Colombia
Gustavo Petro tilda de “mentirosa” a Cathy Juvinao y defiende avances del sistema de salud
El presidente Gustavo Petro se manifestó con firmeza ante las recientes críticas de la congresista Cathy Juvinao acerca del estado del sistema de salud, en un contexto caracterizado por el seguimiento judicial al cumplimiento de directrices en el sector. Petro desestimó las acusaciones y resaltó los logros en presupuestos y salud pública de su gobierno.
La polémica se originó tras la decisión de la Corte Constitucional que denegó una extensión al Ministerio de Salud para presentar información crucial sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta medida intensificó la supervisión judicial sobre las acciones del Gobierno en el ámbito de la salud.
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En este marco, Cathy Juvinao emitió en sus redes sociales un severo juicio contra la administración actual. En su publicación, describió la actuación gubernamental como una “asfixia deliberada” al sistema, calificando la actitud del Ejecutivo en estos hechos como “ruin, miserable” y “canalla”, y aludió a los efectos en la salud pública señalando que “cargan con miles de muertos al hombro y no les importa”.
Según Juvinao, las políticas recientes representan un cambio radical desde la promesa de ser una “potencia mundial de la vida” hacia lo que ella denomina “necropolítica”.
La posición de Juvinao retrató el incumplimiento judicial no solo como un asunto administrativo, sino como una muestra de una gestión insensible ante las repercusiones humanas que causa la crisis hospitalaria y financiera. Para la congresista, la renuencia a proporcionar información sobre la UPC evidencia una estrategia sistémica de debilitamiento institucional que repercute directamente en la vida y el bienestar de la población.
Gustavo Petro reaccionó de manera directa y pública a través de sus redes sociales, calificando las afirmaciones de Juvinao como “falsedades”. El mandatario subrayó que el sistema de salud colombiano ha experimentado un notable aumento en los recursos presupuestales durante su gobierno. Según su declaración, este incremento de fondos ha permitido la renovación de numerosas instalaciones de salud y la adquisición de nuevas ambulancias para las comunidades.
Adicionalmente, el presidente enfatizó la disminución a la mitad de la mortalidad infantil por desnutrición, considerándolo un logro significativo en salud pública que contradice las acusaciones sobre el deterioro del sector. En su defensa, Petro subrayó que estos resultados son parte de los “éxitos de salud pública de Colombia” durante su gestión.
El presidente presentó estos logros como evidencia de que el sistema no solo ha resistido sino que ha mejorado, al ofrecer datos concretos en respuesta al diagnóstico de crisis planteado por sectores opositores. Petro afirmó que el refuerzo económico y las inversiones en infraestructura demuestran un esfuerzo constante por asegurar una mejor atención y servicios, diferenciando su perspectiva sobre las causas y las manifestaciones de la actual crisis.
La reacción de ambos protagonistas se produjo tras la resolución del tribunal superior, que reiteró la necesidad de abordar las deficiencias históricas en el sistema de salud. El dictamen judicial hizo hincapié en que las órdenes, emitidas inicialmente en 2016 y reafirmadas en múltiples ocasiones, no pueden seguir sujetas a suspensiones ni nuevos trámites.
La Sala Especial de la Corte consideró que el volumen de información requerida al Ministerio de Salud no justificaba más demoras, refiriéndose a la persistencia de incumplimientos anteriores y a la gravedad de los problemas estructurales. La institución destacó la importancia de la información solicitada para enfrentar el estado de cosas inconstitucional declarado años atrás y avanzar hacia la superación definitiva de la crisis.
El intercambio refleja un momento de tensión política en la agenda nacional relacionada con la salud pública. Mientras la representante Juvinao denuncia una política de omisión activa con graves repercusiones para la población, el presidente Petro defiende avances tangibles y soluciones estructurales a través de inversiones más elevadas y mejor calidad de servicios.
Este debate, impulsado por las decisiones judiciales, revela perspectivas opuestas sobre el rumbo del sistema y la efectividad de la gestión estatal en relación con la supervisión y control de la Corte Constitucional.
