Iglesia Católica se pronuncia por escalada de violencia en cinco regiones del país: “La guerra siempre traerá retraso”

La Iglesia Católica en Colombia expresó su preocupación ante el aumento de la violencia en al menos cinco regiones del país, una situación que, según advierte, está causando serias afectaciones humanitarias a la población civil.

En una entrevista con Caracol Noticias, se indicó que el recrudecimiento del conflicto armado ha dejado a comunidades sin acceso a alimentos, medicinas y servicios de salud esenciales, mientras los enfrentamientos entre grupos armados ilegales continúan.

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Durante su pronunciamiento, la Iglesia lanzó un llamado urgente a los grupos armados, especialmente al ELN, para que demuestren autenticidad en su deseo de paz, permitan la entrada de ayuda humanitaria y liberen a los policías secuestrados.

Desde Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la violencia, la Iglesia reafirmó su preocupación por el impacto del conflicto en las comunidades. A través del obispo de Ocaña, monseñor Orlando Olave, se envió un mensaje directo a los grupos armados ilegales pidiéndoles que pongan fin a la escalada de violencia y busquen avances concretos hacia la paz.

“Deben entender que esta guerra que están intensificando trae más retrocesos a la sociedad en su conjunto”, advirtió el obispo, señalando que la confrontación armada no solo causa víctimas inmediatas, sino que también agrava el abandono estatal y frena el desarrollo en regiones con alto potencial económico y social.

Monseñor Olave insistió en que nadie debe cansarse de buscar la paz, incluso en un contexto marcado por la persistencia del conflicto armado y la presencia de actores ilegales.

En su intervención, el obispo de Ocaña también hizo un llamado al Gobierno nacional, destacando que la respuesta del Estado no puede limitarse solo al despliegue de fuerzas en los territorios afectados por la violencia.

“El Estado debe estar presente, no solo con la fuerza pública”, afirmó.

Según explicó, regiones como la provincia de Ocaña requieren una inversión social sostenida, que se traduzca en carreteras, más escuelas y apoyo a los campesinos que trabajan legalmente en zonas históricamente afectadas por el conflicto.

“Se hablaba de treinta mil soldados, pero necesitamos cientos de kilómetros de carreteras, muchas más escuelas y apoyo para nuestros campesinos”, añadió, subrayando que el desarrollo integral es fundamental para combatir la violencia.

Durante el informe, Monseñor Juan Carlos Barreto advirtió sobre la complejidad de la situación humanitaria en varias áreas del país. Al menos cinco regiones están enfrentando serias dificultades para acceder a alimentos y medicinas, a causa de las restricciones impuestas por grupos armados ilegales.

Se reporta que en departamentos como Antioquia, Chocó, Catatumbo y Cauca, comunidades enteras están sufriendo de hambre y carecen de servicios médicos esenciales, debido a la restricción del ingreso de brigadas médicas, medicamentos y asistencia humanitaria.

“En Antioquia, Chocó, Catatumbo y Cauca hay situaciones donde la gente está padeciendo hambre y está privada de servicios médicos esenciales”, comentó.

Además, mencionó que los grupos armados frecuentemente impiden el ingreso de brigadas médicas y medicamentos, afectando gravemente a la población, especialmente a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

La Iglesia advirtió que las acciones de los grupos armados no solo provocan enfrentamientos, sino que también condenan a comunidades enteras al confinamiento, limitando su movilidad y acceso a bienes básicos. Esta situación, enfatizó, agrava la crisis humanitaria y vulnera los derechos fundamentales de la población civil.

Desde las regiones afectadas, la Iglesia instó a que la población no continúe siendo utilizada como un instrumento dentro del conflicto, y que el respeto por la vida debe ser un límite insuperable.

Barreto recordó que el mensaje del Papa es desescalar la producción de la guerra y avanzar hacia lo que él llama “la artesanía de la paz”, instando a los grupos armados a priorizar los intereses de la población por encima de sus propios intereses económicos o estratégicos.

Desde la Pastoral Social, se propuso, además, reconsiderar el rumbo del actual proceso de paz, con el fin de que los esfuerzos institucionales y los diálogos se traduzcan en resultados tangibles para la población civil, especialmente en las regiones más afectadas por la violencia.