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Luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto con el que el Gobierno fijó el salario mínimo para 2026, con un incremento del 23 por ciento, distintos expertos señalaron las implicaciones de la decisión sobre el país y los trabajadores.
Las posiciones hacen énfasis en más incertidumbre sobre la economía colombiana, en efectos en la inflación y en la contratación formal. Asimismo los expertos hicieron propuestas para el decreto que debe presentar el Gobierno en ocho días y que debe cumplir con los parámetros establecidos por la ley.
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Incertidumbre
De acuerdo con Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, la decisión del Consejo de Estado se da por dudas jurídicas sobre la fundamentación del decreto frente a los criterios de la Ley 278 (inflación, productividad).
“Sin embargo, difirió los efectos de la suspensión: en la práctica, el salario mínimo vigente sigue siendo el decretado mientras el Gobierno expide en máximo 8 días un nuevo decreto transitorio debidamente motivado, que regirá hasta la sentencia de fondo”, detalló.
Para Mejía, desde una perspectiva macroeconómica, el fallo no altera de inmediato el choque de costos asociado al aumento del salario mínimo, pero introduce un elemento adicional de incertidumbre que permanecerá hasta que el Consejo de Estado dicte sentencia.
Desde la Asociación Colombiana de las micro, pequeñas y medianas Empresas (Acopi) manifestaron su preocupación.
“La economía real no puede operar en un limbo jurídico”, señaló el gremio, al advertir que esta falta de claridad puede trasladarse tanto a la gestión empresarial como a “la garantía del ingreso de los trabajadores”, dijo la asociación.
La directora ejecutiva de Acopi Bogotá – Cundinamarca, María Alejandra Osorio, señaló que la decisión al ser adoptada en vísperas de la liquidación de la quincena, está generando incertidumbre en empresas y trabajadores.
La directiva argumentó que la incertidumbre no solamente golpea al aparato productivo, sino también al trabajador, que hoy no tiene claridad sobre sus ingresos, y apuntó que “Colombia necesita reglas claras, concertación real y estabilidad para proteger el empleo formal y la sostenibilidad empresarial”.
César Pabón, director de Investigaciones de Corficolombiana, señaló en ese mismo sentido que la decisión produce una gran incertidumbre en el panorama económico.
“Solamente ayer estábamos hablando de una emergencia económica que va a imponer un impuesto al patrimonio a las empresas y además una inversión forzosa, y hoy estamos hablando de un cambio en el salario mínimo establecido el cierre del año pasado. Hay una gran incertidumbre, no sabemos que irá a pasar, eso sin duda afecta la confianza, son mensajes difusos que van cambiando por estas medidas desproporcionales del Gobierno”, destacó.
Pabón enfatizó en que innegablemente va a ser difícil revertir esta medida en la práctica por los impactos que pueda tener en la mayoría, por no decir casi que la totalidad de empresas.
Gustavo Petro y Antonio Sanguino Foto:Presidencia
Inflación
“Esto puede traducirse en menores incentivos a la contratación formal y una mayor dispersión en las expectativas de inflación“, detalló Mejía.
En ese mismo sentido Pabón señaló que le cuesta creer que se puedan reversar estas decisiones y su impacto, “pero en el caso que llegue a materializarse un ajuste, lo cual sería algo positivo, se podría ver si afecta no solamente el año 2026 sino en el 2027; porque también la decisión de este año va a repercutir sin lugar a dudas en los ajustes que se hagan en los próximos años. Si se llega a tomar la decisión de bajar el incremento habrá un impacto en inflación y en las tasas de interés“, destacó Pabón.
El Consejo Gremial Nacional compartió esa posición del experto añadiendo que la fijación del salario mínimo es una determinación de alto impacto económico y social, con efectos en el empleo formal, la inflación, la sostenibilidad empresarial, el gasto público y el poder adquisitivo de los hogares. Por ello, insistió en que cualquier incremento salarial debe adoptarse con rigor técnico.
Esa misma visión es compartida por los industriales que apuntaron que en este momento “el país se tiene que volcar a tratar de contrarrestar los inmensos efectos que sobre inflación y empleo que se han generado junto a jurisprudencia alrededor del tema, que permita evitar que actuaciones irregulares como esta, se repitan en el futuro”, destacó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
Mauricio Cardenas, exministro de Hacienda. Foto:Sergio Cárdenas. EL TIEMPO
Contratación
El candidato presidencial y exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que se debe proteger a los empresarios y empleadores para que puedan asumir este ajuste.
“Eso significa bajarles la carga tributaria, reducir impuestos y aliviar costos para que ese salario se pueda pagar. No a la suspensión del aumento; sí al pago del incremento salarial, pero generando las condiciones para que los empleadores puedan cumplir”, enfatizó.
Cárdenas también propuso medidas para impulsar la formalización laboral, reduciendo los costos de contratación para que los trabajadores informales, cada vez más distantes del salario mínimo, puedan acceder a empleos formales.
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) respaldó la decisión y sostuvo que el decreto del Gobierno desconoció parámetros constitucionales y legales que deben regir la fijación del salario mínimo.
El gremio advirtió que, aunque el aumento del 23,7 por ciento puede resultar atractivo en cifras, no responde a la realidad económica del país, especialmente en un contexto donde más del 55 por ciento de los trabajadores se encuentra en la informalidad.
Para Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, la determinación constituye “un llamado claro al respeto por el Estado de Derecho y por los mecanismos institucionales de concertación laboral”.
Según Fenalco, el incremento no tuvo el sustento técnico suficiente en variables como inflación, productividad, capacidad de pago de las empresas e impacto sobre el empleo formal.
Para Mac Master, los industriales decidieron no demandar el decreto de salario mínimo por su impacto.
“Estamos convencidos de los complejos efectos económicos y sociales que genera la decisión tomada por el Gobierno que afectan a toda la población especialmente a los más vulnerables. Sin embargo, en muchos casos se trata de hechos cumplidos que debemos asumir como sociedad buscando minimizar las consecuencias negativas de los mismos”, explicó el directivo.
Según Mac Master, ya se han generado algunos derechos “que nosotros consideramos no se deben afectar. Y hay que ser cuidadosos con eso”.
Marchas en Bogotá de este miércoles, 11 de junio Foto:Daniel Fernando López /EL TIEMPO
Propuestas
Para la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture la medida cautelar puede convertirse en una oportunidad para reconstruir consensos de manera técnica y sostenible, garantizando al mismo tiempo la viabilidad empresarial y la generación de empleo.
“Abre espacio para retomar el diálogo y construir, con empresarios y trabajadores, un acuerdo sobre el salario mínimo que dé seguridad jurídica, proteja el ingreso y preserve el empleo formal”, indicó Lacouture.
El Consejo Gremial reiteró su compromiso con la protección de los trabajadores y con la mejora de su calidad de vida, al tiempo que pidió que las decisiones se tomen de manera equilibrada y dentro del marco institucional. También manifestó su disposición al diálogo técnico e institucional para construir consensos que fortalezcan la estabilidad económica y la confianza en el país.
De otro lado, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) rechazó la decisión del alto tribunal. “Consideramos que es un acto de injusticia social y de mezquindad empresarial, donde los más poderosos y ricos de Colombia, emparentados con sectores del Consejo de Estado, están atentando contra un acto de justicia social para millones de trabajadores“, explicó la Central.
Además pidieron al presidente Gustavo Petro que, “en un acto de movilización nacional, expida un nuevo decreto en las mismas condiciones en que fue suspendido por el Consejo de Estado. El Presidente de la República tiene la facultad discrecional y constitucional para hacerlo”, detalló la organización.
Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT, apuntó que los trabajadores de Colombia “no pueden perder ese derecho constitucional y legal que tiene el Gobierno para redimir y hacer justicia social en Colombia con un salario mínimo de 2 millones de pesos para el año 2026“.
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