El gobierno de Abelardo de la Espriella estudia una reforma profunda al sistema penitenciario colombiano: trasladar el Inpec del Ministerio de Justicia al Ministerio de Defensa, construir diez megacárceles en zonas remotas y crear un buque-cárcel para los reclusos más peligrosos del país. Las propuestas fueron reveladas por el ministro de Justicia Iván Cancino en una entrevista publicada por la revista Semana el domingo 20 de septiembre.
Cancino presentó el conjunto de medidas como alternativas en discusión dentro del gobierno, no como decisiones definitivas. El punto de partida del debate es la naturaleza del Inpec: “El problema nunca ha sido de las instituciones, ha sido de las personas. Pero sí hay que dar un debate muy fuerte, y es que no se le olvide que el Inpec es una fuerza armada y las fuerzas armadas deben estar bajo el mando del Ministerio de Defensa”, afirmó el ministro.
El argumento para trasladar el Inpec
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) es actualmente una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. Trasladarlo al Ministerio de Defensa representaría el mayor cambio institucional del sistema penitenciario colombiano en décadas.
Cancino subrayó que el gobierno no tiene una postura de estigmatización hacia los funcionarios del Inpec: “Los han amenazado, los han matado y han tenido y contarán con todo mi respaldo”, dijo, y agregó que dentro de la entidad hay funcionarios “muy profesionales” que serían tenidos en cuenta en cualquier restructuración.
Diez megacárceles y un buque-cárcel
Paralelamente al debate sobre la cartera a la que pertenece el Inpec, el gobierno trabaja en proyectos de infraestructura carcelaria. Cancino habló de diez megacárceles y pabellones de alta seguridad destinados a los criminales considerados más peligrosos. Estarían ubicadas en zonas alejadas de la población civil y con posible participación del sector privado en su construcción.
La propuesta más llamativa —y polémica— es la de un buque-cárcel. Cancino explicó que estaría destinado a un grupo específico: “Por supuesto, los peores y los que delinquen”, respondió al ser preguntado sobre quiénes serían sus ocupantes. El ministro aclaró que se trataría de personas que “continúen generando delincuencia, zozobra u ordenando homicidios” desde sus celdas.
La idea no es completamente nueva: buques-cárcel funcionaron en el siglo XVIII y XIX en varios países. En el contexto latinoamericano reciente, la discusión cobró fuerza tras las megacárceles construidas en El Salvador bajo el gobierno Bukele, que el gobierno De la Espriella ha citado como referencia de seguridad.
Un sistema penitenciario en crisis
Las propuestas llegan en un momento de tensión para el sistema carcelario colombiano. El hacinamiento supera el 30% en varios establecimientos, la violencia intracarcelaria persiste y los grupos criminales han demostrado capacidad para seguir operando desde las cárceles. El gobierno anterior de Gustavo Petro no avanzó en una reforma estructural del sector.
Cancino no dio fechas ni plazos para ninguna de las iniciativas mencionadas. El Congreso tendría que pronunciarse sobre el traslado del Inpec y la financiación de la infraestructura carcelaria nueva, lo que convierte estas propuestas en el inicio de un debate legislativo que puede durar meses.
