaltaron la urgencia de que cualquier cambio garantice la viabilidad y continuidad en el servicio de distribución de combustibles, asegurando así el abastecimiento y la seguridad del país.