Economia
Impuesto al Patrimonio: Debate en la Corte Constitucional se estanca por impedimentos
El proceso judicial sobre el impuesto al patrimonio en Colombia enfrenta incertidumbre luego de que seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional se declararan impedidos. Este hecho, ocurrido el lunes 27 de abril de 2026, paraliza el estudio de la constitucionalidad de la segunda emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional, que incluye este gravamen. El impuesto al patrimonio es una herramienta tributaria, reglamentada por el Decreto 173 de 2026, diseñada para financiar la atención a los damnificados por la crisis invernal en diversas regiones de Colombia.
La decisión de los seis magistrados de apartarse del proceso por posibles conflictos de interés ha dejado solo a Juan Carlos Cortés, Héctor Carvajal y Jorge Enrique Ibáñez Najar habilitados para el debate. La falta de quórum decisorio obliga a la Corte a convocar a seis conjueces que asumirán el estudio y la votación final sobre los decretos de emergencia. El Gobierno Nacional proyectó recaudar 8,3 billones de pesos a través de estas medidas, cruciales para la reconstrucción y la atención humanitaria en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
¿Qué implica el estancamiento del debate sobre el impuesto al patrimonio?
El estancamiento del debate sobre el impuesto al patrimonio significa una prolongación de la incertidumbre jurídica en torno a un tributo que ha generado fuerte oposición y apoyo. La imposibilidad de la Corte Constitucional de tomar una decisión expeditiva retrasa la implementación o la invalidación de una fuente de financiación vital para la emergencia invernal. Este escenario resalta la complejidad de la aplicación de medidas extraordinarias ante calamidades públicas y la importancia del análisis de constitucionalidad.
Entre los magistrados que manifestaron impedimento se encuentran:
Miguel Polo Rosero
Carlos Camargo
Natalia Ángel Cabo
Vladimir Fernández
Lina María Escobar
Paola Meneses
Lina María Escobar, por ejemplo, argumentó que su vínculo como profesora de la Universidad Javeriana, una institución afectada por el tributo, configuraba una situación que ameritaba su apartamiento. Aunque el impuesto al patrimonio no la afecta directamente, sí tiene repercusiones en el alma máter donde ejerce su labor.
Argumentos sobre el impuesto al patrimonio
La implementación del impuesto al patrimonio ha suscitado diversas posturas. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, ha advertido que mantener el tributo para las personas jurídicas podría llevar a la quiebra a miles de empresas, impactando negativamente a un sector que genera más de tres millones de empleos formales. Según sus declaraciones, esta medida desincentiva la inversión y ejerce una presión excesiva sobre las finanzas corporativas sin garantizar un recaudo eficiente, de acuerdo con un análisis publicado por El Tiempo.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo argumenta que los fenómenos hidrometeorológicos atípicos y las vulnerabilidades estructurales en los departamentos afectados constituyen una grave calamidad pública que justifica la emergencia económica. La entidad sostiene que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes. Además, señala que el régimen ordinario no faculta al Ejecutivo para crear nuevos tributos, lo cual subraya la necesidad de las facultades especiales otorgadas por los decretos de emergencia para financiar la reconstrucción y la atención humanitaria.
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