Procuraduría defiende impuesto al patrimonio ante la Corte Constitucional

La Procuraduría defiende el impuesto al patrimonio como una medida viable para financiar el sistema de salud colombiano. El documento enviado al tribunal constitucional sostiene que el tributo es progresivo y se centra en contribuyentes con mayor capacidad económica, específicamente aquellos con cuarenta mil unidades de valor tributario (UVT) en adelante, es decir, con patrimonio mínimo de 2,09 mil millones de pesos.

¿Por qué la Procuraduría defiende el impuesto al patrimonio?

El procurador Eljach argumenta que el impuesto al patrimonio no viola la Constitución porque contribuye al financiamiento de gastos e inversiones del Estado y se dirige a personas con mayor capacidad de pago. Aunque considera inconstitucional la declaratoria de emergencia económica del 2 de marzo, la Procuraduría considera que las medidas tributarias derivadas sí se ajustan a la Carta Magna.

El Decreto 1474 de 2025 estableció varias tarifas transitorias, incluyendo un IVA del 19% para bebidas alcohólicas, impuesto al consumo de cigarrillos e impuesto al patrimonio para personas naturales y jurídicas. Según reportes de prensa especializada, estas medidas buscan recaudar billones de pesos para el presupuesto nacional.

Crisis de salud justifica la medida tributaria

La Procuraduría y la Defensoría coinciden en que la recaudación es fundamental para solucionar la crisis en el sistema de salud. En 2025, la Adres destinó 88,4 billones de pesos a la unidad de pago por capitación (UPC), pero las EPS reportaron una siniestralidad de 109,5%, generando un déficit presupuestal de aproximadamente 5,95 billones de pesos.

El procurador Eljach calificó como “urgente y necesario” que el Estado cumpla con garantizar el derecho a la salud. La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional abrió en 2024 un incidente de desacato por la insuficiencia en la UPC, reconociendo el colapso estructural del sistema.

Para 2026, la Adres proyecta girar 101 billones de pesos a la UPC, aunque analistas advierten que esto corrige solo parcialmente el problema. La Defensoría del Pueblo ha documentado que subsisten déficits estructurales acumulados que afectan gravemente la prestación de servicios sanitarios.

La decisión de la Corte Constitucional determinará si el impuesto al patrimonio se mantiene vigente y continúa financiando la salud colombiana, o si es declarado inexequible. Mientras tanto, el Gobierno continúa administrando ocho EPS bajo intervención de la Superintendencia de Salud.

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