“Hay que dignificar el trabajo”: José Acuña Bayona alerta por impacto del salario mínimo en las mipymes colombianas

La activación del proceso para determinar el salario mínimo del próximo año ha reavivado la discusión sobre indicadores laborales y la capacidad productiva del país.

En este contexto, el empresario José Acuña Bayona presentó un análisis citando a Revista Semana, donde detalla las dificultades que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas ante un posible aumento.

Desde su punto de vista, las modificaciones salariales generan presiones inmediatas sobre las estructuras de costos de las mipymes, que son fundamentales para el empleo formal en Colombia.

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Acuña ha señalado que, para las pequeñas empresas, cada variación en el aumento anual puede influir en la estabilidad de sus empleados.

Como él mismo lo expresó, “un pequeño empresario observa la nómina”, teniendo en cuenta la realidad de mantener una operación con recursos limitados.

Asimismo, indicó que en diciembre, al fijar los ajustes, cada punto adicional se convierte en un factor que puede determinar la continuidad de un puesto, lo cual es crucial en las empresas donde la nómina está directamente relacionada con el flujo de caja.

Las observaciones del empresario se producen en un contexto laboral con marcada dualidad. De acuerdo con cifras del Dane mencionadas por Revista Semana, la informalidad alcanzó el 55 % entre julio y septiembre de 2025.

El Gobierno anunció que hay cerca de 24 millones de personas empleadas y una tasa de desempleo del 8,2 % en octubre, aunque una parte significativa de la fuerza laboral aún carece de protección social y garantías contractuales.

Estos aspectos se consideraron en los primeros encuentros de negociación, realizados este año sin la participación de Fenalco, la organización gremial que decidió retirarse del proceso.

Acuña recordó que dicha organización tuvo una postura crítica hacia su ausencia, calificándola como una decisión “populista”, y afirmando que no se uniría “en condiciones donde la cifra ya está prácticamente decidida de antemano”.

La posición de Fenalco avivó el debate sobre cómo se generan consensos salariales y los métodos técnicos utilizados para definir el aumento final.

El salario mínimo actual para 2025 es de $1.423.500, más un subsidio de transporte de $200.000. Sin embargo, el empresario subrayó que el costo real de un trabajador formal incluye gastos adicionales, incluidos beneficios sociales, aportes al sistema de salud, pensiones, parafiscales, cesantías, intereses y vacaciones.

Según su análisis, esta suma puede sobrepasar los $2 millones al mes, un monto significativo para pequeñas empresas donde la contratación es uno de los costos más altos.

Datos proporcionados por Acuña revelan que las mipymes constituyen aproximadamente el 99,5 % del tejido empresarial y generan alrededor del 79-80 % del empleo formal. De su perspectiva, la informalidad sigue siendo una opción para muchos emprendimientos que ven la formalización como una carga pesada, especialmente cuando sus ingresos no cubren los compromisos fiscales.

El empresario manifestó que, en muchos casos, esta situación se ha vuelto parte de la cotidianidad para pequeños comerciantes y profesionales independientes.

Durante sus declaraciones, Acuña sugirió tres aspectos que deberían considerarse en la negociación. Primero, el efecto del aumento salarial varía entre grandes empresas y mipymes, lo que requiere un enfoque diferenciado. Segundo, propuso establecer mecanismos que faciliten la transición hacia la formalidad, con apoyos progresivos. Tercero, sugirió que el Estado debería promover herramientas para fortalecer las empresas, sin limitar a las mipymes a obligaciones fiscales.

En este sentido, enfatizó que “el Estado necesita más empresas formales para recaudar y garantizar derechos; la persona informal necesita subsistir hoy”.

Acuña también destacó que el país debe progresar hacia condiciones que permitan dignificar el trabajo mediante una transición responsable, subrayando que este objetivo necesita considerar la capacidad real de las pequeñas empresas.

Según sus propias palabras, “dignificar el trabajo implica entenderlo desde una transición responsable”, un enfoque que vincula con la estabilidad de aquellos negocios que crean una parte importante de los empleos en Colombia.

El análisis de Acuña se sitúa en un contexto donde las discusiones sobre el salario mínimo de 2026 continúan, mientras diversos actores económicos y sociales presentan sus perspectivas sobre el impacto de esta medida en las empresas y en los trabajadores del país.